ORDEN de la Consejera de Educación por la que se regula la organización y el funcionamiento, el acceso, la formación y a evaluación de la inspección de educación del País Vasco. Consulta pública previa

Estimado Juantxo:

Gracias por tu respuesta al comentario de Nélida. Tu aportación no ha podido ser más acertada, elegante y constructiva y la suscribo al cien por cien. Sin embargo, también me gustaría hacer algunas aportaciones al respecto, que paso a recoger a continuación, no sin antes dejar claro que soy inspector de educación y que estoy orgulloso de serlo y de trabajar al servicio de toda la ciudadanía.

El que Nélida afirme que “los nuevos retos educativos demandan una nueva inspección, muy bien formada, profesional y competente. Al servicio de los centros y dotada de las condiciones necesarias para su ejercicio: selección, formación, funciones y evaluación continua”, lleva implícitos una serie de pequeños mensajes que no nos pueden pasar desapercibidos. La demanda de esa “nueva” inspección “muy bien formada, profesional y competente, al servicio de los centros” entraría en contraposición con la inspección que Nélida considera que a día de hoy está al servicio de la sociedad vasca. El mensaje, de cuya sinceridad yo tampoco dudo, no es inocuo.

Y cómo va nadie a no compartir la necesidad de una adecuada “selección”, “formación”, establecimiento de “funciones” y “evaluación” continua del personal que integra la Inspección de Educación (o de cualquier otro colectivo al servicio de la sociedad, faltaría más).

El proceso de selección ya existe y es muy riguroso en consonancia con las funciones que la ley asigna al cuerpo de inspectores e inspectoras, al que se debe exigir en todo momento la preparación técnica y competencial necesaria para asumir y desarrollar las mismas con solvencia, profesionalidad y autonomía, estando siempre al servicio de la comunidad educativa y de la sociedad, y actuando con estricto respeto a la normativa vigente.

En cuanto a la formación, no podemos obviar que es tanto un derecho como un deber de cualquier funcionario público. La inspección es un colectivo inquieto y proactivo en ese sentido. Dejando a un lado las formaciones propuestas desde la inspección central y a las que todos los inspectores e inspectoras estamos obligados a asistir (exceptuando, por supuesto, aquellos y aquellas que se encuentran de guardia para atender mientras tanto cualquier demanda de la ciudadanía), tanto USIE (sindicato de inspectores e inspectoras) como EHIE (asociación profesional de inspectores e inspectoras del País Vasco) proponen y organizan formaciones y jornadas que responden a las necesidades e inquietudes del colectivo y nos permiten aprender, estar actualizados y actualizadas e intercambiar ideas y buenas prácticas con profesionales de otras CCAA. Adicionalmente, la EHU/UPV y otras universidades, asociaciones o colectivos también organizan jornadas y cursos que resultan interesantes para la formación continua de la inspección. La inspección, no obstante, encuentra continuas trabas para asistir a esas formaciones que son, en ocasiones, más interesantes, de mayor calidad y más adecuadas a las necesidades de formación tanto de la organización en su conjunto como de los inspectores e inspectoras a título individual. La posibilidad de asistir a estas formaciones se ve activamente entorpecida utilizando con frecuencia argumentos como las “necesidades del servicio” (he mencionado anteriormente que estas se cubren de forma suficiente con los inspectores o inspectoras de guardia cuando la formación se organiza desde la inspección central) o la “imagen de la propia inspección”. ¿Qué mala imagen puede dar un profesional preocupado por estar bien formado y actualizado? Y voy a ir un poco más allá: ¿es acaso lícito presionar a un inspector o inspectora mediante una llamada telefónica para que en uno de sus días libres no asista a una formación directamente relacionada con las funciones de la inspección “por no considerarlo adecuado”?

Por lo que se refiere a las funciones asignadas a la inspección, poco tengo que añadir. Estas funciones están recogidas en la normativa básica y el Departamento de Educación puede añadir cuantas considere conveniente. Es una de sus prerrogativas y, por tanto, la inspección la va a respetar escrupulosamente, aunque hará, por supuesto, las aportaciones que considere convenientes desde el punto de vista técnico. Pero tengo claro que el peligro radica en intentar desvirtuar las funciones que la normativa asigna a la inspección en detrimento de otras que puedan debilitar el servicio. Siento decirlo de forma tan directa, pero la autonomía técnica con la que siempre actuamos a menudo no gusta a los responsables del Departamento. Resultamos, a menudo, ser un colectivo incómodo ya que nuestro respeto a la normativa puede, en ocasiones, interferir con sus planes o aspiraciones.

