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Decreto de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia

1 de julio de 2010

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia en Euskadi que persigue hacer efectivo en la práctica el régimen de cooficialidad vigente en la comunidad autónoma, de manera que la ciudadanía pueda usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Este decreto viene a sustituir al decreto 152/2008, de 29 de julio, que fue parcialmente anulado por los tribunales y responde también a la necesidad de adaptar la Administración de Justicia en Euskadi al régimen de organización y funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.

El Gobierno parte de los objetivos perseguidos en la anterior normativa, adecuando los cauces para una consecución estable y enraizada de los mismos. El nuevo diseño de la Administración de Justicia y de los puestos y tareas del personal a su servicio, posibilita llevar a la práctica la cooficialidad, sin perder de vista que éste ha de ser un proceso proporcionado y progresivo.

El decreto persigue potenciar el uso del euskera como lengua de comunicación en el ámbito judicial. Para ello establece que en un plazo de 10 años existan en la Administración de Justicia alrededor de un 35% de puestos singularizados por el idioma, si bien tal porcentaje se distribuirá de forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales.

El decreto establece planes quinquenales de euskaldunización, de manera que, a la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo (2010), puedan hacerse efectivos una tercera parte de esos porcentajes y el resto conseguirlo en los dos quinquenios siguientes (2015 y 2020).

La determinación de los puestos singularizados exige definir áreas territoriales prioritarias y funciones procesales o actuaciones judicales que se consideren preferentes en el manejo del idioma.

La regla de partida es que el euskera se valorará como mérito con carácter general y particularmente en los puestos genéricos, y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados.

La normalización lingüística pasa igualmente por conseguir equipos de tabajo bilingües en la ordenación procesal. Es decir, con capacidad de traducir la tramitación procesal al euskera, sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la resolución judicial dictada.

Por lo que con independencia del lenguaje de las actuaciones judiciales (art. 213 LPOJ), se adopta un sistema dentro de los eventuales servicios comunes que posibilite la confección bilingüe del documento a efectos de cumplir frente al derecho que incumbe al ciudadano en el uso del idioma cooficial.

Por lo demás, se atribuyen los perfiles lingüísticos para la acreditación del idioma a los cuerpos pertenecientes a la Administración de Justicia y no a la relación de puestos de trabajo. Así, para los cuerpos de auxiliadores y tramitadores se requiere el perfil 2 y para el de los gestores el perfil 3.

El decreto establece el sistema de acreditación de los perfiles, los planes de euskaldunización y las prioridades para seguir dicho proceso.

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