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El Gobierno Vasco pide a la fiscalía que investigue la autorización concedida a una empresa sanitaria

30 de abril de 2010

 El Consejo de Gobierno acordó en su reunión del pasado martes remitir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las actuaciones administrativas relativas a la autorización sanitaria de funcionamiento concedida en su día a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL.

El expediente informativo abierto por el Departamento de Sanidad y Consumo para esclarecer la legalidad de la contratación de determinados servicios sanitarios concluye que el Director Territorial de Sanidad de Bizkaia firmó el 9 de junio de 2006 una autorización de funcionamiento para dicha empresa "al margen del procedimiento legalmente establecido". En esa fecha, Gestión de Servicios Sanitarios SL solicitó una autorización sanitaria de funcionamiento y fue "ese mismo día, sin acto alguno de instrucción del expediente iniciado con la solicitud" cuando el Director Territorial de Sanidad de Bizkaia "dictó resolución concediendo la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento". Unos días después, el 26 de junio, Gestión de Servicios Sanitarios XXI resultó adjudicataria de un contrato para afrontar la situación de pacientes en lista de espera, con el informe desfavorable de la Oficina de Control Económico.

 Según señala el informe aprobado en el último Consejo de Gobierno, ni el permiso otorgado el 9 de junio de 2006 figura en el Sistema Integrado de Ordenación Sanitaria (SIOS) ni la empresa autorizada consta, como es preceptivo, en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Ambas circunstancias llevaron al instructor del expediente a considerar que "debía emprenderse un análisis riguroso y en profundidad de las repercusiones que la autorización irregularmente concedida podría tener". El investigador recomendó asimismo que se iniciara una investigación detallada sobre la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el titular del órgano emisor de la autorización de referencia".

 Un informe del Departamento de Justicia y Administración Pública fechado el 18 de diciembre de 2009 concluye que, a la vista de los hechos conocidos, se dan indicios de prevaricación, a la espera del informe "preceptivo y vinculante" que sobre esta cuestión emitiera la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Este órgano se pronunció sobre la cuestión el 10 de marzo de 2010. En su dictamen, declaró nula de pleno derecho la resolución del 9 de junio de 2006, "por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

 Además de las actuaciones practicadas por el Departamento de Sanidad y del acuerdo adoptado el martes pasado por el Consejo de Gobierno, el Parlamento vasco aprobó en pleno, el 24 de septiembre de 2009, una proposición no de ley por la que insta al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que investigue y se pronuncie sobre "el procedimiento de autorización de la empresa Gestión de Servicios XXI con el fin de establecer si pudo haber una alteración del procedimiento administrativo reglado". El informe solicitado no se ha emitido aún.

 

 

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