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El Gobierno acata la sentencia de la ITV sin dilación y con el menor daño patrimonial para la administración

19 de abril de 2010

El Tribunal Supremo obliga a cambiar la valoración realizada en 1993 por el Gobierno Vasco al adjudicar las estaciones

El consejero de Industria afirma que el Gobierno Vasco está realizando "todas las labores que nos competen para poder facilitar una solución lo antes posible".

Bernabé Unda, consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Industria del Parlamento Vasco para explicar las gestiones realizadas por el Gobierno Vasco en relación con una sentencia de 2007 del Tribunal Supremo sobre la adjudicación de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) realizada por este Departamento. Unos hechos que se remontan a 1993.

Unda, que ha comparecido junto con el viceconsejero de Industria y Energía, Xabier Garmendia, y la directora de Administración y Seguridad Industrial, Yolanda López, ha dejado claro que el Departamento acatará la sentencia sin dilación y con el menor daño patrimonial para la Administración.

Hasta el año 1993, el servicio de ITV se prestaba directamente por la Administración autonómica y por varios talleres autorizados. En 1993 se convocó un concurso para adjudicar el servicio en régimen de concesión. Para ello se dividió en cuatro lotes con un criterio geográfico. Cada uno de ellos contenía una de las estaciones preexistentes pertenecientes al Gobierno Vasco, además de otra que cada adjudicatario debía comprometerse a construir. Los lotes eran:

  • - Lote 1: Estación de Arrigorriaga y otra por construir (Zamudio). La empresa ganadora fue Iteuve Euskadi.
  • - Lote 2: Estación de Trapagaran y otra por construir (Amorebieta). Se adjudicó a IT Link.
  • - Lote 3: Estación de Jundiz, en Vitoria, y otra por construir (Bergara). El adjudicatario final fue la empresa Luybas.
  • - Lote 4: Estación de Urnieta y otra por construir (Irun). El ganador fue TÜV Rheinland Ibérica.

Como aclaración, cabe explicar que Luybas e Iteuve Euskadi se fusionaron en junio de 2005, de modo que ahora se denomina Iteuve Euskadi y pertenece a la multinacional Applus. Gestiona, por tanto, los lotes 1 y 3. 

Ya en septiembre de 1993 se presentaron alegaciones (que se admitieron) por parte de cuatro empresas licitadoras a los criterios de valoración del concurso. Por otro lado, tras un informe técnico que daba como adjudicatario del lote 3 a la empresa Eusko IAT, la Mesa de Contratación la excluyó por incurrir en causa de incompatibilidad puesto que los socios fundadores eran funcionarios. Así pues, se adjudicó a Luybas. El BOPV del 24 de noviembre de 1993 publicó la adjudicación de los cuatro lotes.

A partir de ahí, comenzaron los recursos en vía administrativa. En diciembre de 1993, cuatro empresas presentaron recursos de reposición. Aunque se estimaron algunas alegaciones, el resultado de las adjudicaciones era el mismo.

El siguiente paso son los recursos contencioso-administrativos ante los tribunales. Los presentaron las licitadoras ITA-Asua, Itevelesa y Atisae en diciembre de 1994 ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El 20 de julio de 2001, se dictó sentencia, que estimaba en parte los recursos interpuestos y anulaba los actos impugnados. Establecía que el Gobierno Vasco debía efectuar una nueva valoración conforme a unos criterios que se pueden agrupar en:

  • - Exclusión del elemento 'Domicilio Social' en la adjudicación de todos los lotes.
  • - Exclusión de los datos relativos a los socios de las empresas licitadoras en los lotes 1, 2 y 3, tomando en cuenta sólo los de éstas.
  • - Modificaciones concretas en los puntos atribuidos a algunas licitadoras por los elementos 'Experiencia' y 'Solvencia Económica y Profesional'.

El Gobierno Vasco y las licitadoras Luybas, IT Link, ITA-Asua, Atisae e Itevelesa interpusieron Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJPV, ya que una nueva valoración, resultado de aplicar los criterios de esta sentencia, hubiera supuesto el cambio de adjudicatario en los 4 lotes, todo ello debido a la exclusión del elemento 'domicilio social'.

El 26 de diciembre de 2007, el Tribunal Supremo resolvió los recursos de casación mediante una sentencia que establece: Casar la sentencia del TSJPV, estimar parcialmente los recursos contencioso administrativos interpuestos y ordenar la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior a la adjudicación para que el Gobierno Vasco efectúe nueva valoración conforme a estos criterios:

  • - Restaurar del criterio 'domicilio social' previamente anulado por la sentencia del TSJPV. Por tanto, ese criterio sí se tendrá en cuenta al valorar.
  • - Mantener en la valoración de los lotes 1, 2 y 3 la exclusión de los datos de los socios de las licitadoras.
  • - Mantener las modificaciones concretas en los puntos atribuidos a algunas licitadoras por los elementos 'Experiencia' y 'Solvencia Económica y Profesional'. (70 puntos a Itevelesa, por titulación académica y 51 puntos a Atisae, por cifra de negocios).
  • - Mantener la consideración de TÜV Rheinland Ibérica como implantada en una sola comunidad autónoma, no en dos.

