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Aprobado el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que persigue ordenar, regular y garantizar el servicio en Euskadi atendiendo a las necesidades y singularidades de cada territorio. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 27-07-2015)

27 de julio de 2015

Proyecto de Ley de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

RESUMEN

La norma otorga a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la formación básica de ingreso y la colaboración en el resto de actividades formativas

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Seguridad, ha aprobado el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, lo que en leguaje popular se conoce como servicios de bomberos, que hasta la fecha no han tenido una norma propia con rango de ley, si bien las especificidades de su régimen jurídico se contenían en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias. El proyecto de ley aprobado hoy persigue ordenar, regular y garantizar la prestación de estos servicios en Euskadi y prever mecanismos de coordinación y cooperación.

El proyecto de ley es fruto del consenso entre todas las administraciones implicadas para dotar a tal servicio público de una normativa propia con rango de ley que afronte un modelo que, sin perjuicio de la autonomía de las administraciones titulares de los servicios, garantice la prestación en todo el territorio, prevea mecanismos que posibiliten la actuación conjunta y coordinada de tales servicios entre sí y con otros servicios y contemple las singularidades del régimen aplicable a su personal sujetas a reserva de ley.

Y es que en la actualidad existen en Euskadi siete servicios de prevención y extinción de incendios (municipales, forales, consorciados) repartidos en 25 parques y atendidos por 1.162 profesionales, además de 33 voluntarios.

Con la nueva normativa se busca perfilar unas características básicas identificadoras del servicio que permitan que cada institución, de forma flexible, aborde desde sus propias competencias el modelo de sus servicios de prevención, extinción y salvamento conforme a sus necesidades.

El proyecto de ley , que se compone de un total de 33 artículos, divididos en cinco capítulos, una disposición adicional, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, atribuye a las Diputaciones Forales definir las áreas geográficas de prestación de los servicios atendiendo a los servicios existentes y garantiza la extensión de la cobertura de la prestación de dichos servicios a todo el ámbito del territorio histórico.

El documento aprobado en el Consejo de Gobierno otorga a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la formación básica de ingreso en las categorías de los servicios de prevención y la colaboración en le resto de actividades formativas. Para lo cual formalizará acuerdos con las instituciones implicadas que permitan la prestación mútua de medios materiales, económicos o personales.

A fin de impulsar la homogeneización de métodos de trabajo, se crea una Comisión de Coordinación de carácter consultivo y participativo, con presencia de todas las administraciónes implicadas.

El proyecto de ley defiende el carácter público de estos servicios, y por ello exige que su prestación se realice de forma pública y directa por las Administraciones, a través de funcionarios, excluyendo cualquier posibilidad de externalizar la gestión de tales servicios.

Respetando dichas coordenadas se permite que cada institución encuentre la fórmula que mejor se ajuste a las necesidades existentes, no descartándose la implementación de mecanismos o acuerdos de cooperación entre administraciones o cuerpos de bomberos para la actuación fuera del ámbito propio cuando resultase más eficiente.

Agentes de autoridad

Otro de los aspectos que aborda la nueva norma es que el personal de los servicios se integra en una única escala y línea jerárquica dividida en diferentes categorías, que se regirá por el régimen estaturario previsto en esta ley, además del común del resto de los funcionarios, y que tendrá carácter de agentes de la autoridad cuando estén de servicio o cuando, estándo libres del mismo, intervengan en cualquier tipo de siniestro o situación de riesgo inminente siempre que acediten previamente su condición.

El proyecto de ley contempla el procedimiento para adecuar e integrar las plantillas existentes en las nuevas categorías profesionales.

Además de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el proyecto de ley contempla la regulación de otras figuras ya existentes que guardan relación con aquellos para incidir en sus necesidades formativas.

Por una parte, se dedica el capítulo IV a la cooperación con los servicios públicos de agrupaciones de bomberos y bomberas voluntarios promovidos por los municipios u otras entidades locales supramunicipales no obligadas a crear un servicio de bomberos. Tal cooperación se debe plasmar en un convenio o acuerdo que debe plasmar los compromisos de movilización, que se ciñen a servir de refuerzo o suplencia subsidiaria hasta la llegada de los profesionales, poniéndose a disposición del mando profesional a su llegada. Estos voluntarios deberán pasar por una formación organizada por la Academia Vasca de Policía y Emergencias y pruebas físicas.

También se aborda la formación y deberes de los bomberos y bomberas de empresa, que son el personal contratado por empresas para realizar labores de autoprotección y extinción de incendios en el interior de sus establecimientos. El proyecto de ley contempla el deber de estos bomberos de empresa de colaborar con el personal de los servicios públicos de bomberos y la exigencia de que dispongan de una formación básica establecida por la Academia de Arkaute.

La ley termina con una serie de disposiciones transitorias que comprenden el plazo de adaptación de los reglamentos internos de los servicios y los mecanismos para la adecuación dea la nueva estructura profesional. De igual manera, recoge el modo de acreditación como bombero o bombera de empresa o bombero o bombera voluntario de quienes vinieran ejerciendo tales funciones antes de la entrada en vigor de la norma.

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