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La Inspección de Vivienda Protegida detectó cerca de un millar de casos irregulares en las 5.000 VPO que visitó en 2013

21 de febrero de 2014

En 2013, la actividad desplegada por la Inspección de vivienda protegida del Departamento de Empleo y Políticas Sociales permitió detectar 943 situaciones irregulares que derivaron en 21 sanciones, en su mayoría por incumplir la obligación de ocupar la vivienda como residencia habitual y permanente.


La vulneración de una condición ineludible para el propietario de una vivienda de protección pública, como es la obligación de ocuparla en un plazo no superior a los tres meses y mantenerla como residencia habitual y permanente, ha sido tradicionalmente la principal causa de sanción por parte del Servicio de Inspección de vivienda protegida.

Este supuesto que en 2013 fue el origen de 12 sanciones, junto a la ausencia continuada e imposibilidad de contacto (6 casos) y el alquiler no autorizado de la vivienda (3 casos), se convirtió nuevamente en la causa principal de las 21 sanciones impuestas por este órgano creado por el Gobierno vasco en 2009 para perseguir el fraude en el acceso a los pisos protegidos.

Hasta desembocar en una multa, la Inspección tuvo que visitar previamente 4.670 viviendas en las que se detectaron 943 casos irregulares, la mayoría de los cuales fueron subsanados con posterioridad. El importe económico de las 21 sanciones impuestas el año pasado ascendió a 49.656 euros, lo que supone una media de 2.364 euros por expediente sancionador.

Para la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren, la Inspección vela por el cumplimiento efectivo de la función social para la que fueron construidas las viviendas protegidas. “No tiene afán recaudatorio sino disuasorio, diría incluso que didáctico, porque con sus actuaciones hace que la sociedad tome conciencia de la función de las VPO y desista de potenciales actitudes fraudulentas”, ha recalcado.

Esa función inspectora consiste fundamentalmente en un trabajo de campo intensivo, de visita a las viviendas y control de sus ocupantes, utilizando para ello diferentes medios, tanto presenciales como a través del contacto telefónico, consulta a vecinos, etc. Con esta información y la derivada de las diligencias practicadas (reclamación de consumos de agua, luz, datos de empadronamiento, etc.), se formula el “Acta de Inspección”, donde el inspector califica el supuesto y determina si el propietario es sospechoso de infracción o por el contrario es correcto y hay que archivarlo.

Desde su puesta en marcha, el Servicio de Inspección ha realizado 83.418 visitas a un total de 63.015 viviendas, lo que equivale al 90% del parque de viviendas de promoción pública existente en la comunidad autónoma. Del total, 83.153 se han gestionado de oficio, y el resto a partir de denuncias de terceros.

Como consecuencia de esas visitas, se identificaron 10.257 casos irregulares que se trasladaron a los servicios jurídicos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la apertura del correspondiente expediente sancionador. En concreto, 953 expedientes finalizaron en sanción, lo que representa el 9,3% del total de situaciones inicialmente identificadas como irregulares y el 1,51% sobre el total de viviendas visitadas. El monto de todas esas sanciones asciende a 2,21 millones de euros.

Un comentario
  • Faceless avatar thumb 70
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  • @HeliadesGE
    22 de febrero de 2014

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