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Oregi: “la ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo posibilita un uso sostenible y preserva su capacidad para los servicios ecológicos, económicos y sociales”

25 de junio de 2015
  • Simplifica y reduce las cargas administrativas y mantiene estrictos estándares de calidad del suelo
  • El texto establece, con el principio de precaución para emplazamientos que han soportado actividades de deposición de residuos, limitaciones para el uso de vivienda.
  • Se estima que la norma supondrá un ahorro anual para los agentes públicos y privados cercano a los 4.000.000 euros, como consecuencia de la nueva regulación de los procedimientos en materia de calidad del suelo
  • Dos novedades en la nueva regulación: se clasifican las actividades potencialmente contaminantes y se agiliza la intervención administrativa con un procedimiento de declaración de la calidad del suelo que valida su adecuación al uso propuesto
  • En diez años se han investigado más de dos mil emplazamientos

VG 25 06 15

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, considera que la ley de Prevención y corrección de la contaminación del Suelo, aprobada hoy por el Parlamento Vasco,  “sitúa a Euskadi a la cabeza de los países con políticas más avanzadas en el diseño de acciones para limitar al máximo los impactos derivados sobre un recurso natural escaso, frágil y no renovable pero esencial para el ser humano“.

 

Tras agradecer el trabajo para la redacción de la ley realizado por el personal  técnico del Gobierno Vasco, agentes sociales y económicos y las aportaciones de las fuerzas políticas, Oregi ha recordado “que la nueva disposición tiene su antecedente en la Ley de 2005 que marcó el punto de inflexión a partir del cual se intensificaron las actuaciones de investigación y recuperación de la calidad del suelo en esta Comunidad Autónoma a un ritmo que se mantiene en la actualidad al alza superando la cifra de 2.000 emplazamientos investigados”.

           

“La nueva ley conjuga los aspectos técnicos y jurídicos y tiene por objeto la protección  y la prevención de la contaminación del suelo bajo la premisa fundamental de simplificar y reducir las cargas administrativas manteniendo, a su vez, los estrictos estándares de calidad del suelo específicos de esta Comunidad Autónoma” explica la Sailburu Oregi.

 

La reducción de la intervención administrativa se ha articulado a través de instrumentos diseñados de acuerdo con la clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo en función de su capacidad de contaminación, permitiendo graduar las obligaciones relativas al conocimiento y control de la calidad del suelo.

 

A juicio de Oregi, “la ley delimita aquellos supuestos en los que no será necesario dar inicio a ninguno de los procedimientos regulados en la norma, lo que no será óbice para llevar un control administrativo que permitirá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma conocer el alcance de las actuaciones y comprobar la adecuación de las mismas a los objetivos en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo”.

 

Simplificación

“La reducción de la intervención administrativa satisface el interés general de la protección del medio ambiente y la salud de la ciudadanía de nuestro país garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia en la actuación de los poderes públicos, elementos estos esenciales de lo que debe ser una buena administración” ha detallado Ana Oregi en la Cámara Vasca.

 

La ley articula el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes y el Registro administrativo de la calidad del suelo. Junto a ellos, las previsiones relativas a la preceptiva información que deberá constar en los Registros de la propiedad permitirán una mayor seguridad jurídica en materia de calidad del suelo a la vez que garantizarán la efectividad del derecho a la información sobre ella.

 

La participación pública es también otra de las premisas de las que parte la ley ya que mediante “una fluida interrelación público-privada será posible avanzar en un mayor conocimiento de la calidad del suelo que impulse la responsabilidad compartida de la ciudadanía de modo que ésta  se convierta en un agente activo que se involucre en la prevención de la contaminación del suelo y en la recuperación de su calidad”.

 

La nueva ley obliga a las personas poseedoras y propietarias de suelos a informar de forma inmediata al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos correspondientes de las afecciones por la presencia de sustancias contaminantes en dichos suelos a fin de que se establezcan las medidas a adoptar y las personas obligadas a ejecutarlas.           

 

Los municipios deben afianzarse como una fuerza motriz de primer orden en aras a la implantación de la política de calidad del suelo. Por esta razón las entidades locales deben desarrollar -tanto en la prevención de la contaminación como en la reparación de los daños sobre el suelo- medidas preventivas específicas para las actividades susceptibles de contaminar el suelo y su participación en los procedimientos en materia de calidad del suelo.

