El Gobierno Vasco aprueba la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada

• Este lunes se ha publicado la orden final en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y la calificación entrará en vigor de forma oficial cuando el BOE actualice la lista a finales de octubre
• La medida permitirá aplicar políticas públicas para ampliar la oferta con la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en 3 años, de las cuales 1.629 las levantará el Ejecutivo vasco, y controlar los precios del alquiler, entre otras
• Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran San Sebastián y Bilbao, casi la mitad de la población vasca vive ya en municipios tensionados, más de un millón de habitantes

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha aprobado este lunes la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado, tras la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y trabaja ya en la organización de un acto en las próximas semanas con las tres capitales vascas que contará con la presencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. La calificación entrará en vigor de forma oficial cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) actualice, a finales de octubre, la lista oficial de municipios tensionados, en la que también figurarán Bilbao, Astigarraga y Usurbil.

Con esta incorporación, el 47,7% de la población de Euskadi reside ya en zonas tensionadas, un porcentaje que superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani, cuyos trámites de declaración están en curso.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha reconocido que “hemos hecho de la figura de la zona tensionada un instrumento útil al servicio de las mejores políticas de vivienda”. En ese sentido, ha explicado que “no solo se trata de regular el mercado del alquiler, con todo lo que eso conlleva para hacer de la vivienda un bien esencial de primera necesidad protegido por ley, sino también de acomodar nuestras prestaciones y políticas públicas a esta herramienta que permite priorizar y justificar medidas e inversiones”.

Itxaso ha añadido que “el objetivo es salir del tensionamiento, pero eso solamente lo conseguiremos construyendo más vivienda protegida en alquiler y equilibrando la oferta con la demanda”. Mientras tanto, ha destacado, “es nuestra obligación proteger a las personas inquilinas, sometidas hoy a una auténtica ley inmobiliaria de la selva”.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha destacado que “con esta publicación en el Boletín del País Vasco se dan los condicionantes legalmente establecidos para proceder a la calificación de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado para los próximos 3 años”. Según la alcaldesa, “gracias a esta medida va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible”.

Ejes del plan de choque en Vitoria-Gasteiz

La calificación de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada tendrá una duración inicial de tres años y permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda estructurado en cinco ejes:

1. Construcción de vivienda protegida. En total se impulsarán 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53% serán de alquiler protegido. Entre ellas se incluyen 950 de iniciativa pública que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. Habrá otras 1.383 que surgirán de promociones para viviendas sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada; y en tercer lugar las 679 viviendas, en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco en febrero del año pasado.
2. Limitación de precios del alquiler. La declaración afectará al 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores (Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardélegui), y permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda. En este sentido, cabe recordar que las medidas para proteger a las personas inquilinas y, en concreto, la limitación del precio de los alquileres en los municipios declarados tensionados es ya plenamente efectiva en el 90% de los contratos. Solo los inmuebles de los grandes tenedores, aquellos que se alquilen por primera vez o que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años, que representan el 10%, dependen del índice para que se les apliquen la totalidad de las medidas previstas por la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda. En el 90% de los casos, los precios están ya limitados y no se podrán subir más de lo que marque el índice anual IRAV, que ya está en vigor y está fijando incrementos por debajo del IPC.

En el caso de Álava, y de cara a disponer del índice de referencia en cuestión, el EUSTAT está desarrollando una metodología que permita obtener la información necesaria, cruzando la información tributaria con sus bases de datos propias y las del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, para obtener un número suficiente de viviendas por distrito para poder realizar una proyección estadística fiable y robusta. En ese sentido, Itxaso expresó el pasado viernes en el Parlamento Vasco que “podríamos hablar del primer semestre de 2026 como horizonte”, si bien solicitó a la Hacienda foral alavesa “que lleve a cabo los cambios necesarios en el módulo tributario de la declaración de la renta para poder así empezar a recabar los datos que hacen falta”.

3. Rehabilitación. Se mantendrán y reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales. Un claro ejemplo de ello es el proyecto de regeneración urbana que se está llevando a cabo en Zaramaga. La operación, en la que participan 322 viviendas de 22 portales, supone una inversión de 31,5 millones entre fondos autonómicos y municipales, a los que habría que sumar la aportación prevista por las y los vecinos, cercana a los 2,9 millones.
4. El Ayuntamiento aplica un recargo del 50% en el IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque vacío hacia el alquiler. Está previsto también mantener las bonificaciones en el ICIO recogidas en las Ordenanzas Fiscales para construcción de VPO, rehabilitación energética o eliminación de barreras arquitectónicas. En el convenio rubricado entre ambas instituciones en febrero de 2024 la bonificación en la cuota se situó en el 95%.
5. Transformación de espacios. Se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.

El Gobierno Vasco reafirma así su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y adecuada a la ciudadanía vasca, fortaleciendo la cooperación institucional y poniendo en marcha medidas concretas frente a las tensiones del mercado residencial.