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La Dirección de lo Contencioso logró en 2011 un 55,34% de sentencias favorables a la Administración

17 de octubre de 2012

Los asuntos judicializados de nueva entrada en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, durante el año 2011, ascienden a 3.030

La Dirección de lo Contencioso, órgano en el que se centralizan todos los pleitos y juicios en los que interviene de forma activa o pasiva el Gobierno Vasco, logró en 2011 un 55,34% de sentencias totalmente favorables para la Administración y los intereses de la CAPV. Así se desprende de la Memoria de actividad realizada por la referida Dirección del Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública, que constata un incremento general en el número de asuntos que han tenido entrada en la misma.

Los asuntos judicializados de nueva entrada en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, durante el año 2011, ascienden a 3.030; incluyen las actuaciones ante los juzgados y tribunales de justicia de todos los órdenes jurisdiccionales (contencioso-administrativo, social, civil, penal, mercantil), así como los asuntos tramitados ante jurisdicciones especiales, como la del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas y las 831 justicias gratuitas. Todos ellos son contenciosos, por existir intereses contrapuestos, aún cuando a veces, sin mucho rigor, se hable de asuntos contenciosos para referirse exclusivamente a los contencioso-administrativos.

La cifra de 3.030 asuntos supone un 3% de incremento en relación al ejercicio 2010. No obstante, debido a la larga duración de los procesos, que habitualmente superan el año natural, el volumen de los pleitos, causas, recursos y juicios vivos es muy superior.

Dentro del total de actuaciones judiciales, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, es el que presenta mayor número de asuntos, con un total de 1.714 procedimientos contenciosoadministrativos iniciados en el año 2011. De este volumen, 1.290 corresponden a procedimientos abreviados y 424 a procedimientos ordinarios.

La litigiosidad en el orden jurisdiccional laboral durante el ejercicio 2011 fue inferior a la del ejercicio 2010. El número de procedimientos laborales nuevos fue de 204, frente a 311 del año anterior.

Asimismo, durante el año 2011 se dieron de alta un total de 134 procedimientos civiles y 23 procedimientos penales, a lo que hay que añadir 831 impugnaciones de resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Son tres las consideraciones generales que se pueden hacer respecto a las actuaciones correspondientes al año 2011. En primer lugar, se observa una tendencia creciente de enjuiciamiento. Probablemente ello obedece a la creencia general de que la vía administrativa y los recursos previstos en la misma, rara vez modifican las decisiones de origen. En segundo lugar, existen pleitos ligados a cuantías económicas importantes. En tercer y último lugar, se puede comprobar el crecimiento de actuaciones derivadas de asuntos con elevada trascendencia mediática.

La Dirección de lo Contencioso desempeña la labor de representación y defensa, en última instancia, de los intereses generales de la Administración General de la comunidad autónoma y de sus organismos autónomos, así como de otros órganos cuya legislación atribuye a esta dirección su representación y defensa, tales como la Agencia de Protección de Datos.

Específicamente, corresponden a la Dirección de lo Contencioso los siguientes aspectos:

- La realización de los actos previos necesarios y la dirección y coordinación de la representación y defensa de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma.

- La realización de los informes, iniciativas, requerimientos y actuaciones prejudiciales, así como la dirección de la representación y defensa de los intereses del Gobierno en todos los órdenes jurisdiccionales ordinarios, así como ante la jurisdicción constitucional y la Comisión Arbitral.

- El asesoramiento, elaboración de informes y coordinación respecto al inicio de acciones judiciales.

- Proponer las medidas correctoras de la actuación administrativa tendentes a disminuir o prevenir la interposición de recursos o reclamaciones.

- La coordinación de los actos administrativos derivados de la ejecución de sentencias, recaudación o pago de costas procesales.

- El estudio de la incidencia de sentencias sobre el ordenamiento jurídico y, en general, sobre las consecuencias de los procedimientos judiciales.

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