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Anteproyecto de Ley sobre Adicciones. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 10-06-2014)

10 de junio de 2014

RESUMEN

LA PREVENCIÓN, PILAR BÁSICO DE UNA NORMA QUE CONTEMPLA SOLUCIONES PARA LAS NUEVAS REALIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIA

La ley, que velará especialmente por la salud de las personas menores de edad y los colectivos más vulnerables, se enviará al Parlamento antes de fin de año

El Consejero de Salud, Jon Darpón, ha informado hoy al Consejo de Gobierno del anteproyecto de la Ley sobre Adicciones elaborado por su Departamento.

Tal y como ha explicado el Consejero de Salud en su comparecencia ante los medios, "el objetivo es remitir al Parlamento antes de que finalice el año una Ley sobre adicciones más amplia y acorde con las necesidades de la sociedad actual que vele en especial por la salud de las personas menores de edad y de los colectivos socialmente más vulnerables"

La nueva ley profundizará en los derechos y deberes de las personas usuarias, en la prevención y en el fenómeno del consumo de alcohol por parte de las personas menores de edad y por supuesto, abordará las denominadas adicciones sin sustancia, así como nuevos productos que han proliferado en los últimos tiempos, como son los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. En concreto, según el Consejero de Salud se pretende:

-Abordar las adicciones con un enfoque más global, incluyendo tanto las adicciones clásicas -a una sustancia- como las adicciones sin sustancia. Se pasa, por tanto, de la denominación clásica de drogodependencias a la de adicciones, adecuando la normativa al avance y evolución de las normativas y estrategias de nuestro entorno.

-Subrayar la importancia de la promoción de estilos de vida saludable y de la prevención como eje central de las actuaciones de la administración.

-Abordar el fenómeno de las adicciones desde una óptica transversal y multidimensional, desde todos los ámbitos relacionados o afectados (comunitario, familiar, educativo, laboral, judicial, policial...), con una visión globalizadora, integral y planificada, y de una manera normalizada.

-Determinar las responsabilidades de las diferentes áreas competenciales e instituciones y adecuar la arquitectura institucional, participativa y de coordinación.

A través de sus 96 artículos, la norma plantea como grandes áreas de intervención la promoción de la salud y la prevención de las adicciones; la reducción de la oferta; la inclusión social y la atención sanitaria y sociosanitaria; el desarrollo y gestión del conocimiento; y, finalmente, la organización institucional en esta materia.

El texto propuesto se ha redactado desde una perspectiva integral. Así, contempla las sustancias con capacidad adictiva de consumo más arraigado en nuestro entorno (alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas y productos industriales con potencialidad de crear dependencia). Como novedad, la ley regula los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. Aborda, igualmente, y también por primera vez en nuestra normativa, las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia -como la ludopatía-.

Y además, al hacer hincapié en la prevención, contempla los factores de riesgo precursores de las adicciones, los consumos problemáticos de sustancias, y las conductas excesivas con riesgo de generar adicciones comportamentales surgidas de la mano de nuevas realidades como las redes sociales, las tecnologías digitales y las nuevas aplicaciones para ellas diseñadas, los teléfonos móviles, los videojuegos, etc.

La ley contiene 96 artículos, distribuidos en siete Títulos, una única Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales, relativas al desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor.

El título preliminar aporta un marco teórico más completo que el recogido en la ley vigente. Comprende el ámbito material de la ley, objetivos, definiciones, principios generales, fundamentos básicos del modelo de prevención y atención y derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, es especialmente novedoso el reconocimiento de los derechos y el establecimiento de obligaciones, no sólo para las personas en tanto que usuarias de los servicios sociales o de salud, sino también, en aceptación de su libertad personal.

En el Título primero de la Ley, la Salud Pública, la promoción de la Salud y la prevención de las Adicciones se erigen en el área de actuación preferente y prioritaria; así, es particularmente novedosa la regulación en capítulo propio de la promoción de la salud. Las medidas de promoción de la salud y prevención de las adicciones van dirigidas al conjunto de la población y a personas o grupos en situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad, y se complementan con medidas específicas para las adicciones no comportamentales (y a las que en la actualidad no se reconocen científicamente como tales), involucrando a todos los ámbitos posibles y entre ellos, el comunitario, familiar y educativo son los prioritarios.

El título Segundo, relativo a la reducción de la oferta, aparece separadamente de la prevención, y se estructura por sustancias. Y, dentro de cada una de ellas, regula la publicidad, venta, suministro y consumo. En cuanto al tabaco, se mantienen disposiciones actuales (normativa estatal de obligado cumplimiento), en lo referente al alcohol, se plantean más limitaciones a la publicidad, venta y consumo (en aras a la protección de los menores), el cigarrillo electrónico es equiparado con el tabaco y se incluyen medidas de concienciación dirigidas a limitar la disponibilidad de los juegos de azar y a un uso responsable de las tecnologías digitales.

El Título Tercero aborda la asistencia sanitaria y sociosanitaria y plantea una atención integral, centrada en las necesidades de las personas, y con la normalización e inclusión social como objetivo.

La Inclusión social, aparece con entidad propia y separada de la atención sanitaria y sociosanitaria, en el Título cuarto, puesto que la actuación en este caso se lleva a cabo por otro sistema público diferenciado del de salud y con principios de actuación propios.

