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Lo importante del debate fiscal. Artículo de Opinión

24 de julio de 2010

En el Gobierno vasco somos respetuosos con las competencias de los Territorios Históricos en materia fiscal, y siempre hemos mostrado un respeto escrupuloso del actual ordenamiento jurídico, al igual que entiendo que las diputaciones forales observan el mismo criterio. Dentro del contexto de colaboración interinstitucional, lo que el Gobierno vasco ha propuesto a las diputaciones en materia de lucha contra el fraude ha sido, textualmente, lo siguiente:

 «La toma de conciencia compartida por todos sobre las consecuencias que estas prácticas fraudulentas suponen para la cohesión social y para las propias arcas públicas motiva la necesidad de impulsar y redoblar los esfuerzos de todas las instituciones implicadas. Se propone, por tanto, alcanzar un compromiso público compartido que se materialice en un mensaje conjunto y en un programa de colaboración interinstitucional en la lucha contra el fraude, que permita presentar periódicamente los medios y las medidas puestas en marcha y, también, su eficacia, tanto en el apartado del fraude fiscal, donde el control corresponde a las diputaciones forales a través de sus servicios de inspección, como del control de los programas de gasto en los que es competente el Gobierno vasco. No se trata, en consecuencia, de encajar una superestructura de control sobre los propios servicios de inspección de cada institución o de su evaluación, sino de dar la suficiente relevancia y divulgación a una función en la que la coordinación y la colaboración permitirán sinergias en beneficio de todos, ciudadanos e instituciones».

Dentro de este planteamiento, una de las medidas es la interconexión informática entre las haciendas como instrumento para avanzar en un mejor conocimiento de la realidad de los contribuyentes. Una iniciativa desde todo punto de vista lógica, y que estimo debería haberse implantado hace ya tiempo. La propuesta global del Gobierno vasco en el campo de la política fiscal y tributaria recoge además un esquema mucho más amplio, que poco tiene que ver con algunos detalles que han trascendido a la opinión pública estos últimos días, que nunca han estado en la propuesta del Gobierno y que distorsionan el objetivo de la iniciativa anunciada por el lehendakari en el Parlamento vasco el pasado 27 de mayo. En su intervención, el lehendakari propuso «una reflexión serena y profunda sobre nuestro sistema fiscal en relación con la situación económica actual, al objeto de señalar aquellos ámbitos de análisis y trabajo que nos permitan avanzar en el mejor conocimiento del funcionamiento y aplicación de nuestros tributos, así como en la corrección de las deficiencias que se detecten y en la redefinición, si resultara conveniente, de aquellos tratamientos que se consideren inapropiados».

Es ahí donde el Gobierno vasco quiere situar el debate fiscal. Un debate en el que, independientemente de las competencias de cada institución, pensamos que tenemos algo que decir y mucho que aportar. Mucho que decir porque, no lo olvidemos, el 70% de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto de los presupuestos de gasto, son del Gobierno vasco. El otro 30% se reparte entre diputaciones y ayuntamientos. Y dentro de un modelo asimétrico en el que el Gobierno vasco, siendo el responsable de 70% del gasto del sector público, no tiene capacidad directa sobre el ingreso. En consecuencia, de lo que ocurra con los ingresos tributarios dependerán las políticas de gasto, entre ellas las de Sanidad y Educación. En otras palabras, las decisiones en el ámbito tributario que implican una menor recaudación tienen una repercusión directa en las arcas del Gobierno vasco. De cada 100 euros que dejan de recaudar las diputaciones, 70 corresponden a las cuentas del Gobierno vasco. De ahí nuestra preocupación, porque bajadas en la recaudación del 16% como el año pasado repercuten automáticamente en la dotación de nuestros servicios públicos.

El Gobierno vasco es, de todas las administraciones autonómicas españolas, la que menor control y capacidad de gestión tiene sobre sus ingresos. Cualquier otra tiene una capacidad normativa y de gestión superior a la nuestra. En definitiva, para el Gobierno lo importante del debate es cómo recuperar el nivel de ingresos y mantener unos ratios razonables compatibles con el modelo de prestación de servicios que queremos salvaguardar, y qué medidas debemos adoptar para lograrlo, tanto en la parte de ingresos como en la de gastos. Ésta es la cuestión, y ninguna otra. El Gobierno vasco ha abierto el debate, que tiene además mucho de política económica y de modelo de país. Euskadi debe disponer de los recursos suficientes para que el Parlamento vasco pueda legislar el desarrollo de una sociedad más justa, moderna y sostenible, y para que el Gobierno vasco pueda articular sus políticas en este momento de cambio.

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