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Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 02-12-2014)

2 de diciembre de 2014

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO RECURRE AL TC LA LEY ESPAÑOLA DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR ATAQUE INJUSTIFICADO AL ESTATUTO DE GERNIKA

El Gobierno español determina que la única base de datos válida para publicar las subvenciones es la estatal y obliga a todas las administraciones públicas vascas a suministrarle información, considerando falta grave no hacerlo.

Devalúa el rango del BOPV y obliga a publicar en el BOE todas las notificaciones oficiales a la ciudadanía que no haya sido localizada por otras vías.

El Gobierno vasco solicitará al español abrir un plazo de negociación bilateral durante 6 meses para tratar de llegar a un acuerdo en el seno de la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco".

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por "grave invasión competencial" en los artículos 25, 26, 27 y 30 (apartados Uno, Dos, Tres y Seis) de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Esta ley, adopta diversas medidas de racionalización y reestructuración del sector público propuestas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administración Pública (CORA) ante el que el Gobierno vasco presentó (26-09-2014) más de 96 alegaciones por excesos competenciales, vaciamiento y degradación del Estatuto de Gernika.

En primer lugar, el Gobierno español determina que la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es la única válida para publicar todas las ayudas. Así, obliga a todas las administraciones públicas a suministrar a la Administración General del Estado, toda la información sobre las subvenciones. Incluso tipifica como falta grave, con posibilidad de anulación de las convocatorias, el no trasvase de información.

El Gobierno vasco considera que la Administración Pública vasca ya garantiza perfectamente los principios de publicidad, transparencia y difusión de la información y que esta imposición del Gobierno español es una extralimitación competencial. No es tolerable que la validez de una convocatoria realizada por una Administración Pública, dependa de la voluntad y acción de otra, en este caso, de la Administración General del Estado.

En este sentido, el Gobierno vasco recuerda que la Propia Ley General de Subvenciones incluye una Disposición Adicional que no ha sido modifica y que asegura que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, "en virtud de su régimen foral" esta ley "se realizará con respeto a lo establecido en su Estatuto de Autonomía".

BOPV

En segundo lugar, el Gobierno español, ha establecido la obligatoriedad de que todas las comunicaciones oficiales que las administraciones tengan que realizar a personas que no hayan podido ser localizadas, deban publicarse en el Boletín Oficial del Estado. De esta manera, la Ley española devalúa el papel del Boletín Oficial del País Vasco, relegándolo a una posición de mera complementariedad y subordinando la actuación de Euskadi a la voluntad y control de la Administración General del Estado.

El Gobierno vasco denuncia este ataque frontal e injustificado al BOPV, que además de ser una herramienta fundamental que refleja y hace pública la actividad administrativa de Euskadi puede ser considerado como patrimonio institucional y que debiera ser inequívocamente reconocida y protegida todos los poderes públicos.

Este exceso del Gobierno español muestra un desconocimiento profundo de la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno y en este sentido, el Gobierno vasco recuerda que no existe ninguna relación de jerarquía entre Euskadi y el Estado.

El Gobierno vasco cree que no se puede utilizar el pretexto de reducir trabas y facilitar la relación Administración-Ciudadanía para quebrantar el Estatuto de Autonomía de Gernika.

NEGOCIACIÓN BILATERAL

El Gobierno vasco, tal y como establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, propondrá, de manera previa a la interposición del recurso, negociar durante seis meses en la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco" los artículos que considera invaden las competencias de Euskadi.

En estos momentos, en el seno de esta comisión, se están negociando otras 2 leyes:

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Además, en lo que va de legislatura, ambos gobiernos han acordado un total de 10 leyes evitando sendos recursos de inconstitucionalidad, bien totales, bien parciales:

Acuerdo Parcial en torno al Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo.
Acuerdo Parcial en torno al Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de su prestaciones.
Acuerdo total Ley Vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas Transexuales.
Acuerdo total Ley Vasca contra el Dopaje.
Acuerdo Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi
Acuerdo total Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Acuerdo total Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Acuerdo Total Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
Acuerdo Total Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Acuerdo Parcial Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)

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