A efectos prácticos, esto supone que el lote 4 se deberá adjudicar a Itevelesa y que se necesitará realizar una nueva valoración de los otros tres lotes por parte de la Comisión Central de Contratación.

Este procedimiento de ejecución de la sentencia está llevando una enorme complejidad. Como prueba, cabe decir que tanto el TSJPV como el TS hayan invertido prácticamente siete años cada uno en resolver los respectivos recursos. A esto se debe añadir la falta de claridad del Tribunal Supremo al exponer sus fundamentos; extremo que se confirma por la existencia de dos peticiones de aclaración de sentencia resueltas por sendos autos de septiembre de 2008 y abril de 2009.

Para ejecutar la sentencia, la Administración debe retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior a la adjudicación, es decir, situarse de nuevo en el año 1993 para efectuar una nueva valoración de las propuestas presentadas por los licitadores. Esta nueva valoración deberá observar los criterios establecidos en la sentencia del Supremo; criterios que si bien en su mayoría son fácilmente aplicables por su naturaleza meramente numérica, uno de ellos, sin embargo, plantea grandes dificultades basadas en la indeterminación que supone.

También debe destacarse que el Tribunal Supremo devolvió de forma incompleta el expediente administrativo original remitido en su día por esta Administración para sustanciar el recurso. Si bien, a partir de las copias del expediente podrá completarse la documentación extraviada y llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, no es menos cierto que esta circunstancia podría ser alegada en algún momento por alguna de las partes.

No es el único caso de extravío de expedientes. Al parecer, la Dirección de Contratación del Gobierno Vasco emitió un informe desfavorable en 1993 respecto a la valoración efectuada por el Departamento de Industria que no fue tenido en cuenta. Sin embargo, ese informe no se ha encontrado en el expediente y, por tanto, no es posible concretar su contenido.

Incidente de nulidad

La ejecución de la sentencia se complicó aún más en septiembre de 2009, cuando una de las sociedades adjudicatarias (TÜV Rheinland Ibérica) interpuso un incidente de nulidad de actuaciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, alegando indefensión causada por no haber sido emplazada en el recurso.

Este incidente está pendiente de resolución; debe tenerse en cuenta que su hipotética estimación supondría retrotraerse en todas las actuaciones procesales al momento posterior a la interposición de los recursos contencioso-administrativos. Es decir, volver al año 1995.

A la vista de estas circunstancias, mediante providencia del 15 de octubre de 2009, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, órgano encargado de la ejecución, suspendió la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el mismo órgano, por Auto de 19 de enero de 2010, ha estimado un recurso de súplica presentado por uno de los recurrentes y ha acordado revocar la suspensión de la ejecución. Así, se debe proseguir hasta la elaboración de la nueva propuesta de adjudicación.

De todo lo anterior, puede apreciarse la multitud de vicisitudes en las que se ha visto envuelto el proceso. El Gobierno Vasco tiene claro que será minucioso al ejecutar la sentencia, lo hará sin dilación y con el menor daño patrimonial a la Administración.

En línea con esto, ultimada ya la nueva valoración, en breve se reunirá la Comisión Central de Contratación para estudiarla y aprobar la correspondiente propuesta de adjudicación. Se prevé que para junio esa propuesta se hará llegar al TSJPV, con lo que la sentencia habrá sido ejecutada; a partir de ese momento el asunto seguirá los trámites usuales de cualquier expediente de contratación. De todos modos, debe tenerse presente que aún está pendiente de resolución el mencionado incidente de nulidad, cuya hipotética estimación supondría la retroacción de todas las actuaciones procesales al año 1995.

Por otro lado, y mientras este proceso seguía sin resolverse en vía judicial, el Gobierno Vasco firmó en febrero de 2005 un preacuerdo con los concesionarios de ITV para construir una tercera estación en cada lote. El acuerdo se materializó en marzo de 2007.

Al margen de que resulta cuestionable la necesidad real de una tercera estación de ITV por cada lote, el proceso en la transmisión de los terrenos ha seguido también un proceso complejo y que aún no se ha cerrado. De momento, y hasta que no se clarifique la adjudicación definitiva tras la sentencia, no se considera pertinente la construcción de una tercera estación.

Como conclusión, el consejero ha recordado que se trata de una situación que se arrastra desde 1993 y que en este momento el Gobierno está realizando "todas las labores que nos competen para poder facilitar una solución lo antes posible".

 

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Cargos asistentes al acto
(IX legislatura 2009 - 2012)
  • Bernabé Unda
    Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (IX legislatura)
Otros invitados
  • Bernabé Unda