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El Gobierno aprueba el Decreto de reparación de víctimas de violencia de motivación política (Acuerdo del Consejo de Gobierno del 12-06-2012)

12 de junio de 2012

Decreto de declaración y reparación de las víctimas de violencia de motivación política.

El Pleno del Parlamento Vasco aprobó el 31 de Marzo de 2011 la Proposición no de Ley 61/2011 sobre víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de violaciones de derechos humanos, en un contexto de violencia de motivación política. En dicha proposición, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su sufrimiento.

Mediante la aprobación del presente Decreto, el Gobierno Vasco:

- reconoce la injusticia del sufrimiento de aquellas víctimas.
- reconoce la necesidad de acabar con el olvido institucional en que han permanecido.
- declara su firme voluntad de contribuir a paliar este sufrimiento a través de las medidas de reparación que contempla.

Los derechos de estas víctimas fueron vulnerados en condiciones de impunidad y con clara intencionalidad política entre los años 1960 y 1978, en el periodo predemocrático anterior a la aprobación de nuestra Constitución.

Hay que recordar también que buena parte de los hechos ni tan siquiera fueron investigados y, los que si lo fueron, no gozaron de las suficientes garantías legales y judiciales.

El silencio que han padecido estas víctimas, además de agraviar el sufrimiento generado, ha supuesto una notable pérdida de confianza en las instituciones públicas por parte de las propias víctimas, de sus familiares y demás afectados. De ahí que sea necesario y urgente restituir esta confianza.

Este Decreto implica el reconocimiento oficial de la existencia de estas víctimas y de la injusticia ejercida sobre ellas, lo que resulta especialmente importante dado que, en numerosos de estos hechos, estuvieron directamente implicados agentes del Estado.

Del decreto quedan expresamente excluidas las personas que se encontraran desarrollando actividades violentas y también los casos en que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler dicha acción violenta.

El Gobierno Vasco está convencido de que ejercer el reconocimiento público hacia estas víctimas, desde presupuestos morales firmes y compartidos, es una de las mejores contribuciones que, entre todos, podemos prestar para el futuro, en paz y convivencia, de la ciudadanía vasca.

Y es, asimismo, la mejor manera de consolidar un discurso de deslegitimación radical de la violencia que evite su justificación sobre la base de espacios de impunidad en la sociedad vasca.

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