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El Gobierno Vasco avisa al Español de que su Ley de defensa de la calidad alimentaria animal invade las competencias exclusivas de Euskadi en materia agroalimentaria. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20-10-2015)

20 de octubre de 2015

 

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio para la Defensa Calidad Alimentaria.

RESUMEN

Propondrá abrir un plazo de negociación bilateral de 6 meses antes de interponer el recurso en el TC.
El Gobierno español pretende establecer, con carácter básico, un régimen sancionador exhaustivo, excesivo y uniforme, así como un sistema centralizado de información, que vacía y anula la competencia exclusiva de Euskadi en materia agroalimentaria.
El Gobierno vasco recuerda que Euskadi cuenta con su propia legislación en la materia: la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, por considerar que vulneran las competencias de Euskadi en materia agroalimentaria, recogidas en el artículo 10 del Estatuto de Gernika. El Gobierno vasco propondrá al español abrir el plazo de seis meses de negociación bilateral establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC. Tras este plazo, si no se subsanan las diferencias, el Gobierno vasco recurrirá los artículos 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26, así como la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria Única.

El Gobierno vasco denuncia que el español se vuelve a extralimitar extendiendo su legislación sin límite alguno en una materia, la agroalimentaria, en la que Euskadi tiene competencia exclusiva reconocida en el Estatuto de Gernika, además de una normativa propia en este sector: la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, que incluye un régimen sancionador propio.

Así, la ley española, bajo el pretexto de "planificación general de la actividad económica" y "principio de garantía de la unidad de mercado", crea un régimen sancionador en materia de calidad alimentaria animal que es exhaustivo, excesivo y uniforme. Un sistema de control y sanción que vacía y anula, de manera casi absoluta, la competencia exclusiva que Euskadi, relegándola a una mera ejecutora de la legislación que dicte el Estado.

Además, el legislador estatal establece un sistema de información sobre los controles de los piensos y alimentos animales que es totalmente centralizado y que no respeta las competencias autonómicas en la materia. Supone, además, una posible duplicidad, ya que esta información sobre los resultados de las inspecciones, se reproduciría dos veces, en las administraciones autonómicas y en la Administración General del Estado.

Finalmente, el Gobierno vasco insiste en que el español se arroga competencias que no le corresponden, utilizando como excusa su capacidad de coordinar la planificación general de la actividad económica.

NEGOCIACIÓN BILATERAL

En estos momentos, la Comisión Bilateral Euskadi-Estado está negociando diferencias de índole constitucional por otras 5 leyes:

  • Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
  • Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
  • Ley vasca 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o "fracking".
  • Ley vasca, de 18 e junio, de Vivienda.
  • Ley vasca, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

Además del recurso anunciado hoy, el Gobierno Vasco ha recurrido al TC en esta legislatura 18 normas españolas de diferente rango:

  • Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.
  • Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
  • Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
  • Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)
  • Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga el programa de recalificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
  • Ley española de Presupuestos 2012.
  • Ley española de Presupuestos 2013
  • Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
  • Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero y Ley 11/2013, de 26 de Julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo.
  • Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo.
  • Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
  • Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social.
  • Real Decreto-Ley 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías para el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
  • Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
  • Real Decreto 1506/12, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.
  • Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
  • Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
  • Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

 

 

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