 

Colaboración institucional

En consonancia con esta idea, un artículo impulsa la colaboración interinstitucional que permite a los ayuntamientos estar informados del inicio y de la finalización de los procedimientos en materia de calidad del suelo que afecten a sus términos municipales dado que solo habiéndose sustanciado los mismos podrán concederse, entre otras,  las preceptivas licencias municipales que habiliten para la implantación de instalaciones y el desarrollo de actividades. “Se pretende –matiza la Sailburu Oregi- compatibilizar, la prevención y corrección de la contaminación del suelo con la implantación de nuevos usos industriales y de servicios”.

 

Uno de los aspectos que regula la ley señala que en los emplazamientos en los que se ha desarrollado una actividad de deposición de residuos en los que sea preceptivo o se prevea su sellado, la resolución del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma aprobando la correcta ejecución del sellado y el inicio del periodo posclausura surtirá los efectos de la declaración de calidad del suelo, incluyendo la declaración relativa al uso compatible. El texto establece, en consonancia con el principio de precaución y para emplazamientos que han soportado actividades de deposición de residuos, limitaciones para el uso de vivienda.

 

Aguas

La ley contempla un mandato al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para que comunique a la administración hidráulica competente la existencia de evidencias o indicios de contaminación que puedan afectar a las aguas subterráneas, emplazamientos de interés hidrogeológico, al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

 

“Con el fin de lograr el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios se han modificado algunos planteamientos recogidos en el texto inicial del proyecto de ley introduciendo una nueva disposición adicional por la cual el Gobierno Vasco deberá aprobar una estrategia en relación con la degradación de los suelos como consecuencia de los diferentes factores que son susceptibles de provocarla toda vez que no es la contaminación el único fenómeno capaz de deteriorar la calidad del suelo sino que la erosión, la salinización o la pérdida de biodiversidad constituyen también serias amenazas que es necesario prevenir” especifica Ana Oregi. 

 

Oregi ha destacado “la positiva incidencia que, como consecuencia tanto desde la perspectiva de ahorro en términos económicos como de simplificación de la intervención administrativa, derivará de la Ley en la mejora de la competitividad de nuestros sectores industrial y de servicios ya que se estima que la entrada en vigor de norma supondrá un ahorro anual para los diferentes agentes públicos y privados afectados por las obligaciones de la norma cercano a los 4.000.000 euros, como consecuencia de la nueva regulación de los procedimientos en materia de calidad del suelo prevista en el proyecto de ley”.

 

Las medidas de simplificación administrativa conllevarán la reducción de plazos en la tramitación de los expedientes en materia de calidad del suelo facilitando su reutilización y la ejecución de nuevos proyectos de actividad, previa evaluación y recuperación de su calidad con el objetivo de que los usos sobre el suelo se desarrollen de una forma sostenible. 

 

 

  

+ Info complementaria

 

El suelo, uno de los recursos naturales más apreciados de la humanidad, es un elemento esencial que constituye el soporte de la mayor parte de las actividades humanas. Una importante consecuencia de la multifuncionalidad de este recurso y de su limitada disponibilidad –y una de las principales causas de su degradación– es la concurrencia, cada vez mayor, de diferentes usos del mismo.

                   

Son dos las novedades principales que se introducen en la nueva regulación. Por una parte, se procede a establecer una clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo, clasificación que se realiza en función de su potencial contaminación, y que permite determinar obligaciones, a efectos de lo dispuesto en la norma, distintas y más ajustadas a dicho potencial. Por otro, con el objeto de agilizar la intervención administrativa en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, se establece también una dualidad de procedimientos en materia de calidad del suelo: el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, que tiene por finalidad validar la adecuación del suelo al uso propuesto, y el procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo, procedimiento más sencillo que tiene por finalidad validar la aptitud del suelo exclusivamente para uso industrial.

 

Antes de reseñar los pormenores de los capítulos es necesario señalar que en esta ley, teniendo en cuenta que la contaminación no es el único fenómeno que perjudica la calidad ambiental del suelo, prevé la aprobación por parte del Gobierno, de una estrategia para la protección, conservación y restauración de las funciones naturales y de uso de los suelos que puedan degradarse como consecuencia de la erosión, la pérdida de materia orgánica, la salinización, la compactación, la pérdida de biodiversidad, el sellado, los deslizamientos de tierra y las inundaciones. De esta manera se pretende, además de lograr la protección medioambiental del suelo, mantener de una manera sostenible, las funciones ambientales, económicas, sociales, científicas y culturales del mismo.

