El Gobierno Vasco presenta el informe sobre el impacto de la amenaza de ETA sobre el colectivo de ertzainas y sus familiares entre 1990 y 2011

De los 15 agentes asesinados por ETA, 11 lo fueron en el periodo de 1990-2011

Se registraron más de 1.300 acciones de violencia callejera contra el cuerpo policial destacando por su intensidad los años 1995-1997, 2001 y 2008

El hostigamiento provocó un sufrimiento a este colectivo que se extendió a las familias de los Ertzainas, en ocasiones con graves impactos laborales, sociales o de la salud

El Gobierno Vasco ha presentado un informe que refleja el sufrimiento injusto que padeció el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA entre 1990 y 2011. Un documento que constituye una pieza más dentro del proceso de clarificación del pasado y que se orienta a promover una convivencia basada en una memoria crítica del pasado. De las 15 personas asesinadas por ETA, 11 lo fueron en el periodo estudiado en el informe y en el mismo periodo la Ertzaintza fue objeto de más de 1.300 acciones de violencia callejera. El documento recoge estos datos cuantitativos así como testimonios de varias personas que relatan el sufrimiento padecido a raíz del hostigamiento y las amenazas padecidas.

La Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco encargó en la primavera de 2015 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto la elaboración de este informe con el fin de analizar la amenaza que ETA ejerció sobre el cuerpo de la Ertzaintza y el impacto en sus familias.

El contenido del mismo ha sido analizado en un encuentro celebrado esta mañana en Bilbao entre la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; el Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernandez; la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; así como sus redactores (José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz Vieytez y Gorka Urrutia) y Txema Lanzagorta, representante de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo ASERFAVITE. Tras la reunión, el informe ha sido presentado a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Objetivos

El estudio ofrece una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a agentes de la Ertzaintza y a sus familias. Se trata de la segunda parte del informe presentado a principios de abril sobre las personas amenazadas por ETA durante el mismo periodo.

Estos documentos que vienen promoviendo la Secretaría General para la Paz y la Convivencia están vinculados al compromiso con el derecho a la verdad. En este sentido, la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha destacado la importancia de contar por primera vez con un informe de estas características que, además de los atentados con víctimas mortales, “visibiliza con datos y testimonios en primera persona el sufrimiento padecido durante tanto tiempo por la Ertzaintza y su entorno familiar”. Hoy mismo hará llegar a cada ertzaina  un ejemplar de este estudio.

Por su parte, el Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, ha afirmado que el impulso de este estudio también está ligado a la empatía colectiva con cada familia y al compromiso con el derecho al reconocimiento. “Con este estudio queremos que los ertzainas y sus familias sepan que conocemos el sufrimiento que padecieron, que reconocemos su injusticia, y que este reconocimiento forma parte ya, mediante este informe, de la construcción de la memoria”, ha apuntado.

Análisis cuantitativo: datos

La amenaza de ETA se extendió sobre la totalidad del cuerpo de la Ertzaintza. La propia banda terrorista se encargó de reiterarlo mediante sucesivos comunicados y atentados. De los 27 atentados directos cometidos por ETA contra la Ertzaintza, con el resultado total de 15 personas asesinadas, 23 lo fueron en el periodo analizado por el informe, con el resultado de 11 asesinatos.

Más allá de la amenaza global a todo el colectivo el estudio refleja 3 niveles de amenaza específica sobre 48 agentes del colectivo en función de la cantidad y la calidad de la información incautada a ETA.

Además de la información sobre atentados directos, el informe recoge las acciones de violencia callejera, 1.335,  contra la Ertzaintza y sus familiares, en las que se destacan  los periodos de 1995 a 1997 y los años 2001 y 2008. 

Con el fin de incrementar la seguridad entre el personal de la Ertzaintza, se intensificaron medidas específicas como cambios en el número profesional (650) y rematriculaciones (3.106) y se adoptaron medidas más estrictas de autoprotección recogidas en la Instrucción nº 53 vigente desde 2001.

Análisis cualitativo

El equipo redactor del informe ha llevado a cabo 15 entrevistas con un cuestionario estructurado con el fin de ahondar en la experiencia vivida y delimitar las vulneraciones de derechos humanos padecidas. En el informe queda plasmado que la amenaza sobre agentes de la Ertzaintza era diaria y sostenida durante años por el mero hecho de formar parte del cuerpo policial. El hostigamiento y la amenaza provocaron un sufrimiento injusto e intenso que se extendió a las familias de los Ertzainas y a su vida diaria con un alto grado de alteración de la normalidad y en muchos casos con graves consecuencias en el entorno familiar, laboral, social y en el de la salud.

La amenaza fue constante a través de pintadas, miradas, insultos que incluso iban destinadas a sus hijos e hijas. Algunas de las personas entrevistadas relatan que tuvieron que dejar su domicilio con consecuencias como la pérdida de empleo de la pareja o la nueva escolarización de sus hijos e hijas. Renunciar a hacer visible la condición profesional fue una medida para reforzar su ámbito de seguridad pero también para alejar de los círculos sociales y de sus amistades a agentes de la Ertzaintza.

Conclusiones y recomendaciones 

Este estudio es una pieza más en el camino fijado por Naciones Unidas en materia de reparación de víctimas que responde a principios de verdad, justicia y reparación. En este sentido, el texto hace varias sugerencias con ese fin, como por ejemplo, difundir ante la opinión pública el sufrimiento injusto padecido y la vulneración de derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral o el derecho a la libertad de circulación o residencia. Así como evitar la relativización de las agresiones y coacciones, promover el reconocimiento público de las personas estigmatizada y recoger testimonios de estas víctimas, entre otras.