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El 72% del fraude en las ayudas sociales se concentra en Bizkaia

21 de junio de 2012

 

Bizkaia concentra el 72,27% de las suspensiones en las prestaciones sociales iniciadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante sus primeros cinco meses de gestión íntegra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). El resto de suspensiones a perceptores que incumplían los requisitos marcados por ley se distribuyen entre un 13,88% en Araba/Álava y un 13,83% correspondiente a Gipuzkoa.

"Estos datos demuestran cómo se han hecho las cosas en Euskadi durante los últimos años con respecto a la lucha contra el fraude en las ayudas sociales y la diferencia de gestión y de control que ha existido de una diputación a otra", desvela el director general de Lanbide, Javier Ramos.

Durante estos primeros cinco meses de gestión íntegra de la RGI y la PCV, el personal de Lanbide ya ha iniciado procedimientos de suspensión a 2.031 perceptores de ambas prestaciones. Del análisis de estos expedientes se ha detectado la procedencia geográfica del fraude. En términos económicos, la magnitud de esta operación de lucha contra el fraude en las ayudas sociales representa un montante de 17,28 millones de euros al año.
En el caso de Bizkaia, su diputación ha sido la administración foral que más tiempo ha tardado en entregar sus expedientes. En este caso, más de seis meses para transferir el grueso de sus informes, 15.000 expedientes ordinarios pendientes, el 40% de los que gestionaba. De hecho, medio año después de que el Parlamento vasco encomendara a Lanbide la gestión íntegra de estas dos prestaciones económicas con el objetivo de ligarlas a la activación laboral, la diputación vizcaína todavía no ha entregado todos los expedientes que obran en su poder.

Y pese a que la mayor parte del trabajo le venía hecho por los servicios sociales de los municipios, este retraso ha supuesto demoras en el pago a personas que lo necesitaban y pagos sin control en casos que incumplían la ley, circunstancia que ha sido atajada por Lanbide una vez revisada la documentación remitida. "Nos hemos encontrado mucho descontrol en los documentos entregados por la Diputación de Bizkaia y los datos de suspensiones así lo corroboran", subraya Ramos.

La distribución de los perceptores suspendidos por incumplir la ley se distribuye según marca el siguiente cuadro:

Fraude en las ayudas sociales en la CAPV

Araba/Álava
Fraude        13,88 %
Población     14,66 %
Diferencial    -0,78

Bizkaia
Fraude          72,27 %
Población       53 %
Diferencial      +19,27

Gipuzkoa
Fraude          13,83 %
Población       32,33 %
Direferencial    -19,05

Como indica el gráfico, el fraude detectado por el personal de Lanbide en el cobro de prestaciones sociales se centraliza en Bizkaia, que acapara el 72,27% de los casos descubiertos, casi 20 puntos por encima de lo que le corresponde por índice poblacional. Mientras que Araba/Álava representa el 13,88% y Gipuzkoa, el 13,83%.

Tan abrumadora diferencia entre Bizkaia y el resto de territorios no se refleja sin embargo en el porcentaje de población que, según los últimos datos del Eustat, se distribuye con un 53% de la ciudadanía vasca localizada en Bizkaia, un 32,33% en Gipuzkoa y el restante 14,66%, en Araba/Álava.

De esta manera, mientras los diferenciales de Gipuzkoa y Araba/Álava se sitúan en un -19,05 y un -0,78 respectivamente, en el caso de Bizkaia éste indicador se dispara hasta un +19,27, xais veinte puntos de lo que


Hasta un año

Los expedientes entregados hasta la fecha por la Diputación Foral de Bizkaia acumulan una media de demora en la resolución de entre siete a ocho meses. Incluso el personal de Lanbide se ha encontrado con decenas de casos que superan el año de demora. Esta circunstancia "ha retrasado gravemente la gestión de las ayudas sociales en ese territorio, ha entorpecido el control y seguimiento de los expedientes, así como la lucha contra el fraude en esta prestación".

Lanbide ha revisado uno a uno cada estos expedientes y ha pagado a los perceptores afectados las cantidades que la Diputación Foral de Bizkaia les adeudaba pese a cumplir todos los requisitos para recibir una prestación social. "La gestión de la diputación vizcaína con la RGI ha sido nefasta y resulta aún más dramática su incapacidad cuando los afectados son familias con graves apuros económicos".


Consecuencias de la gestión de la Diputación de Bizkaia

Esta demora en la resolución de expedientes por parte de la Diputación Foral de Bizkaia ha provocado asimismo que Lanbide haya abonado ya un montante extra de 13 millones en las nóminas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para saldar los atrasos generados por esta administración foral, responsable de su gestión hasta el pasado diciembre.

El Servico Vasco de Empleo se ha visto obligado a efectuar tan importante desembolso económico para reparar a los ciudadanos afectados el perjuicio creado por el anterior gestor en Bizkaia. En concepto de atrasos de RGI generados por la Diputación de Bizkaia, Lanbide ha desembolsado 9.640.311,87 euros. Mientras que la factura en PCV asciende a 3.431.178,54 euros.

 

 

2 comentarios
  • @davidutti
    21 de junio de 2012

    Comentario de Twitter:
    “@lanbideejgv: Berriak, "El 72% del fraude en las ayudas sociales se concentra en Bizkaia" #RGI /PVC https://t.co/nXEIUia9 #noticias @Irekia

  • @lanbideejgv
    21 de junio de 2012

    Comentario de Twitter:
    Berriak, "El 72% del fraude en las ayudas sociales se concentra en Bizkaia" #RGI /PVC https://t.co/GzuHknnP #noticias @Irekia

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