 

En el capítulo I de la ley se establece la mencionada clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y se añade para todas ellas el requisito de que se desarrollen en contacto con el suelo para que tengan la consideración de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

 

Además, a fin de dar un tratamiento conjunto de las previsiones contempladas en la normativa vigente en materia de residuos y en la normativa de prevención de la contaminación del suelo, adquieren una especial relevancia las previsiones de la nueva norma fijando expresamente que en los emplazamientos en los que se ha desarrollado una actividad de deposito de residuos en los que sea preceptivo o se prevea su sellado, la resolución del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma aprobando la correcta ejecución del sellado y acordando el inicio del periodo posclausura surtirá los efectos de la declaración de calidad del suelo, incluyendo a tal fin la declaración relativa al uso compatible.

 

El texto de la norma establece , en consonancia con el principio de precaución y para emplazamientos que han soportado actividades de deposición de residuos, limitaciones para el uso de vivienda.

 

 Por lo demás, la ley mantiene los principios que sirven de pauta de actuación de las administraciones públicas en relación con la calidad del suelo de la Comunidad Autónoma, y el diseño competencial en esta materia, considerando que los municipios deben afianzarse como una fuerza motriz de primer orden en la implantación de la política de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

 

El capítulo II de la ley define de una forma sistemática los instrumentos necesarios para conocer y controlar la calidad del suelo, que no son otros que los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, los informes de situación de suelo, las investigaciones exploratorias de calidad del suelo, las investigaciones detalladas de calidad del suelo y las investigaciones del estado final del suelo. Las investigaciones detalladas incluirán, según los casos, análisis de riesgos, estudio de alternativas, planes de recuperación y planes de excavación selectiva. En este marco, si bien prevé un desarrollo reglamentario posterior, se procede a fijar el contenido y alcance mínimos que cada uno de los instrumentos debe tener.

 

El capítulo III configura la protección del suelo como un deber básico de las personas físicas o jurídicas poseedoras y propietarias de los suelos cuyo cumplimiento se materializa a través de las obligaciones que la ley contempla. Serán responsables solidarios o subsidiarios de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley, los sujetos que se recogen en la normativa de responsabilidad medioambiental en los términos que dicha normativa establece.

 

Se mantiene la obligación de remisión al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de informes periódicos en relación con los suelos que soporten instalaciones o actividades potencialmente contaminantes del suelo que se enumeran en el anexo II de la ley, la adopción de medidas preventivas y de defensa destinadas a evitar la presencia de sustancias contaminantes  en el suelo o minimizar sus efectos y la implantación de medidas de recuperación y de control y seguimiento por las personas físicas o jurídicas poseedoras del suelo con el fin de obtener datos de la evolución de su calidad o de los medios afectados por la contaminación o alteración de éste.

 

En relación con los informes de situación de suelos, debe indicarse que, de conformidad con las previsiones contempladas en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), la periodicidad de dichos informes exigida a las actividades sujetas a dicha regulación se cifra en 5 años, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de dicha directiva para el control tanto de suelos como de aguas subterráneas.

 

A pesar de los instrumentos de los que se había dotado la norma anterior a fin de que las personas adquirentes de suelos que soportan o hayan soportado actividades potencialmente contaminantes fueran conocedoras de dicha circunstancia, resulta necesario reforzar dichos instrumentos, y en este sentido, se prevé la denegación de la inscripción de los títulos de adquisición o cualquier otro acto de transmisión de derechos sobre estos suelos cuando no se acredite debidamente la existencia de la notificación al adquirente.

 

El capítulo IV regula los supuestos de declaración de la calidad del suelo y de declaración de aptitud de uso, y fija aquellos casos en los que no será  necesario dar inicio a ninguno de los procedimientos regulados en la norma, lo que no será óbice para llevar un control administrativo que permitirá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma conocer el alcance de las actuaciones y comprobar la adecuación de las mismas a los objetivos en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

 

El capítulo V de la ley tiene por objeto recoger las cuestiones generales relativas a los procedimientos administrativos en materia de calidad del suelo, respecto de lo cual se prevé un desarrollo reglamentario.

 

El capítulo VI, que establece los efectos derivados de la declaración de la calidad del suelo, mantiene la diferencia entre la denominada "contaminación o alteración histórica" del suelo y la "contaminación o alteración nueva". En concreto, se señala la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco como el límite entre las dos situaciones dado que fue esta ley la primera que en nuestra Comunidad Autónoma estableció de forma nítida obligaciones para las personas físicas o jurídicas poseedoras y propietarias del suelo y un régimen sancionador en la materia.

