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El Gobierno recurre al Constitucional tres leyes españolas: la LOMCE, la Ley de Evaluación Ambiental y la de Unidad de Mercado. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 25-02-2014)

25 de febrero de 2014

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

RESUMEN

Cree que el Gobierno español se ha extralimitado en la regulación de estas tres materias invadiendo las competencias en materia de educación, medio ambiente y ecología, así como la autonomía política de las Comunidades Autónomas.
Una vez aprobado el recurso, y si alguna de las partes lo solicita, se abriría un plazo de 6 meses de negociación en la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco" para tratar de llegar a un acuerdo y evitar los recursos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de tres recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.

LOMCE

En primer lugar, el Gobierno considera que la LOMCE tiene un carácter "injustificadamente homogeineizador" que choca frontalmente con los fines del sistema educativo vasco cimentado en "el profundo respeto a los valores democráticos, a la pluralidad y el bilingüismo, en la compensación de las potenciales desigualdades y en la integración de la diversidad en las aulas". De esta manera, el Gobierno vasco encuentra conflicto de constitucionalidad en aspectos como por ejemplo:

La determinación y evaluación de los estándares de aprendizaje. El Gobierno vasco denuncia que el Gobierno español se atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, la fijación de los contenidos de las materias que los y las profesionales de la educación deben impartir, cuando se trata de una materia que requiere de la participación de los gobiernos autonómicos.

La LOMCE introduce pruebas de evaluación externa del alumnado al final de la ESO y al final de Bachillerato de manera que la CAE queda relegada a mera ejecutora de los criterios que fije el Gobierno español, algo que supone la negación de las competencias educativas recogidas en el Estatuto de Gernika.

Además se extralimita en cuanto a que fija con demasiado detalle las condiciones de acceso y admisión del alumnado a la Formación Profesional y universitaria. Al hacerlo, no deja margen a las Administraciones Educativas para que puedan establecer sus criterios en virtud de sus necesidades propias.

Una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno vasco es el tratamiento inasumible que la LOMCE da a las lenguas cooficiales. En este sentido se recuerda que la competencia para regular el alcance de la cooficialidad nunca corresponde al Estado sino en exclusiva a la CAE.

Finalmente, el Gobierno vasco considera esta Ley vulnera el derecho fundamental a la Educación en aspectos como:

Establece la separación entre las diferentes opciones de enseñanza (Bachillerato o FP) a los 15 años, una segregación temprana que se ha demostrado tiene efectos negativos sobre la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos.

Se modifican los criterios de escolarización, estableciéndose el criterio de rendimiento escolar, en manos del centro escolar, lo que pone en cuestión la igualdad de las condiciones básicas en el ejercicio del derecho a elegir centro de enseñanza en condiciones de gratuidad.

La Ley plantea una significativa reordenación de las funciones del Consejo Escolar que reduce de manera significativa su participación, en contra de la opinión del Gobierno vasco.

En concreto se recurren los apartados: 5, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 38, 60. 80, 81, 89, 97 y 99.

UNIDAD DE MERCADO

En segundo lugar, el Gobierno considera que la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, pretende una uniformización de la diversidad regulatoria autonómica bajo el pretexto de garantizar la "unidad de mercado nacional".

En este sentido, el Gobierno vasco considera que "unificar" no es lo mismo que "uniformar" y que no es tolerable que, apelando a la libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes y servicios como eje fundametal y elemento nuclear del orden económico, se menoscabe el principio de autonomía y de la distribución competencial para regular las materias de mayor dimensión económica. Así, considera que que el Gobierno español debe compatibilizar el principio de unidad de mercado con la diversidad regulatoria autonómica.

Los excesos reguladores de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado crean desprotección en un buen número de intereses generales cuya competencia está reconocida y asumida por la CAE, como por ejemplo: los derechos lingüísticos, la defensa de las personas consumidoras y usuarias, defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural, seguridad viaria, defensa de animales y plantas etc.

Se crea una desigualdad material de trato entre los operadores económicos en función del territorio, lo que podría generar deslocalizaciones de empresas y operadores en busca de territorios con normativa más laxa.

Esta ley, bajo el pretexto de "principio de eficacia" exige a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales la aplicación de la normativa del lugar de origen del operador económico en vez de aplicar su propia normativa.

Además y paradójicamente, esta ley, que pretende crear un mercado único, lo que en realidad hace es crear un doble mercado: uno interior español y otro para ámbito europeo.

Se recurren los artículos 4, 5 apartado 1, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, Dispisición Adicional Tercera, Disposición Adicional octava, Disposición Adicional Décima, Disposición Final Primera y Disposición Final Quinta.

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

En tercer lugar, el Gobierno vasco considera que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es tan exhaustiva y legisla con tal detalle que queda agotada, prácticamente, la capacidad de la CAE para establecer normativa adicional en materia de medio ambiente y ecología.

Además, esta normativa nace cuando se está tramitando una modificación extensa de la Directiva comunitaria 2011/92/UE, sobre evaluación ambiental de proyectos, que con toda probabilidad obligará a revisar esta Ley.

Otro de los aspectos que fundamentan el recurso es la modificación que el Gboierno español ha hecho de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que deja de ser un órgano de cooperación, con base consultiva y de intercambio de información, para convertirse en un instrumento con capacidad para impulsar reformas en la normativa autonómica, lo que puede limitar las competencias de la CAE.

En concreto se recurren los artículos 4 apartados 1, 2 y 3; artículo 12, apartados 2, 3, 4, y 5; artículo 19, 24, 30, 34, 40, 46, 49, 50, Apartado 2 de la Disposición Derogatoria única, Disposición Final Séptima y la Disposición final undécima.

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