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Cataluña y País Vasco hacen frente común ante el Estado en defensa de un modelo comercial propio

7 de octubre de 2013

• La Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco, mediante las respectivas direcciones generales de Comercio, han formalizado hoy la Declaración de Barcelona en defensa del modelo de comercio de proximidad y el equilibrio de formatos.

• El documento pone de manifiesto el desacuerdo de ambos Gobiernos con la regulación impulsada por el Estado, y analiza sus efectos sobre las competencias autonómicas y el modelo comercial.

Lunes, 7 de octubre de 2013.- Frente común de los gobiernos catalán y vasco ante el Estado en defensa de su modelo comercial. Hoy se ha formalizado la Declaración de Barcelona, un manifiesto que defiende un modelo de comercio de proximidad y en equilibrio con los distintos formatos de distribución, que pone en evidencia el desacuerdo de ambos gobiernos con la regulación promovida por Gobierno Central. El secretario general del Departamento de Empresa y Empleo, Xavier Gibert, ha presidido el acto que ha contado con la presencia del director general de Comercio de Catalunya, Josep Maria Recasens, el director general de Comercio del Gobierno Vasco, Jon Zarate.

La Declaración de Barcelona es un manifiesto en defensa de un modelo de comercio urbano y de proximidad que pone en evidencia el desacuerdo de Catalunya y Pais Vasco con la ordenación comercial dictada por el Estado. En este sentido, advierte de las graves consecuencias de las medidas de promoción y ordenación promovidas por el gobierno central, que ponen peligro un modelo de comercio urbano de proximidad y la destrucción de puestos de trabajo, además de provocar la desertización de pueblos y ciudades. El manifiesto también hace referencia a la vulneración de competencias y la imposición de leyes inconstitucionales que impiden a los gobiernos autonómicos llevar a cabo sus políticas en este ámbito.

Concretamente, el texto analiza diversas medidas y normativas impulsadas por el Ejecutivo Central que afectan el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas:

- Real decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que afecta diferentes aspectos de la regulación comercial y competencias de las Comunidades Autónomas cómo es la regulación de los horarios comerciales y de las diferentes modalidades de venta.

- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas, para la mejora del funcionamiento, sobre la regulación de la cadena alimentaria, que afecta el ámbito competencial de inspección y control de las Comunidades Autónomas a favor de una Agencia de Inspección y Control Alimentario de nueva creación.

- Plan Integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España 2013 y anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, que incide en competencias de diferentes ámbitos otorgadas a estos órganos.

- Anteproyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que incide en la potestad sancionadora autonómica.

- Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, sobre la concesión de licencias para la implantación de empresas y la creación de una nueva estructura que aglutine el control sobre la regulación de la actividad económica.

El documento cuenta con el apoyo de las siguientes organizaciones empresariales de Catalunya y Euskadi: Confederació de Comerç de Catalunya; Pimec Comerç; Euskaldendak (Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicio de Euskadi); Plataformas de Comercio Urbano y Euskomer (Confederación Vasca de Comercio).

Ambos gobiernos han manifestado su intención de ofrecer el manifiesto al resto de Comunidades Autónomas y administraciones de todo el Estado y a las entidades representativas del sector para consensuar un posicionamiento común en materia de ordenación comercial. También se ha acordado complementar el documento con nuevos datos y argumentos sobre los efectos de la normativa promovida por el Gobierno Central en la sociedad.

 

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