 

Asimismo, en este capítulo se determinan las personas físicas o jurídicas obligadas a adoptar las medidas de recuperación, y se atribuye tal responsabilidad, en primer lugar, a quienes sean causantes de la contaminación del suelo, que cuando sean varias responderán de esta obligación de forma solidaria. Subsidiariamente, esta obligación corresponderá, por este orden, a las personas propietarias de los suelos y a sus poseedoras.

 

El alcance de las medidas de recuperación se establece sin perjuicio de la aplicación de la normativa sectorial vigente en materia de residuos, que podrá conllevar la exigencia de la retirada y correcta gestión de aquellos residuos que se hubieran podido detectar en el emplazamiento, especialmente en lo que se refiere a residuos peligrosos.

 

El capítulo VII recoge los instrumentos de la política de suelos responsabilidad de las administraciones públicas con el fin de hacer efectivos los principios que inspiran sus actuaciones en la materia. Tales instrumentos son el inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo; el plan de suelos, que fijará las directrices y prioridades de actuación; el Registro Administrativo de la Calidad del Suelo, que facilitará el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente; las entidades acreditadas en investigación y recuperación de suelos; las ayudas económicas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, y los mecanismos de financiación pública.

 

En relación con estos instrumentos, conviene precisar que el contenido del inventario de suelos contaminados previsto en la legislación básica estatal se recoge en el Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

 

El capítulo VIII establece el régimen sancionador, y diferencia entre infracciones muy graves, graves y leves según los distintos riesgos o daños que se generen en el medio ambiente o en la salud de las personas. En todo caso se considera que se generan riesgos de carácter grave a las personas o sus bienes o al medio ambiente cuando el análisis de riesgos hubiera concluido la existencia de un riesgo inaceptable. Asimismo, se estima que hay un riesgo si para valorar el alcance del mismo resulta necesaria la realización de un análisis de riesgos.

 

Dichas infracciones conllevan sanciones económicas y de otra índole, que en los casos más graves pueden concluir en un cese definitivo de la actividad o instalación que produzca la contaminación del suelo. Este capítulo, con independencia de las sanciones que se impongan, obliga a reparar los daños causados en los suelos como consecuencia de las infracciones cometidas y con cargo a sus responsables.

 

La disposición transitoria primera atribuye la consideración de declaraciones de la calidad del suelo a las resoluciones y certificaciones emitidas por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en relación con las investigaciones de la calidad del suelo realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2005, de 4 de febrero.

 

Por su parte, la disposición transitoria segunda dispone que aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley como procedimientos de declaración de la calidad del suelo que correspondan a supuestos que, de conformidad con la misma, deban ser tramitados como procedimientos de declaración de aptitud de uso del suelo o puedan ser objeto de exención de estos procedimientos serán tramitados de conformidad con lo establecido en la presente norma si no hubiere recaído resolución definitiva del procedimiento iniciado, siempre que así lo solicite la persona que ha dado inicio al procedimiento.

 

La disposición transitoria tercera determina las entidades que pueden elaborar planes de excavación y los informes de situación en los procedimientos de declaración de aptitud de uso del suelo, así como las entidades habilitadas para la supervisión de los planes de excavación, mientras se procede a la actualización del régimen aplicable a la acreditación de entidades.

 

La disposición transitoria cuarta señala que el inventario de suelos es el aprobado mediante el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre. La disposición derogatoria única deroga la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la nueva ley.

 

Asimismo, la disposición final primera establece tasas por la prestación de servicios en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo. Se sujetan así al cobro de tasa las actuaciones del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en los procedimientos en materia de calidad del suelo, en los procedimientos de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y las consultas formuladas al Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

 

Finalmente, los anexos I, II y III establecen, respectivamente, el listado de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, la clasificación de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, y los valores indicativos de evaluación, sin perjuicio de la facultad del Gobierno para la modificación de los citados anexos que la disposición adicional segunda le atribuye. La identificación de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo no se realiza con referencia a la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), sino a la clasificación de 1993, que sufrió una actualización de orden menor en el año 2003, CNAE 93, Revisión 1, dado que es ésta la que se utiliza en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por la que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

2 comentarios
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  • @asierrares
    26 de junio de 2015

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  • @konpantzia
    26 de junio de 2015

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