La Inspección de Trabajo detecta incumplimientos en el 42 % de las actuaciones sobre la tutela de los derechos de representantes de las personas trabajadoras
- La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, advierte de una crisis estructural global de desigualdad económica, precariedad laboral y pérdida de calidad democrática pese al crecimiento económico y defiende democratizar la empresa como clave para un modelo más justo, resiliente y sostenible
La Inspección de Trabajo del País Vasco detectó en 2025 incumplimientos en el 42 % de las actuaciones sobre la tutela de los derechos de representantes de las personas trabajadoras. El pasado año, se realizaron un total de 234 actuaciones en este ámbito, se detectaron trece infracciones y, en 85 casos, se realizaron requerimientos al haberse detectado algún tipo de irregularidad. Se trata de un porcentaje muy superior a la tasa general de incumplimientos que detecta la Inspección, que se sitúa en el 10 %.
Estos datos los ha hecho públicos este lunes la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, en la inauguración de la jornada “Participación de las personas trabajadoras en la empresa”, organizada por la EHU. La viceconsejera ha advertido de que estos datos evidencian que los derechos de información y consulta, pilares básicos de la participación laboral, siguen siendo “una de las obligaciones más incumplidas por las empresas vascas”, y ha subrayado que, en la práctica, estos derechos suelen tener un carácter no vinculante que limita su impacto real en la toma de decisiones estratégicas.
Durante su intervención, Pérez Barredo ha recordado que la participación de las personas trabajadoras en la empresa cuenta con “un fundamento constitucional claro”, recogido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, pero ha señalado que su desarrollo normativo ha sido “limitado y poco ambicioso” si se compara con los modelos de los países del centro y norte de Europa. En este sentido, ha destacado que, a diferencia de Alemania, Francia o los países nórdicos, en España no existe un reconocimiento generalizado de la presencia de representantes de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las sociedades mercantiles.
La viceconsejera ha afirmado que, pese al “importante crecimiento del PIB, la mejora del empleo y los altos niveles de afiliación a la Seguridad Social”, la sociedad se enfrenta a una “policrisis estructural” de alcance global, marcada por el “aumento de la desigualdad económica, la precariedad laboral, la crisis climática, la concentración empresarial y el debilitamiento de la soberanía económica y territorial”.
Democratizar la empresa
En este contexto, Pérez Barredo ha defendido que democratizar la empresa “no es sólo una exigencia constitucional, sino una condición necesaria para avanzar hacia un modelo económico más justo, productivo, resiliente y sostenible”. Ha indicado que ampliar la voz y la participación real de quienes trabajan en la gestión, en los resultados y en el capital de las empresas puede actuar como “una estrategia predistributiva clave para reforzar la cohesión social, la calidad democrática y la transición ecológica en España y en Europa”.
Asimismo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social ha apuntado la necesidad de impulsar una estrategia adaptada a la realidad del tejido productivo vasco, caracterizado por el peso de las pymes y por una escasa cultura participativa: “No basta con copiar modelos extranjeros, se requiere un enfoque gradual y adaptado”.
Por ello, ha apostado por desarrollar normativamente la figura de la sociedad participada, introducir incentivos públicos y aplicar una política fiscal “valiente”. “Avanzar en participación —si se hace de forma gradual, evaluada y adaptada— puede mejorar la motivación, la confianza y la competitividad, pero requiere voluntad política, incentivos claros y un cambio cultural profundo en la empresa”, ha concluido.
