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Lanbide suspende la RGI a más de 2.000 perceptores por estar ilocalizables

27 de abril de 2012

 

  • La suspensión cautelar de estos beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos asciende a un montante anual de 17,28 millones de euros
  • "Éste es un primer paso para vigilar que detrás de cada prestación hay personas que viven de verdad en Euskadi", advierte la consejera de Empleo y Asuntos Sociales
  • Concluye la primera fase de control de estas prestaciones y la próxima semana Lanbide comenzará un plan de choque y activación exclusivo para perceptores

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo suspenderá de manera cautelar la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a un total de 2.031 perceptores al estar ilocalizables. En términos económicos, la magnitud de esta operación de lucha contra el fraude en las ayudas sociales representa un montante de 17,28 millones de euros al año. Es decir, casi 3.000 millones de las antiguas pesetas. 

Este grupo de titulares suspendido ha recibido por dos veces comunicaciones por carta certificada en sus domicilios oficiales, una de ellas con un aviso expreso de presentarse en alguna oficina de Lanbide para regularizar su situación. Ninguno de ellos ha respondido en ninguna de las dos ocasiones al requerimiento del Servicio Vasco de Empleo. La vinculación por ley de estas prestaciones a la activación laboral obliga a estar localizable y empadronado en un municipio vasco para iniciar procesos de orientación personalizada, formación y empleabilidad.  

 "Cuando Lanbide asumió la gestión íntegra de la RGI y la PCV, una de mis promesas fue cumplir la ley y ésta es una primera medida de control para vigilar que detrás de cada prestación hay personas que viven de verdad y permanentemente en Euskadi", ha subrayado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. "A lo largo del año se acometerán nuevos procesos para que nadie esté en el sistema injustamente y que todos aquellos conciudadanos que lo necesiten y cumplan la ley puedan tener garantizada la cobertura social".

Inicio proceso: 7.000 devoluciones

Esta suspensión masiva culmina la primera fase de control en estas prestaciones que asumió Lanbide el pasado diciembre. Al hacerse cargo de la gestión íntegra de la RGI y la PCV bajo el objetivo de vincular a los perceptores a la activación laboral, con la excepción de los jubilados, el Servicio Vasco de Empleo envió una carta informativa a todos los perceptores que venían recibiendo una nómina mensual. Utilizó para ello los expedientes transferidos a Lanbide.

De las más de 56.000 cartas enviadas, el servicio postal devolvió inicialmente 7.006 al no vivir los remitentes en las direcciones que constaban en los registros oficiales. En ese momento, Lanbide inició un procedimiento de comprobación y de control ante una situación de posible fraude en el cobro de las ayudas. También se realizaron varias comunicaciones en los medios de comunicación vascos con el fin de dar la mayor difusión a esta situación anómala y que los afectados tuviesen otra vía de información.

En esta línea, alrededor de 3.000 perceptores se personaron en alguna oficina de Lanbide e informaron de su nueva residencia. "Hicimos una comunicación pública de lo que estaba ocurriendo precisamente para que esas personas que estaban ilocalizables vinieran a las oficinas ya que, en ocasiones, el colectivo de RGI tiene una mayor movilidad, tanto de domicilio como de teléfono de contacto, mayor que la media de la sociedad vasca", ha explicado Pedro Sánchez, director de Formación y de Garantía de Ingresos.

Final del proceso: 2.031 suspensiones

Al resto se les remitió una carta instándoles a acudir a una oficina de su red de atención para corregir su situación anómala y tramitar una posible actualización de su residencia habitual. Al final de este segundo envío, 2.031 personas beneficiarias de estas prestaciones continúan ilocalizables.

De acuerdo con la legislación vigente, las suspensiones cautelares de estos perceptores ilocalizables se harán efectivas en la nómina de mayo. El montante al que ascienden sus nóminas es de 17,28 millones de euros al año, casi 3.000 millones de las antiguas pesetas. Ninguna de estas 2.031 personas suspendidas es un jubilado que complementa su pensión con la RGI. Por tanto, todas ellas son idóneas para un proceso de orientación personalizado, con el objetivo final de abandonar el sistema de protección social y su inserción en el mercado laboral.

Tras la suspensión cautelar, Lanbide iniciará la incoación de un expediente de suspensión definitiva para cada uno de estos 2.031 casos. En el supuesto de que alguna de estas personas apareciera, debería demostrar y acreditar la causa por la que no ha recibido ninguna de las cartas ni se ha dirigido a Lanbide. Asimismo, tendría que demostrar que reside en la CAPV y que cumple con todos los requisitos marcados por ley para tener derecho a percibir la RGI. 

"Lanbide, en su gestión de la RGI, pretende que no haya ni un solo ciudadano desprotegido en Euskadi que tenga derecho a cobrar esta prestación y que se quede fuera. Pero, también, que nadie que no tenga derecho a ella la cobre", recuerda Zabaleta. "Estamos construyendo un sistema justo, equitativo y que da oportunidades reales de activación laboral, no exclusivamente un subsidio".

"El futuro de las personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y pueden trabajar debe ser el empleo, no un subsidio", ha defendido la titular de Empleo y Asuntos Sociales. "El sistema de protección debe tener una puerta de entrada y otra de salida, y la RGI debe responder a esa premisa. No es un lugar al que se debe acceder para quedar instalado. Debe ser el último refugio cuando se pierde el empleo".

Plan de choque

Finalizada esta primera fase de control, que ha durado cuatro meses para garantizar la seguridad jurídica y derechos de los perceptores, Lanbide presentará la próxima semana un nuevo programa de choque para la activación y orientación de buena parte de los perceptores de RGI. En la actualidad, más de 57.000 familias se benefician de esta ayuda, aunque cerca de un tercio queda fuera de cualquier proceso de empleabilidad al tratarse de personas jubiladas que complementan sus pensiones con esta ayuda.

Cada mes, Lanbide abona una media de unos 27 millones de euros para las familias beneficiarias de la RGI y otros 5,8 millones de euros a aquellas que tienen derecho a cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda.

 

 

 

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