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Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social

15 de febrero de 2010

 

"El reto de la Ley de Garantía de Ingresos es activar laboralmente a los que reciben ayudas" 

 

  • El objetivo de la Ley es convertir la Renta de Garantía de ingresos en una Renta Activa a través del derecho a las prestaciones y el derecho a la inclusión sociolaboral.

 

  • La contrapartida a una prestación va a ser la firma de un Convenio o contrato de Inclusión Activa

 

  • El nuevo Plan de Inclusión Activa 2010-2015, que estará listo en el segundo semestre de este año, potenciará la activación de las personas que se encuentran en situaciones de desempleo prolongado

 

 La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha comparecido esta mañana ante la comisión de de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco para explicar el desarrollo de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Se trata de una norma dirigida a consolidar la igualdad de derechos entre ciudadanos desde la protección social y el fomento del empleo.

 El corto espacio de tiempo trascurrido entre la aprobación de la norma, en diciembre de 2008, y la celebración de las elecciones autonómicas, en marzo de 2009, no permitió que se dieran pasos para su desarrollo por el anterior Ejecutivo. Por eso, una de las primeras iniciativas que adoptó la consejera ya al frente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales fue la de desarrollar la norma con el objetivo de convertir la Renta de Garantía de ingresos en una Renta Activa, como lo vienen haciendo los países de nuestro entorno europeo (Francia o Alemania) y como lo establece la propia ley a través del llamado doble derecho: derecho a las prestaciones y derecho a la inclusión sociolaboral.

 "La Ley", aseguró la consejera durante su comparecencia, "nos permite defender unas políticas de País con la mira puesta en la protección de la ciudadanía pero sin caer en los excesos de una sociedad subsidiada.  El gran reto y la gran oportunidad de la Ley reside en activar laboralmente a las personas que hoy tienen que acogerse a las ayudas sociales que proporciona esta norma". "Lo que hacemos ahora es materializar políticas que garanticen el doble derecho: la prestación económica para las familias que lo necesiten, desde luego, pero también la inclusión social que este Gobierno no olvida y que pretende ejecutar a través de unas políticas activas de inclusión laboral potentes, eficaces y basadas en la corresponsabilidad", recalcó la consejera.

 La contrapartida a una prestación va a ser siempre la firma de un Convenio o contrato de Inclusión Activa. Contrato que, firmado entre la persona perceptora de las ayudas y la Administración, obligará a estas personas, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar disponibles para la activación laboral. "El nivel de exigencia del Gobierno en esta materia será alto, puesto que alto es el nivel de protección del sistema", señaló Zabaleta.

DECRETOS

 El primer decreto de la Ley que ha sido aprobado es el de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de enero de 2010. La PCV, que se ha convertido en un derecho subjetivo, va dirigida al pago de los gastos de alquiler de aquellas familias que lo necesiten y viene a sustituir a las Ayudas de Emergencia Social (AES) de alquiler, una prestación muy importante durante todos estos años de protección social en Euskadi, pero que no garantizaba suficientemente el pago del alquiler.

 La cuantía de la PCV es de 250 ó 320 euros. La primera cuantía con carácter general, la segunda para familias con tres miembros, o para quienes complementan RGI con rentas provenientes del trabajo. Las cuantías quieren ser incentivadoras del empleo y responder a las necesidades reales. Se estima que la PCV llegará a unos 16.200 perceptores en el año 2010, con un presupuesto ampliable de 43,1 millones de euros.

 La novedad más importante es que sólo se concederán dos prestaciones, Renta de Garantía de Ingresos y PCV por domicilio, porque cuando no se tienen ingresos suficientes, compartir un domicilio puede ser una alternativa pero no "el hacinamiento de un número a veces indeterminado de personas en un solo domicilio, convirtiéndose éstos en equipamientos residenciales que tendrán otro tratamiento en la cartera futura de servicios sociales y no a través de una Ley que garantiza derechos individuales. No se trata de recortar ningún derecho, sino de ordenar los derechos", puntualizó la consejera.

