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Primera valoración del Gobierno Vasco en relación con la sentencia sobre el decreto de reconocimiento a víctimas de vulneración de derechos humanos en el periodo 1960-1978

28 de abril de 2015

El Gobierno Vasco ha tenido conocimiento hoy de la sentencia que ha dictado la Sala de la Contencioso Administrativo del TSJPV en relación al recurso contra el Decreto 426/2013, de modificación del Decreto 107/2012. Un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado conocido como el de "reconocimiento y reparación de víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978"

La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando ha comparecido ante la prensa esta tarde en Bilbao para efectuar una primera valoración de la citada sentencia que admite dos de los argumentos del recurso y rechaza otros dos. De esta primera lectura Hernando ha extraído tres conclusiones: 

1. La sentencia no anula ni el decreto, ni las políticas de reconocimiento y reparación de las víctimas amparadas por el mismo.

2. La sentencia no obliga a la devolución de las indemnizaciones que en concepto de reparación se han concedido a las víctimas, previo dictamen de la Comisión de Valoración.

3. El desarrollo y culminación del decreto, que se encuentra en su fase final, es perfectamente viable porque, atendiendo a lo dictado en la sentencia, será suficiente para ello con la introducción de algunas correcciones técnicas al mismo.

El Gobierno Vasco ha denunciado desde el primer momento que el recurso de la Abogado del Estado, era un recurso del Gobierno español contra las políticas del Gobierno Vasco de reparación y reconocimiento hacia víctimas de vulneraciones de derechos humanos sin amparo ni cobertura institucional.

El Ejecutivo Vasco, por tanto, hace una primera valoración "positiva" de la sentencia porque según ha afirmado Mónica Hernando, "no pone en cuestión el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas", sino algunos aspectos técnicos del decreto, que "pueden modificarse y acordarse".

Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, esta sentencia disuelve esa pretensión del Gobierno español y rechaza el intento de querer incluso anular la posibilidad de que las víctimas participen en las aulas. Las consecuencias de la sentencia se circunscriben a discutibles aspectos técnicos como el relativo a las certificaciones médicas o a los baremos de valoración en indemnizaciones menores de 10.000 euros.

El Gobierno vasco quiere aprovechar esta circunstancia para reiterar ante todas las víctimas y, muy especialmente ante las víctimas afectadas por este recurso, su compromiso y determinación por cumplir con los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a todas las víctimas sin excepción.

Por último, la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónika Hernando. ha afirmado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco seguirán analizando la sentencia aunque ha apuntado que seguramente no se recurrirá. 

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