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El Consejo Vasco de Familia asesorará a agentes sociales y administraciones públicas sobre el diseño de políticas familiares

1 de octubre de 2012

El Consejo Vasco de Familia, el órgano consultivo encargado de canalizar la participación de los agentes sociales en el diseño de las políticas públicas sobre familias, celebró el pasado jueves su sesión constitutiva bajo la presidencia del departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, al que está adscrito.

La constitución del Consejo vasco de familia está contemplada en la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, la cual tiene por objeto establecer el marco y las bases para una política familiar integral orientada a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las familias y sus miembros. Entre las múltiples funciones del nuevo órgano asesor está la de emitir informes de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y reglamentos en materia de familia, e informar de las propuestas de planes interinstitucionales de apoyo a las familias. Además, el Consejo podrá emitir dictámenes sobre el grado de cumplimiento de los planes interinstitucionales de apoyo a las familias, elevar propuestas al Gobierno y a las demás administraciones públicas en mteria familiar y realizar un seguimiento de ellas.

La citada ley de Apoyo a las Familias establece como comisiones integradas en el Consejo Vasco de Familia, la Comisión Interdepartamental de Familia, la Comisión Interinstitucional de Familia y la Comisión Permanente de Familia. La primera de ellas se configura como el órgano de coordinación de las actuaciones en materia de familia de los distintos departamentos del Gobierno vasco; la segunda es el máximo órgano de colaboración, coordinación y participación de las distintas administraciones públicas en materia de familia; y, la tercera es el foro específico de participación de los agentes sociales implicados en la protección, atención y apoyo a las familias.

El Consejo vasco de familia está formado por un total de 32 miembros en representación de las Diputaciones forales, los Ayuntamientos y las entidades privadas sin ánimo de lucro.

 

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