Itxaso anuncia que Vivienda mediará en las compraventas de 1.000 VPOs anuales escogiendo al comprador para erradicar el fraude de los sobreprecios

• El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha compartido en La Ventana de Cadena SER Euskadi, en una entrevista con Eva Domaika, que el Departamento trabaja en una reforma legislativa para articular una “gran inmobiliaria pública que gestione las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida”

• Con esta medida, el Gobierno Vasco pretende combatir el fraude basado en condicionar la venta al pago de sobre precios a cambio de muebles, asumir la gestión de las adjudicaciones y canalizarlas a través del registro de demandantes de vivienda de Etxebide

• Itxaso ha recordado que las VPO de Benta Berri y del resto de zonas tensionadas que estén próximas a perder la calificación “mantendrán su protección” mientras siga vigente el tensionamiento: el Gobierno Vasco calcula que, a partir de 2027, unas 900 viviendas quedarían amparadas por esta medida

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado este martes que el Departamento trabaja en una reforma de la Ley Vasca de Vivienda para que el Gobierno Vasco pase a intermediar de forma activa en las compraventas de vivienda de protección oficial (VPO), designando al comprador a través del registro de demandantes de vivienda de Etxebide y evitando así prácticas fraudulentas vinculadas al cobro de sobreprecios encubiertos.

El anuncio lo ha realizado durante una entrevista en La Ventana Euskadi de Cadena SER, conducida por la periodista Eva Domaika, donde ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es reforzar el control público sobre las segundas y posteriores transmisiones de VPO en venta, particularmente en aquellas viviendas sometidas a protección permanente y en aquellas promociones previas a 2003 que continúan bajo régimen temporal.

“Lo que queremos hacer es que sea el Gobierno quien decida quién va a comprar esas viviendas”, ha señalado el consejero, quien ha advertido de la extensión de prácticas irregulares consistentes en exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario. “Hemos detectado un problema que se está casi institucionalizando, que es la compraventa de viviendas protegidas a cambio de un sobreprecio que suele adjudicarse a los muebles”, ha afirmado.

Hasta ahora, la intervención del Gobierno Vasco en este tipo de operaciones se limitaba al visado de las transmisiones para comprobar que la persona compradora reunía los requisitos exigidos para acceder a vivienda protegida, además del ejercicio excepcional del derecho de tanteo y retracto cuando existían indicios acreditados de fraude. Vivienda considera, sin embargo, que la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido. Con la reforma en preparación, cualquier persona propietaria de una VPO que quiera venderla deberá comunicarlo a las delegaciones territoriales de Vivienda, que asumirán la intermediación del proceso. La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide. “Cuando un propietario de una VPO quiera venderla, tendrá que venir a las delegaciones territoriales de vivienda del Gobierno Vasco y decir que la quiere vender y nosotros le diremos quién se la va a comprar”, ha explicado Itxaso.

Según ha detallado, el sistema tomará como referencia a las personas inscritas en Etxebide que hayan manifestado interés por la modalidad de compra —en torno a 24.000 unidades convivenciales (20 % del total)— y valorará factores como la adecuación de la vivienda al tamaño de la unidad convivencial, la antigüedad en el registro o las necesidades específicas de la familia. “Vamos a hacer una evaluación de cuánto se adapta la necesidad del comprador al tamaño de la vivienda, cuántos años lleva esperando en Etxebide y otros elementos que nos permitan escoger al candidato más adecuado”, ha explicado. El consejero ha señalado que el objetivo es que el vendedor disponga de un comprador en un plazo reducido y sin incertidumbre. “En el plazo máximo de tres o cuatro meses el vendedor tendrá a un comprador que le dirá el Gobierno”, ha añadido.

Etxebide como vía de adjudicación también para la compra

El Departamento considera que esta medida permitirá ampliar la respuesta pública a la demanda de vivienda protegida en régimen de compra, movilizando de forma más eficiente un parque ya existente y garantizando que las viviendas protegidas continúen cumpliendo el objetivo para el que fueron promovidas. En este sentido, Itxaso ha defendido que el procedimiento reforzará la transparencia y la justicia social en el acceso a la vivienda protegida. “De esa manera impedimos que se produzca un fraude y cambiamos las reglas de juego, convirtiendo al Gobierno Vasco en buena medida en una gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”.

