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Finaliza el plazo para que las empresas con centros de trabajo en el extranjero puedan acogerse a las ayudas del Gobierno vasco

12 de septiembre de 2013

El próximo 30 de septiembre finaliza el plazo de admisión de solicitudes para que las empresas vascas con centros de trabajo en el extranjero puedan acogerse a las ayudas que concede el Departamento de Empleo y Políticas Sociales por contratar a personas jóvenes desempleadas en prácticas.

Este programa, que por segundo año consecutivo gestiona Lanbide, cuenta con una dotación presupuestaria de 4,42 millones de euros, casi el doble de lo ejecutado en el anterior ejercicio (2,59 millones). Su desarrollo forma parte de un conjunto de medidas de apoyo del Gobierno al tejido empresarial vasco. En este caso, las ayudas se dirigen principalmente a empresas que están realizando un importante esfuerzo de internacionalización (sector aeronáutico, automoción o ingenierías), que además actúan como tractoras sobre otros sectores.

Igualmente, en un periodo en que los jóvenes están siendo fuertemente castigados por la crisis económica, las ayudas del Gobierno vasco suponen una oportunidad para que este colectivo pueda mejorar sus perspectivas laborales.

En particular, las ayudas se dirigen a personas jóvenes desempleadas menores de 34 años que estén registradas como demandantes de empleo en las oficinas de Lanbide y que dispongan de una titulación universitaria, formación profesional de grado superior o medio, otras titulaciones oficialmente reconocidas como equivalentes, o certificado de profesionalidad. Igualmente, las personas candidatas deberán contar con las competencias lingüísticas requeridas por las respectivas empresas para el correcto desempeño de su trabajo.

Las empresas privadas o público-privadas que quieran acogerse a las ayudas que concede el Gobierno vasco deberán tener su domicilio social y fiscal o un centro de trabajo radicado en la CAPV, y contar con centros de trabajo, empresas participadas o empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial ubicadas en el exterior. Asimismo, deberán acreditar que no se ha producido destrucción de empleo en el puesto de trabajo como consecuencia de la nueva contratación.

La duración mínima del contrato será de doce meses y éste deberá ser a jornada completa. Las personas contratadas prestarán sus servicios en centros de trabajo radicados fuera del Estado, y se les garantizará una estancia mínima de nueve meses.

Además del salario y los costes de seguridad social que se subvencionarán, durante el periodo de estancia en el extranjero la empresa deberá abonar a la persona contratada 350 euros mensuales en concepto de dietas por alojamiento y manutención, también subvencionados, al margen de la cantidad que esté establecida en el convenio colectivo de la propia empresa.

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