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Acuerdo en relación con las medidas impulsadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 23-09-2014)

23 de septiembre de 2014

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DENUNCIA QUE EL ESPAÑOL ROMPE EL CONSENSO POLÍTICO DE CREACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO BAJO PRETEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

El Consejo de Gobierno aprueba un contundente documento, de más de 200 folios y 96 alegaciones, en el que responde, argumentada y minuciosamente, a cada uno de los excesos competenciales del informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

El Gobierno vasco denuncia que el Gobierno español "cercena la imagen institucional", "degrada la autonomía política" y "pretende convertir a Euskadi en mero agente auxiliar del poder central".

El documento advierte de que el informe del Gobierno español es "unilateral", "difícilmente creíble" por su "fuerte sesgo parcial", de "resultado previsible" y que lejos de pretender la eficacia del conjunto institucional, lo que busca es "reforzar la preeminencia del Gobierno español" en detrimento de las autonomías.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un extenso documento con el que responde, argumentada y minuciosamente, a las medidas propuestas por el Gobierno español contenidas, entre otras, en su informe de duplicidades de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Se trata de texto de más de 200 folios y 96 alegaciones a cada una de las medidas que propone el Gobierno español y que afectan a las competencias de Euskadi en el ámbito financiero, sanitario, educativo, de acción exterior y de la capacidad de auto-organización, entre otras.

El documento elaborado por el Gobierno vasco, denuncia que el Gobierno español, a través de una interpretación expansiva de las competencias estatales, está en realidad "cercenando la imagen institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi", a la que "se está cuestionando su competencia de auto-organización y la naturaleza política de su autogobierno reconocido en el Estatuto de Gernika". El Estado, "pretende reducir la autonomía política vasca a una mera descentralización administrativa" como si Euskadi fuera un "agente auxiliar del poder central". De esta manera, progresivamente, el Gobierno español está "degradando el autogobierno vasco y el espacio de poder autonómico" y "reforzando el papel tutelante de la Administración del Estado".

El Gobierno vasco cree que las propuestas del Gobierno español, en su conjunto, son "fruto de una visión unilateral del Estado que sólo toma en consideración su perspectiva, sus intereses y sus aspiraciones". Bajo el pretexto de la crisis económica y la necesaria reestructuración administrativa en aras a reducir costes y mejorar la eficiencia y eficacia, el Gobierno español propone una serie de medidas con las que, en realidad, pretende reforzar su preeminencia y liderazgo, en detrimento de las autonomías e incluso contribuyendo a la "devaluación y desprestigio de las instituciones autonómicas", trasladando a la ciudadanía una imagen peyorativa de la descentralización política.

El documento de la CORA supone la plasmación de la "involución del Estado de las Autonomías" ya que está confeccionado con una visión "recentralizadora y unificadora" y sin contar con la participación de las propias autonomías. En este sentido, el Consejo de Gobierno vasco denuncia el "fuerte sesgo de parcialidad" del Consejo Asesor de la CORA, en el que no ha habido representación alguna a nivel autonómico, foral o local por lo que, para el Gobierno vasco, es una propuesta de reforma "difícilmente creíble", "de resultado más que previsible" y que "dista de garantizar un diagnóstico equilibrado y unas propuestas objetivas". En definitiva, una "reforma que se propone a costa de los demás"

El acuerdo del Consejo de Gobierno vasco adoptado hoy, denuncia también que el informe CORA ni siquiera comenta las duplicidades que hay en Euskadi derivadas de la actuación innecesaria de los órganos de la Administración del Estado, duplicidades puestas de manifiesto en el informe de "Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi" que el Gobierno vasco remitido al Parlamento.

Además, el Gobierno vasco denuncia la total falta de voluntad negociadora del Gobierno español ya que muchas de las propuestas que constan en el informe de la CORA, ya se han llevado a efecto de manera unilateral, sin consenso ni debate alguno, a través, por ejemplo, de reales decretos leyes.

El Gobierno vasco cree que en su producción normativa, el Gobierno español no respeta las reglas del juego de un Estado Compuesto, cuestiona permanentemente la existencia del propio autogobierno vasco y finge desconocer el funcionamiento del Estado como entramado institucional permeable a la organización territorial del poder político de la que se ha dotado constitucionalmente. Y lo hace apelando en su legislación a conceptos o instrumentos tales como "la dirección de la economía y mercado único", "las bases estatales, tanto formales como materiales", invocando una mal entendida "igualdad de los españoles", sirviéndose del "principio de supraterritorialidad" o de la "declaración material de interés general", etc.

96 ALEGACIONES

Entre las alegaciones presentadas, destaca la oposición del Gobierno vasco a la reducción o desaparición de instituciones vascas que tienen relevancia estatutaria o encuadre en la Ley de Territorios Históricos. Por ejemplo: los observatorios para evaluar fenómenos concretos o determinados organismos autonómicos como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, del Ararteko, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, del Instituto Vasco de Estadística, de la Agencia Vasca de Protección de Datos, del Gabinete de Prospección Sociológica, de Euskalmet, de la Junta Consultiva Vasca de Contratación, del Tribunal de Recursos Contractuales , de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario Vasco /UNIBASQ, y del Ente Vasco de la Energía /EVE, etc.

El Gobierno español pretende que las funciones de éstos sean asumidas por los organismos equivalentes en el ámbito estatal pero el Gobierno vasco recuerda que la creación o desaparición de este tipo de órganos es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias.

Además, las alegaciones del Gobierno vasco denuncian que el Gobierno estatal pretenda reforzar la planificación conjunta de las políticas públicas, pero sólo de las que son de competencia autonómica (cooperación al desarrollo, tráfico y seguridad vial, protección civil, carreteras no estatales, becas, cultura, turismo, apoyo a las empresas o violencia de género) y no en aquellas que son de competencia estatal exclusiva. De esta manera, el Gobierno español pretende compartir lo ajeno y preservar lo propio.

El Gobierno vasco denuncia que el español, siempre ha rechazado, flagrantemente, todo desarrollo de mecanismos que permitan a las autonomías participar de las políticas del Estado. Es más, la planificación por parte del Estado, en la práctica, abarca a la totalidad de las políticas públicas de manera que se acaba imposibilitando a las autonomías desarrollar ordenaciones propias.

Finalmente, el Gobierno vasco cree que bajo la excusa de una mejora de la coordinación, el Gobierno español pretende gestionar, de manera exclusiva, las distintas bases de datos y registros públicos autonómicos y advierte de que no se trata de una interconexión de datos, sino de un volcado de los mismos a los registros centrales únicos. El Gobierno vasco considera que lejos de ser una fórmula de coordinación, es una maniobra más de recentralización.

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