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El Gobierno Vasco regula mediante Decreto la modalidad de teletrabajo en la administración (Acuerdo del Consejo de Gobierno del 29-05-2012)

29 de mayo de 2012

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula de teletrabajo para el personal empleado público de la Administración General de la comunidad autónoma vasca.

Tras el éxito de la experiencia piloto que el Departamento de Justicia y Administración Pública llevó a cabo el pasado año con 29 trabajadores, el Gobierno Vasco ha decidido regular mediante Decreto el teletrabajo, una modalidad de la que podrán beneficiarse alrededor de 330 empleados públicos.

El decreto regula tanto el ámbito de aplicación, como el régimen de trabajo, las condiciones de acceso, los tipos de puestos aptos para la modalidad y el seguimiento de la misma.

En principio, podrán teletrabajar los empleados públicos, funcionarios o laborales, que lleven al menos dos años en su puesto y desarrollen labores de asesoría, elaboración de informes, traducción y redacción de documentos, gestión de sistemas informáticos y otras funciones similares.

La duración máxima del periodo de teletrabajo será de un año, transcurrido el cual el trabajador volverá a la modalidad presencial al menos durante seis meses. Con ello se pretende evitar que el teletrabajo produzca desarraigo en los empleados públicos.

Durante el teletrabajo, la jornada semanal se distribuirá de manera que tres días a la semana el empleado público preste sus servicios desde casa y dos días acuda a su puesto, de acuerdo con su jornada y horarios habituales, para asistir a reuniones de coordinación y participar en proyectos comunes.

En el caso de en que en un mismo departamento se presenten varias solicitudes para teletrabajar y no sea posible autorizarlas todas por cuestiones de organización, tendrá preferencia el personal empleado público con alguna discapacidad permanente o temporal, las víctimas de violencia de género, las personas que tengan a su cuidado menores de edad o familiares dependientes o las que estén realizando estudios. También se tendrá en cuenta la distancia del domicilio al puesto de trabajo y la dificultad para acceder al transporte público para estos desplazamientos.

La administración facilitará al teletrabajador un ordenador portátil con acceso a las aplicaciones informáticas de su departamento, un número de teléfono IP o móvil corporativo y un servicio de atención telefónica en caso de incidencias en el servicio. El teletrabajador deberá aportar una línea de acceso a Internet que cumpla con las carácterísticas que defina la administración.

En palabras del viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, se trata de "aprovechar las oportunidades que nos ofrece el teletrabajo para dar un paso adelante en la reorganización de los procesos de trabajo de la Administración Pública, basándola en una gestión de confianza y autonomía de los trabajadores, mejorando su motivación y por tanto su rendimiento y reduciendo así el absentismo; desarrollar una cultura del trabajo orientado a resultados, mejorar la eficiencia de la Administración, y aumentar la compatibilidad de la vida laboral y familiar, entre otros aspectos".

La mayoría de los trabajadores participantes en el proyecto piloto "Telelana" valoró el ahorro o mejor gestión del tiempo que supone (100%), el incremento del rendimiento y de la calidad del trabajo que acarrea (85%) y el aumento de motivación experimentado (61%). Asimismo, destacaron que el teletrabajo aumenta la seguridad, al reducir los deplazamientos en largas distancia, y reduce los gastos de transporte de forma significativa.

Los objetivos que el Gobierno persigue con este decreto son:

Adoptar una gestión basada en la confianza, la iniciativa y la autonomía de los trabajadores públicos.
Mejorar la motivación en el trabajo y, en consecuencia, aumentar el rendimiento laboral y reducir el absentismo.
Desarrollar la cultura del trabajo orientado a resultados.
Abundar en las medidas que ayuden a conciliar las responsabilidades laborales y familiares.
Flexibilizar y distribuir los tiempos de trabajo sin que se vea afectada la calidad del servicio público, superando la cultura del trabajo presencial.
Mejorar las condiciones de trabajo para diferentes colectivos con necesidades especiales de movilidad.
Conseguir una Administración más eficiente.

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