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El Gobierno vasco recurre al TC la Ley de Protección de Trabajadores a Tiempo Parcial al no haber alcanzado un acuerdo

15 de diciembre de 2014
  • La norma española relega a Lanbide a un mero comunicador de las infracciones cometidas por las personas que cobran prestaciones y subsidios, sin capacidad alguna para iniciar o resolver determinados procesos sancionadores.
  • El Gobierno vasco recuerda al español que estos procesos sancionadores no tienen nada que ver con el régimen económico de la Seguridad Social pero además, en el caso de que si así fuera, Euskadi es la única Comunidad Autónoma con competencias reconocidas en esta materia.
  • El Gobierno vasco insta al español a pactar la nueva ayuda a las personas paradas de larga duración que ha firmado hoy con los sindicatos y evitar así un nuevo conflicto competencial con Euskadi.
  • Es la décima ocasión en la que este Gobierno vasco apela al Tribunal Constitucional al no alcanzar un acuerdo bilateral con el Estado.

El Gobierno vasco, finalmente, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional parte de los artículos 7 y 8 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno español durante la negociación bilateral mantenido durante seis meses. Dichos artículos modifican un precepto (art. 27.4) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo y un apartado (4 del art. 48) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, respectivamente.

La Ley española, atribuye al Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, la capacidad en exclusiva de iniciar los procedimientos sancionadores cuando alguna de las personas beneficiarias de prestación o subsidio por desempleo, al terminar su contrato a tiempo parcial, no renueve su demanda de empleo sin causa justificada. Asimismo le atribuye la competencia para sancionar cuando las personas beneficiarias de prestaciones o subsidios por desempleo, cometan infracciones leves como la de no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones y comunicaciones. 

En primer lugar, el Gobierno vasco recuerda al Gobierno español que las competencias para el inicio del procedimiento sancionador (art. 27.4 Ley de Empleo) y para imponer las sanciones en el caso de las infracciones leves (art. 24.4 Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social) son funciones que no tienen ninguna relación directa con el régimen económico de la Seguridad Social. Se tratan de funciones accesorias y  facultades de supervisión propias de las materias asumidas con la competencia de ejecución de la legislación de Seguridad Social (art. 149.1.17 de la Constitución Española)

Pero es que además, aunque el Gobierno español quisiera sostener erróneamente que estas materias son parte del régimen económico de la Seguridad Social, el Gobierno vasco recuerda que Euskadi es la única Comunidad Autónoma que tiene reconocida  la competencias en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

El Gobierno  vasco, cree que en virtud del artículo 18 del Estatuto de Gernika,  Euskadi podría ejercer estas funciones respecto a estos procesos sancionadores y que por tanto, el Gobierno español, se está extralimitando en su regulación y relegando a Lanbide a un mero comunicador de la infracción, sin ninguna capacidad para iniciar o resolver el proceso sancionador en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.

AYUDAS PERSONAS  PARADAS DE LARGA DURACIÓN

En aras a evitar incurrir en un nuevo conflicto competencial con Euskadi,  el Gobierno vasco insta al Gobierno español a pactar la nueva ayuda a las personas desempleadas de larga duración que ha firmado hoy con los sindicatos. En este sentido, el Gobierno vasco recuerda que la anterior ayuda de 400€, el denominado Plan Prepara, también fue recurrido el año pasado al Tribunal Constitucional por invasión de  competencias. El Gobierno vasco considera que estas ayudas deben gestionarse a través de Lanbide al estar incluidas en la transferencia de Políticas Activas de Empleo conseguida en 2010.

RECURSOS TC

En lo que va de X Legislatura, el Gobierno vasco ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, 8 recursos y 2 conflictos positivos de competencias por invasiones competenciales en 10 normas españolas:

 

  • Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga el programa de recalificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (Plan Prepara, la gestión de los 400€).
  • Ley española de Presupuestos 2012. (Paga extra funcionarios y organización interna de funcionarios).
  • Ley española de Presupuestos 2013. (Paga extra funcionarios y organización interna de funcionarios)
  • Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (Tema Comercio: artículos 27 y 28  y Tema Funcionarios: artículos 2, 8 y 10)
  • Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero y Ley 11/2013, de 26 de Julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo. (Líneas de ferrocarriles declaradas de interés general)
  • Parte del Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo.
  • Parte de la  Ley  8/2013 , de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)
  • Real Decreto 1506/12, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. (Copago farmacéutico en materia ortoprotésica)
  • Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Desarrollos de la LOMCE).
  • Parte del  Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de su prestaciones. (Copago farmacéutico)

 

 

 

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