Según ha recordado, cada año se producen aproximadamente un millar de operaciones de compraventa de VPO en Euskadi. “Todos los años visamos alrededor de 1.000 transacciones y vemos que en muchas de ellas se ha institucionalizado el fraude porque hay un sobreprecio que se cobra”, ha explicado. La futura modificación legislativa mantendrá la figura del tanteo y retracto, aunque redefinirá el procedimiento ordinario de compraventa. “No le vamos a pedir al vendedor que venga ya con un comprador, porque se lo vamos a dar nosotros”, ha resumido el consejero.

El nuevo modelo, además, impedirá transmisiones discrecionales fuera del sistema de adjudicación pública. Preguntado por la posibilidad de vender una VPO a un familiar, Itxaso fue explícito: “Ese piso que se construyó sobre suelo público, con dinero público, irá a quien más lo necesite y a quien más se ajuste a las necesidades y superficies de ese piso”.

Benta Berri y las VPO que iban a perder la protección

La entrevista también ha servido para recordar una segunda medida de relevancia: la prolongación de la protección oficial de viviendas construidas bajo regímenes anteriores a 2003 que estaban próximas a perder su calificación, siempre que se encuentren en municipios declarados zonas tensionadas. El anuncio afecta directamente a promociones como las 510 viviendas de Benta Berri, en Donostia, construidas antes de la implantación del régimen vasco de protección permanente aprobado en 2003. “Lo que hacemos es que, en zonas tensionadas, esas viviendas que tienen calificación temporal prolonguen y prorroguen su calificación mientras siga vigente la figura de la zona tensionada”, ha explicado el consejero.

El Gobierno Vasco estima que, a partir de 2027, alrededor de 1.070 viviendas protegidas en Euskadi quedarían pendientes de perder su calificación, de las cuales unas 900 se encuentran ya en municipios declarados como zonas tensionadas. “Eso significa que la gran mayoría las salvaríamos mientras siga vigente esa figura”, ha destacado. La medida tendrá carácter temporal y quedará vinculada a la vigencia de la declaración de zona tensionada, que debe renovarse periódicamente. En el caso de Donostia, por ejemplo, las viviendas seguirían siendo protegidas si el municipio renueva dicha condición.

“No podemos alterar con efecto retroactivo una ley para dar protección permanente a viviendas que originalmente no la tenían prevista, pero nos agarramos a la ley estatal para intervenir el mercado siguiendo el principio de que la vivienda tiene una función social y es un bien de primera necesidad”, ha defendido Itxaso.

Durante la conversación, el consejero ha señalado además que el Departamento espera disponer antes del verano de datos más concluyentes sobre la evolución del mercado del alquiler en municipios declarados zonas tensionadas, si bien ha avanzado que las primeras tendencias apuntan a una moderación de precios y a un mantenimiento del volumen de vivienda arrendada. “Lo que vemos es que los precios se están amortiguando y moderando, y en ningún caso el número de viviendas bajo contrato de alquiler está reduciéndose”, ha señalado.

Asimismo, ha avanzado cambios en el decreto regulador de Etxebide para reforzar el papel de los apartamentos dotacionales orientados a la emancipación juvenil, incorporando un umbral mínimo de ingresos vinculado al salario mínimo interprofesional, así como nuevas medidas para favorecer el acceso de personas mayores a alojamientos adaptados mediante la cesión temporal de viviendas a programas públicos como Bizigune.

Finalmente, Itxaso ha defendido la ampliación de apoyos a fórmulas de vivienda compartida juvenil a través de ayudas como Gaztelagun y ha alertado sobre prácticas irregulares vinculadas al alquiler de habitaciones y el cobro ilegal por empadronamientos, fenómenos que, ha advertido, “evidencian hasta qué punto la emergencia habitacional está tensionando el acceso a la vivienda”.