El Título Quinto, sobre gestión del conocimiento, unifica aspectos que aparecen separados y desperdigados en la ley vigente. Se prevén labores de información en materia de adicciones por parte de la administración sanitaria, social, educativa y laboral. Se articulan actividades de, se impulsa la investigación y se contempla la evaluación de los programas en materia de adicciones y se abre la posibilidad de crear premios u otras distinciones honoríficas para reconocer públicamente a personas públicas o privadas que hayan destacado por su labor en este ámbito.

El Título Sexto recoge aspectos relacionados con la organización institucional, planificación, iniciativa social, coordinación y participación. Así, cataloga las competencias y responsabilidades de las diferentes instituciones y adecúa la arquitectura institucional. De este modo, la comisión interdepartamental actualmente existente (integrada sólo por Departamentos del Gobierno), pasaría a ser comisión interinstitucional integrada por Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos.

Finalmente, el último título, sobre infracciones y sanciones, establece un nuevo régimen sancionador, con una clasificación más clara de las infracciones, para conseguir un cumplimiento efectivo de la norma. Por lo que respecta a los órganos con competencias sancionadoras, se distribuye entre el Consejo de Gobierno, el órgano correspondiente del departamento competente en materia de adicciones, y los Ayuntamientos.

En relación a las sanciones, las multas se han adaptado a cuantías más reales en función de la verdadera gravedad de la infracción, resultando multas de hasta 600 euros por la comisión de infracciones leves; hasta 10.000 euros en caso de infracciones graves y de hasta 600.000 euros en caso de comisión de infracciones muy graves. Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por una persona menor de edad, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por medidas reeducadoras (realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o, inclusión de la persona infractora en programas de carácter formativo o informativo relacionados con las adicciones).


INFORMACIÓN ADICIONAL

Prácticamente desde su constitución, el Gobierno Vasco asumió un firme compromiso de abordar y dar respuesta al fenómeno de las adiciones desde un ámbito interinstitucional. Para ello, se tomaron iniciativas como:

-la creación del DAK (Centro Coordinador de Drogodependencias), en 1981

-la aprobación del primer Plan de Actuación en el ámbito de las drogodependencias, en 1982

-la puesta en marcha de una comisión interdepartamental y de una comisión parlamentaria en 1984

-la constitución, en 1991, del consejo asesor de drogodependencias

A lo largo de estos últimos años, Euskadi ha contado con dos leyes, la de 1988 y la de 1998 (modificada en 3 ocasiones).

La primera Ley en materia de drogodependencias se aprobó en 1988, en un contexto de profundos cambios sociales y políticos. En aquella época, la droga ocupaba el primer lugar entre los problemas de la sociedad vasca. Esta ley tuvo un claro enfoque pedagógico y ya entonces se centraba en la prevención, la asistencia y la reinserción en materia de drogodependencias.

Diez años después se aprobó un nuevo texto, la Ley 18/1998, de 25 de junio, con el objeto de adaptar la legislación a la nueva realidad, desde una perspectiva que profundizara en la corresponsabilidad y coordinación de todas las Administraciones y sectores implicados. Fue fundamentalmente una ley continuista, que pretendió que las políticas de prevención tuvieran mayor efectividad por medio de la creación e implantación de los equipos técnicos municipales de prevención comunitaria.

La Ley 18/1998 ha sido reformada en tres ocasiones. La última vez en 2011, con el fin de adaptarla a las exigencias planteadas -en el ámbito de la protección de la salud pública y en lo referente al tabaco- por la OMS, la Unión Europea y la Legislación básica del Estado.

En estos años también se ha llevado a cabo una intensa labor planificadora de las distintas instituciones, con los 6 planes vascos de drogodependencias o adicciones, así como los sucesivos planes forales y locales.

Tanto las normas como los planes han encuadrado la política del Gobierno Vasco en materia de adicciones, y han propiciado programas, apoyos y logros en prevención, asistencia e inserción para garantizar una atención adecuada a las personas afectadas, y para abordar los problemas sociosanitarios derivados tanto del consumo como del abuso de sustancias.

Además, a lo largo de estos 26 años se ha ido consolidando una potente red asistencial pública, diversificada y profesionalizada, que lleva a cabo tareas de prevención y promoción de la salud, así como de asistencia e inserción, prestando una atención integral e integrada a las personas con adicciones y a sus familias. Estos recursos asistenciales públicos (sanitarios, sociales y sociosanitarios), se complementan con los ofertados por las distintas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que, en estrecha relación con la Administración, han trabajado y trabajan en beneficio de las personas afectadas.

Euskadi cuenta, así mismo, con importantes herramientas para la obtención de información, datos y análisis, imprescindibles para el diseño, implementación y evaluación de políticas en materia de adicciones. Así, las investigaciones recogidas por el Observatorio de Drogodependencias, la serie de informes Euskadi y Drogas y los sucesivos Drogas y Escuela han resultado también fundamentales para la elaboración de la nueva Ley de adicciones que se aprobará antes de que finalice el año 2014.

Un comentario
  • Faceless avatar thumb 70
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  • @MirenMorillas
    12 de junio de 2014

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    Anteproyecto de Ley sobre Adicciones. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 10-06-2014) http://t.co/K0KdKhhACP