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Cuarto acuerdo regulador de la equiparación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la CAE

31 de agosto de 2010

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el cuarto acuerdo regulador de la equiparación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi con el personal funcionario de la Administración General Vasca y de implantación de la Oficina Judicial y Fiscal.

El acuerdo es fruto de un año de diálogo y negociación permanente con los representantes de los trabajadores que culminó en mayo pasado con la firma del convenio entre el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco y las organizaciones sindicales CC.OO, ELA, CSI/CSIF, LAB y UGT.

Se trata de un acuerdo vinculado a un proyecto. Y ese proyecto no es otro que el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en sus aspectos organizativos como de gestión de personal.

Con el despliegue de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal la organización judicial ganará en racionalidad y eficiencia. Los actuales juzgados y tribunales se reorganizarán en torno a dos elementos: las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a jueces y magistrados y los segundos asumirán labores centralizadas de gestión y apoyo, atendiendo al conjunto de operadores jurídicos.

En los próximos tres años Euskadi va a proceder a la implantación integral de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, empezando por los partidos judiciales más simples y terminando en los más complejos, primero en Vitoria (2011), después en Donostia y Barakaldo (2012) y a partir de enero de 2013 en Bilbao.

Con este acuerdo, el Gobierno Vasco hace una apuesta definitiva por la modernización de la administración de Justicia en Euskadi, por la agilidad en la prestación del servicio, por una justicia más cercana a las necesidades de la ciudadanía... En definitiva, por la Justicia entendida como un servicio público de calidad.

El acuerdo responde también a un compromiso del Gobierno Vasco con la difícil situación económica que atravesamos. Una situación que nos obliga, por un lado, a gestionar debidamente los recursos humanos y materiales que tenemos; y, por otro, exige dar una respuesta rápida a la ciudadanía o a las empresas con importantes intereses en juego en los tribunales de Justicia. El acuerdo va a permitir erradicar inercias históricas. Se adaptarán y reorganizarán las funciones y tareas del personal de Justicia, se ampliarán los horarios de atención, se posibilitará un conocimiento mejor y más directo de la marcha de los asuntos y los procedimientos y se acelerarán los trámites. En definitiva, una justicia más accesible y rápida.

Es además un acuerdo de largo alcance, a tres años. Un acuerdo que va a aportar la estabilidad necesaria para afrontar con garantías el compromiso de transformación del servicio público de la administración de Justicia que tenemos por delante. Así, de forma progresiva a lo largo del periodo de vigencia del acuerdo (2010-2013), se va a culminar el proceso de homologación del personal funcionario de la Administración de Justicia con el de la Administración General Vasca. De este modo, el acuerdo da cumplimiento a una reivindicación histórica de los funcionarios de Justicia en Euskadi, al tiempo que repara y compensa un desequilibrio prolongado en el tiempo sin razón ni justificación alguna.

Actualmente, los funcionarios de Justicia perciben unos salarios dos o tres niveles por debajo de lo que corresponde a su titulación, en comparación con los del personal de Lakua. La variación porcentual del incremento salarial al final de los cuatro años se sitúa en una media del 11%, resultando la más importante la del cuerpo de gestores procesales, que asume nuevas funciones y tareas.

El acuerdo no se agota en una equiparación retributiva, sino en una efectiva homologación en las condiciones de trabajo (calendario, horarios, jornadas) con el resto de los trabajadores de la función pública vasca. El Gobierno Vasco cumple con este acuerdo una promesa electoral y lleva puntualmente adelante una de las actuaciones significativas aprobadas en su calendario de planes y actuaciones.

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