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Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de alzada contra el copago de farmacia hospitalaria ambulatoria (Acuerdo del Consejo de Gobierno del 16-10-2013)

16 de octubre de 2013

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DA LUZ VERDE AL RECURSO DE ALZADA CONTRA EL COPAGO DE FARMACIA HOSPITALARIA AMBULATORIA POR PENALIZAR INJUSTAMENTE A LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS GRAVES

El consejo de Gobierno Vasco ha autorizado al Consejero de Salud para que interponga recurso de alzada en contra de la decisión del Gobierno Central de aplicar el copago de farmacia hospitalaria ambulatoria, por considerarlo una medida inadecuada e injusta, además de ineficaz en términos de sostenibilidad del sistema.

Después de que el propio consejero Jon Darpón pidiera el pasado mes de septiembre a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que reconsiderara dicha medida, el Gobierno Vasco ha decidido formular recurso de alzada antes de que concluya el plazo previsto, el próximo 19 de octubre.

Las razones que sustentan el recurso de alzada son las mismas que ha venido esgrimiendo el Gobierno Vasco desde la aprobación de esta medida, de forma unilateral y sin previa consulta con las Comunidades Autónomas por parte del ejecutivo español. Fundamentalmente, Euskadi considera que es una medida injusta que atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves. Según insiste el propio Darpón, de hecho, este copago provocaría contradicciones tan flagrantes como que, dentro de un colectivo de personas con la misma patología, algunas de ellas se vieran afectadas por la medida y otras, no. En concreto, el Departamento de Salud estima que, de aplicarse, la medida podría perjudicar a unas 4.000 vascos y vascas afectadas por procesos oncológicos, hepatítis crónica, artritis reumatoide, psoriasis y asma grave, entre otros.

Además de la manifiesta inequidad de la medida, el Gobierno Vasco argumenta que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, autora de la resolución de 10 de septiembre objeto del recurso de alzada, no es competente para dictarla, dado que supone de facto un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación del usuario, que requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico y, desde luego, con participación de las Comunidades Autónomas, que han sido excluidas del debate.

Por otra parte, la resolución no utiliza los mismos criterios a la hora de calificar los medicamentos, carece de rango para regular la aportación del usuario y utiliza una fórmula incorrecta para el cálculo de esta aportación.

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