En marcha un servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar para evitar desahucios

Se trata de dar una "segunda oportunidad" a aquellas familias que estén en riesgo de perder su vivienda y evitar el desahucio en el caso de que el proceso de ejecución hipotecaria esté en marcha

El Gobierno Vasco facilitará cuanto antes una vivienda de alquiler protegido a las familias a las que la pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de un desahucio, le sitúe en grave situación de exclusión social. En el caso de vivienda protegida, el ejecutivo comprará la vivienda y cancelará la deuda del propietario. También se pone en marcha un Servicio de Mediación público y gratuito que mediará con las Entidades financieras para liquidar en las mejores condiciones, la deuda contraída. Además, Kontsumobide evaluará la situación de la persona consumidora a la hora de contratar un préstamo hipotecario y propondrá pautas para que dicho contrato se adecue a sus circustancias.

La actual crisis económica ha provocado en las familias un sobreendeudamiento que en algunas ocasiones deriva en los desahucios. Con el objetivo de evitar llegar a esta situación, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar que recoge tres medidas: el asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca, la mediación entre el banco y las familias sobreendeudadas y la posibilidad de acceder a una vivienda de protección social en régimen de alquiler para quienes tras el desahucio, estén en riesgo de exclusión social.

Medidas, que esta mañana han presentado la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola y la directora del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, Ana Collía en la sede del Gobierno Vasco en Lakua (Vitoria-Gasteiz).

El objetivo de este programa es reducir el número de desahucios en Euskadi, que en los últimos cuatro años se ha duplicado. Según ha señalado Mendia, se trata de "ofrecer un salvavidas de seguridad" a las personas que estén en riesgo de sufrir un desahucio o que frene la ejecución hipotecaria en caso de estar ya en curso.