 El decreto de la Renta de Garantía de Ingresos será el siguiente en ser aprobado.  Este decreto ha superado el trámite de envío a órganos consultivos externos y en estos momentos quedan los informes de la Oficina de Control Económico del Gobierno y de legalidad, que emite la Comisión Jurídica Asesora del Departamento de Justicia. Entre sus novedades está el definir qué jóvenes entre 18 y 23 años acceden a esta renta, tal y como dice la Ley, por vivir situaciones que pueden suponer riesgo de alta exclusión o  muestran ya una vida adulta: menores de 23 con hijos o discapacitados a cargo, o huérfanos de padre y madre, o jóvenes de esas edades casados o en situación análoga a la conyugal, o menores que salen de centros de protección y carecen de todo tipo de apoyo o entorno familiar.

 En cuanto al decreto de Convenios de Inclusión Activa, el Departamento dispondrá a mediados de marzo de un primer borrador para su debate en la Comisión Interinstitucional. El decreto de Convenios de Inclusión constituye la pieza clave del Gobierno en sus políticas de Lucha contra la pobreza y la exclusión en este 2010, año europeo relacionado con esta materia. Los nuevos Convenios de Inclusión serán el instrumento de las políticas públicas para relacionar la protección que prestan las ayudas con el esfuerzo que se debe exigir a la ciudadanía que las percibe, para que se active laboralmente. Se trata de un contrato que, una vez firmado entre la persona perceptora de las ayudas y la Administración, obligará a estas personas, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar disponibles para la activación laboral. "El nivel de exigencia del Gobierno en esta materia será alto, puesto que alto es el nivel de protección del sistema", subrayó Zabaleta.

 También se encuentra en marcha el primer borrador de decreto de Ayudas de Emergencia Social. El Departamento podrá disponer de él para la segunda semana de abril  y presentarlo a la Comisión Interinstitucional para la Inclusión. Superada la fase de aportaciones, el documento será sometido a informe preceptivo del Consejo Vasco para la Inclusión. Como en el caso de los dos decretos anteriores, el trámite posterior consistirá en la consulta a los órganos externos al Gobierno que emiten informe y la posterior fiscalización interna tanto en la OCE como en la COJUA. El Departamento realizará un "seguimiento exhaustivo" de las necesidades de Ayuda de Emergencia que se vayan presentando en los distintos municipios de la CAE.

 Otra de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la redacción de un Plan de Inclusión Activa 2010-2015. Este trabajo debe iniciarse con la finalización de la vigencia del anterior Plan Interinstitucional, que se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 2009. Ahora corresponde evaluar los resultados. Este Plan no va ser una continuación de los dos planes interinstitucionales anteriores.  "Será un  Plan de Inclusión Activa porque su objetivo fundamental tiene que ver con la activación de las personas que se encuentran en situaciones de desempleo prolongado", subrayó Gemma Zabaleta.

 "Queremos un Plan", apuntó la titular del Departamento, "que en los próximos cinco años nos permita darle la vuelta a las políticas para que destinemos un gasto más equilibrado entre prestaciones sociales y políticas de activación, como formación, empleo protegido, contrataciones para estos parados de larga duración, etc. Activar para el empleo y que no suceda como ha ocurrido en otros momentos, que aun cuando estábamos en casi el pleno empleo, los perceptores de RGI, crecían".

 El objetivo es que, con los apoyos precisos, pero con un fundamental protagonismo personal, el perceptor de la prestación  pueda volver a ubicarse en la senda de la inclusión y la autonomía personal. "Esa es la filosofia y la letra de la Ley que aprobamos", recordó la consejera. El objetivo es presentar el nuevo Plan de Inclusión Activa en el segundo semestre de este año.

 Por otra parte, se están redactando los reglamentos del órgano de coordinación interinstitucional, denominado por la Ley Comisión Interinstitucional para la Inclusión, y el órgano de participación, denominado Consejo Vasco para la Inclusión, donde además de las diversas instituciones, están representadas las organizaciones del tercer sector. La idea es que ambos reglamentos estén listos antes del mes de junio.

 

             

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(IX legislatura 2009 - 2012)