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El Gobierno Vasco analiza la nueva PAC recordando al Ministerio que las Instituciones Vascas quieren capacidad de decisión a la hora de aplicar la reforma

28 de junio de 2013

A partir de ahora se iniciará un proceso de discusión sobre las distintas aplicaciones dentro del Estado español

  • El Gobierno vasco ha iniciado la evaluación del impacto real que la reforma de la Política Agraria Común para el periodo 2014-2020 tendrá en Euskadi, recordando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que las instituciones vascas quieren capacidad de decisión y aplicación
  • Finalizada la primera parte de la negociación se inicia en cada Estado un proceso de decisión. El Gobierno vasco lleva meses analizando los diversos escenarios que se plantean y sus posibles implicaciones sectoriales, y Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, reclama que “lo mismo que el ministro Arias Cañete ha pedido en Bruselas, capacidad de decisión para su Estado, pedimos nosotros ahora en Euskadi, de manera que la reforma se aplique pensando en nuestro sector”.

El viceconsejero Oroz ha recordado que se debe tener en cuenta que los diferentes aspectos de esta reforma afectan directamente al ejercicio de la competencia otorgada por el Estatuto de Autonomía a Euskadi en materia de Montes, Agricultura, Ganadería, Promoción, Desarrollo Económico y Planificación de la Actividad Económica. En consecuencia, el Gobierno vasco conjuntamente con las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han propuesto a la Administración General del Estado que se tengan en cuenta aspectos, como son la implantación de un modelo de regionalización administrativa en materia de ayudas directas y el reconocimiento de la plena capacidad para definir objetivos propios relativos a los fondos FEADER. Estas propuestas se hacen extensivas a otros ámbitos íntimamente relacionados, tales como el campo de la innovación, la OCM única o en concreto el nuevo Programa nacional de apoyo al vino.

Convergencia interna

A pesar de que es necesario analizar los acuerdos con detalle, en una primera valoración el Gobierno Vasco ve un aspecto muy preocupante en la convergencia interna. El acuerdo permite una reducción de pagos de hasta el 30% en el año 2019 respecto a la situación actual, porcentaje extraordinariamente alto dada la gran dependencia de las ayudas en la renta de los baserritarras y de la fuerte volatilidad de los precios agrarios que se registra en la actualidad.

Otro aspecto que el ejecutivo autónomo tiene muy en cuenta y que considera negativo es la entrada en el sistema de nuevas superficies elegibles, que traerá como consecuencia una reducción muy importante de la ayuda media por hectárea.

Por el contrario, el Gobierno vasco valora positivamente la flexibilidad en cuanto a la comarcalizacion, porque permitiría definir comarcas con importes más homogéneos de ayudas. No obstante considera un lastre la aprobación definitiva de  la bolsa destinada a las ayudas acopladas (13% revisable al alza con autorización de la Comisión), porcentaje muy lejano al que se destina en la actualidad en Euskadi.

En cuanto al greening o “pago verde”, es cierto que se han logrado mejoras respecto a la propuesta de Reglamento de 2011, tanto respecto a exigencias (rotación de cultivos, superficie de interés ecológico, etc.) como en cuanto al derivado de su cálculo, el cual se va a realizar a nivel de explotación aunque se considera que esta última componente tiene un peso excesivo.

Las cuotas de azúcar finalizarán en 2017 por lo que el futuro de este sector, de gran importancia en Araba, es muy incierto. En el sector del vino se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones, que estará vigente hasta el 2030, y los derechos de plantación actuales mantendrán su validez y efectividad durante un periodo transitorio de 5 años, hasta 2020. Además las medidas de promoción se hacen extensibles al mercado comunitario, y no solo a terceros países tal y como se contemplaba en la actualidad.

Respecto al sector lácteo, queda pendiente establecer las actuaciones a realizar en caso de desequilibrios y crisis en el sector, aspecto muy importante tras un escenario de supresión de cuotas.

Por lo que respecta a la definición de agricultor activo, finalmente se ha optado por la de establecer una lista de aquellos que no puedan percibir ayudas a ampliar por cada Estado miembro o región, lo que es valorado como un avance por el Gobierno vasco.

 

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