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El Gobierno recurre al TC la reforma que permite sancionar a quienes incumplan sus sentencias e intervenir en las autonomías sin garantías. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 29-12-2015)

29 de diciembre de 2015

 

Acuerdo por el que se autoriza la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

RESUMEN

El Gobierno vasco considera ilegítimo, inadmisible y desproporcionado que el Gobierno español cambie las atribuciones del TC hasta el punto de situarlo por encima del resto de órganos constitucionales, y que se faculte a sí mismo para intervenir en las autonomías al margen de las garantías que establece el 155 de la Constitución Española.
Advierte de que la reforma modifica el sistema político, el equilibrio territorial, rompe el consenso constitucional de 1978 y crea una crisis sin precedentes al margen de los valores constitucionales.
Alerta del creciente desprestigio que supone la constante politización del TC a favor de un modelo de Estado que excluye otros modelos de convivencia que defienden el pluralismo político.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de recurso de inconstitucionalidad por la "injerencia ilegítima, indebida, innecesaria y desproporcionada" de la Ley 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del estado de derecho.

El Gobierno vasco denuncia que el español le ha otorgado a este tribunal un poder de tal magnitud que lo sitúa por encima del resto de órganos constitucionales, algo que va en contra del "consenso constitucional de 1978" y que "generaría una crisis sin precedentes al margen de los valores constitucionales". Cambia absolutamente la configuración de las funciones que la propia Constitución española otorgó al tribunal, lo desnaturaliza y lo hace modificando "de manera sustancial el sistema político" y afectando "al equilibrio entre poderes territoriales".

En concreto, se recurren el apartado 3 del artículo único, las letras b y c del apartado 4 y el apartado 5 del artículo 92 porque, entre otras cuestiones, el Gobierno vasco cree que:

Es inconstitucional la capacidad ejecutoria que el Gobierno español le da a este tribunal para multar, suspender o exigir responsabilidades penales a las autoridades y/o personal público que incumpla sus sentencias. Además es inadmisible el carácter la imprecisión e indefinición del carácter sancionador de la norma ya que articula mecanismos sancionadores pero no identifica el ámbito de lo prohibido ni sus consecuencias.
Vulnera la legalidad vigente en materia de aforamientos.
Obvia e el principio de autonomía política de las comunidades autónomas y las garantías previstas en el artículo 155 de la Constitución Española (*) al facultar al Gobierno español a que intervenga, "de manera directa y unilateral", sobre las Comunidades Autónomas.

El Gobierno vasco considera que las sentencias del TC culminan con la propia declaración de inconstitucionalidad "sin que su ejecución pueda imponerse", y menos aún "de manera coactiva y unilateral". En todo caso, deben ejecutarse "a través del continuo diálogo democrático entre las instituciones, sin que pueda imponerse un poder público por encima de otro".

En este sentido, el Gobierno vasco advierte del "creciente deterioro" que padece el Tribunal Constitucional por su constante politización a favor de un modelo de Estado que excluye otros modelos de convivencia basados en el propio pluralismo que promulga la Constitución entre sus valores fundamentales.

Finalmente, y además del fondo de la reforma, el Gobierno vasco critica las formas en las que el Gobierno español la ha llevado a cabo: a través del procedimiento de urgencia, tramitación directa y lectura única, lo que limita la capacidad de enmienda y debate entre los Grupos Parlamentarios.

Artículo 155 de la CE: 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

 

 

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