Para terminar con tus aportaciones en torno a la evaluación, Juantxo, yo también comparto que la evaluación es fundamental en todos sus formatos. A la autoevaluación y a la coevaluación que mencionas, yo añadiría la heteroevaluación y la metaevaluación. Los inspectores e inspectoras siempre estaremos dispuestos y dispuestas a someternos a cualquier tipo de evaluación que nos ayude a mejorar tanto nuestra práctica profesional como el sistema en general. Lo esencial es que esa evaluación sea rigurosa y transparente y no pueda ser, en ningún caso, utilizada desde una determinada posición de poder para presionar y minar la autonomía e independencia de nuestro criterio técnico. Desgraciadamente, a día de hoy, teniendo en cuenta las injerencias, algunas más disimuladas que otras, en nuestra práctica profesional, no existe garantía alguna de que esto vaya a producirse.

Y soy también muy consciente de que todo este proceso participativo en el que aquellos y aquellas que han querido hacer sus aportaciones se han posicionado de forma clara y rotunda en contra de la iniciativa del Departamento de Educación, presentando diferentes análisis de la situación muy bien fundamentados y ofreciendo argumentos precisos y contundentes, no va a separar a los responsables del Departamento ni un ápice de sus objetivos. Este menosprecio hacia la labor y las aportaciones de la inspección de educación es una constante en los últimos años y se ha venido incrementando, sin prisa pero sin pausa, desde que se produjo el relevo en la Inspección Central, por primera vez en medio de una legislatura, torpedeando así la línea de flotación de la Inspección, su independencia y autonomía y dando un claro mensaje a navegantes a aquellos y aquellas que pudiesen significarse mínimamente en contra de alguna iniciativa o propuesta del Departamento por considerar que no se ajusta a la normativa. Espero, sinceramente, estar equivocado, pero en cualquier caso la inspección de educación seguirá trabajando desde un posicionamiento profesional y ético para llevar a cabo su trabajo y contribuir a la construcción de un sistema educativo de calidad, equitativo y que promueva la justicia social.

Nelida perdon, pero lo que opinas no creo que tiene ninguna base, en comentarios ya te lo han explicado, no vuelvo a decirtelo.
Bestetik zonaburutzak aukeratzeko ezintasuna ez da horrela, aukera badago, egun araudiak dioen bezala deialdia ateratzeko, eta interesatuek aurkeztu eta merezimenduz izendatzeko,baina azpian dagoena da zonaburutza "a dedo" izendatzearena ikuskaritza zentralari amen edo sailbiruari amen egiteko
Ezpezializazioarena, gardentasuna....ikastetxeei erantzuna, argi dago zer den, sailburu hau etorri denetik argi zein eraldaketa egin nahi duen, Berritzeguneak kendu ditu, ikuskaritza jarri dut lan hori egiten, eta orain hori arautu nahi du.
Dekretu berri honek ez dauka ez hanka ez buru.

Una de las razones esgrimidas para justificar la necesidad del cambio es la ausencia de principios de actuación explícitos. Estos principios están recogidos en el 8º punto del artículo 3 del Decreto actualmente vigente.
La sociedad en general y las Comunidades Educativas en particular también tienen acceso al catálogo de servicios de la Inspección a través de este enlace: https://view.genially.com/60f6b9b108cc870dc7c90e56/interactive-content-catalogo-de-servicios-inspeccion-de-educacion
En este enlace toda la ciudadanía tiene acceso a la visión, la misión, los objetivos y los valores por los que se rige la Inspección. Además, también se recoge lo que la Inspección ofrece al profesorado, las direcciones de los centros, las familias, el alumnado, la sociedad, la administración educativa y otras entidades.
El problema no es, por tanto, ni la ausencia de principios de actuación ni la definición de las funciones de la Inspección. Los inspectores tenemos muy claro cuáles son nuestras funciones y nuestro código ético.

ESCRITO DE DISCONFORMIDAD ANTE LA PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CAPV

0. OBJETO DEL ESCRITO
Mediante el presente escrito manifiesto mi disconformidad con la iniciativa anunciada por el Departamento de Educación de elaborar un nuevo Decreto regulador de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al considerar que no se acredita una justificación real, objetiva ni suficiente que avale la derogación o sustitución del Decreto 98/2016, actualmente vigente.
Asimismo, expreso mi profunda preocupación por el riesgo de debilitamiento del servicio de inspección, particularmente en lo relativo a su autonomía técnica, independencia de criterio, objetividad, su función como garante de los derechos y deberes de la comunidad educativa y como promotora de la mejora de los centros educativos, pilares esenciales para garantizar la confianza social en el sistema educativo de la CAPV y en sus instituciones.
A continuación, se detallan las razones que justifican dicha disconformidad:

1. AUSENCIA DE UNA JUSTIFICACIÓN REAL Y CONCRETA DE LA NECESIDAD DE UN NUEVO DECRETO
Las razones ofrecidas por el Departamento para justificar la elaboración de un nuevo decreto se formulan en términos genéricos y abstractos —modernización, eficacia, adaptación a las necesidades actuales del sistema educativo— sin aportar ejemplos concretos ni evidencias objetivas que permitan concluir que el Decreto 98/2016 resulte insuficiente, inadecuado o incompatible con dichos objetivos.
Por el contrario, el Decreto 98/2016:
• Es plenamente coherente con los principios y funciones atribuidos a la Inspección Educativa en la LOE, en su redacción vigente tras la LOMLOE.
• Se alinea con lo establecido en la Ley 17/2023, de Educación de la CAPV. Ha de señalarse que, en lo relativo a lo recogido sobre la inspección de educación, la redacción de esta norma tubo como referencia lo recogido en el propio Decreto 98/2016.
Resulta especialmente significativo que, durante la tramitación parlamentaria de la Ley Vasca de Educación, fuera necesaria una modificación del texto inicialmente propuesto, ya que este restringía indebidamente las funciones de la inspección y atribuía algunas de ellas a otros servicios dependientes directamente de la Consejería de Educación. Dicha corrección fue impulsada desde la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, atendiendo a la propuesta de quien ostentaba entonces la Inspección General, precisamente para para garantizar las funciones que la norma básica le atribuye y para preservar el papel técnico, independiente y garante de la inspección.

2. SOBRE LA PRETENDIDA OBSOLESCENCIA NORMATIVA
No puede sostenerse que el Decreto 98/2016 esté obsoleto desde el punto de vista normativo:
• Recoge las funciones atribuidas a la Inspección Educativa en la LOE-LOMLOE, especialmente su papel como garante de la legalidad, la equidad, la calidad del sistema y los derechos de la comunidad educativa.
• Es compatible con los retos pedagógicos, tecnológicos y organizativos actuales, ya que no limita ni impide la actuación de la inspección en estos ámbitos.
• Incorpora explícitamente el acompañamiento, la supervisión, la elaboración de propuestas de mejora, la autoevaluación y la mejora continua, en coherencia con las tendencias más avanzadas de los sistemas educativos actuales.
No se identifica ningún aspecto del marco normativo vigente que dificulte la intervención de la inspección ante los nuevos retos del sistema educativo; antes bien, el decreto actual facilita e impulsa dicha intervención respetando la autonomía de los centros y sus singularidades.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ESPECIALIZACIÓN PROPUESTA
La especialización a la que se alude en la propuesta, a la luz de la deriva de las decisiones y cambios que se han ido adoptando los últimos cursos, entraña riesgos significativos:
• Puede provocar una fragmentación del conocimiento disponible sobre el centro, dificultando la visión global de su funcionamiento.
• Como consecuencia, se reduce la capacidad de la inspección para formular propuestas de mejora integrales y coherentes, derivados del conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada centro, así como para realizar su seguimiento, en coherencia con el respeto a la autonomía y peculiaridades de cada comunidad educativa
• Disminuye el impacto real de la inspección en el impulso de la mejora de los centros educativos.
Además, existe riesgo de que dicha especialización derive en controles parciales y descontextualizados, asignados a personas directamente vinculadas a los responsables políticos, con un enfoque centrado en la obtención de datos susceptibles de interpretaciones dirigidas o en la verificación de expectativas previamente definidas y con escaso valor añadido para la mejora educativa.
Este enfoque se aleja del actual modelo de inspector o inspectora de referencia, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para el acompañamiento, asesoramiento e impulso de la mejora continua en los centros educativos.

4. SOBRE LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Se afirma que el actual enfoque de calidad es limitado. Sin embargo:
• El Decreto 98/2016 es compatible con cualquier modelo de gestión de calidad, incluida la gestión por procesos y la mejora continua.
• En la práctica, la inspección viene trabajando desde hace años conforme a estos modelos, en línea con las tendencias actuales.
• El propio decreto contempla tanto la evaluación del desempeño individual de cada miembro del servicio como la evaluación del servicio en su conjunto.
Una mayor concreción de estos aspectos, si se considera necesaria, puede y debe abordarse mediante normas de rango inferior (órdenes o instrucciones), sin necesidad de una reforma estructural del decreto que abre la puerta a cambios de mayor calado y riesgo.

5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TRIENAL Y GARANTÍA DE AUTONOMÍA
La planificación estratégica trienal de la inspección, con concreción anual, responde a una decisión deliberada y justificada:
• Evita la coincidencia temporal con la legislatura política (cuatro años).
• Garantiza la continuidad de la actividad del servicio frente a cambios políticos.
• Salvaguarda una cierta autonomía institucional de la inspección.
• Mantiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a circunstancias sobrevenidas.
Cuestionar este modelo sin una justificación sólida supone debilitar una de las garantías estructurales de independencia del servicio.

6. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y RIESGO DE INTERPRETACIONES SUBJETIVAS
Los principios de actuación de la inspección:
• Están recogidos en el Decreto 98/2016.
• Se derivan de la normativa general de la función pública.
• Forman parte del sistema de calidad del propio servicio, siendo revisados y actualizados periódicamente.
La introducción de principios vagos o interpretables, especialmente aquellos vinculados con una lealtad institucional mal entendida, puede ser incompatible con la autonomía de criterio, la objetividad y la independencia técnica, que debe ser inherente a cualquier servicio de inspección, y consecuentemente al servicio de inspección educativa.

7. ORGANIZACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y POLITIZACIÓN DEL SERVICIO
Resulta especialmente preocupante la posible ampliación de los puestos de libre designación:
• Actualmente existen 7 puestos cubiertos por este procedimiento.
• De incrementarse hasta 15, al incluirse las jefaturas de zona, supondría un aumento superior al 100% de este tipo de puestos.
• Ello ampliaría el control político directo del servicio mediante un número elevado de nombramientos discrecionales.
Esta preocupación se ve reforzada por la consideración, manifestada por la consejería de Educación, de la figura del Inspector General como cargo técnico-político, su actual dependencia directa de la Consejería, tras el último cambio en el organigrama de la consejería de Educación y su integración en el Consejo de Dirección, compuesto por cargos políticos.
Todo ello evidencia una tendencia hacia la politización de la inspección, alejándola de su tradicional modelo en la CAPV, caracterizado por su desempeño técnico e independiente.

8. INGRESO, FORMACIÓN Y RIESGO DE ARBITRARIEDAD
La falta de concreción sobre los cambios en los procedimientos de acceso y desarrollo profesional abre la puerta a la discrecionalidad, poniendo en riesgo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de profesionalidad y el criterio técnico independiente.

9. CONTEXTO INSTITUCIONAL DESFAVORABLE
La inspección de educación del País Vasco ha sido reconocida durante mucho tiempo por su autonomía, su carácter técnico de elevada calidad y su independencia de criterio. El poder político ha respetado a este servicio y ha reconocido el valor de su independencia como un elemento que aporta alta credibilidad al departamento de Educación y confianza social en sus instituciones.
Este nuevo decreto puede romper con esta tendencia por encontrarnos en un momento en que es evidente la falta de confianza y de reconocimiento del servicio de inspección por parte de las personas que actualmente ostentan la representación de la consejería de educación en la CAPV.
El actual intervencionismo en el ámbito técnico del servicio, la falta de confianza manifiesta, posicionando el servicio en un segundo plano, la asignación de responsabilidades a personas cercanas a la consejería, en ocasiones generando situaciones administrativas irregulares, la falta de reconocimiento profesional o ciertas decisiones discriminatorias hacia el servicio (como ejemplo reciente, la reducción a la mitad del reconocimiento del derecho a la reducción de jornada por razones de edad respecto al establecido para el resto del personal docente), son un reflejo de la actitud que el actual departamento manifiesta ante este servicio.
Lo cual confirma que el contexto actual no es el más adecuado para promover cambios normativos de calado que afecten a la inspección educativa.

10. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto:
• El nuevo decreto resulta innecesario e inoportuno y no se justifica de forma objetiva la derogación del Decreto 98/2016.
• La falta de concreción de los objetivos reales que subyacen a esta propuesta genera desconfianza y sospechas sobre la existencia de propósitos ligados a un deseo personal, marcado por el desconocimiento y la desconfianza, de cambiar el servicio de inspección de la misma forma en que se ha hecho en otros servicios, tales como el Berritzegune, en que se realizan nombramientos personalizados que aseguren una mal entendida lealtad institucional, por encima del criterio técnico profesional.
• Existe un riesgo real de debilitar la Inspección de Educación, erosionando su autonomía, credibilidad y el valor añadido que aporta a los centros educativos y al sistema educativo.
• No se ha presentado un texto que exponga y concrete los cambios que se pretenden, ni se ha consultado a los profesionales que actualmente desarrollan la función inspectora, ni a sus representantes sindicales.
En consecuencia, manifiesto mi disconformidad con la propuesta y solicito que no se avance en esta iniciativa sin un análisis riguroso, transparente y participativo que garantice la preservación del carácter técnico, independiente y profesional de la Inspección de Educación de la CAPV.

Estimada Nélida,

Gracias por tu aportación, que considero sincera y bienintencionada. Comparto contigo que los retos educativos actuales exigen una Inspección sólida, bien formada y comprometida con la mejora del sistema. En ese punto creo que estamos más cerca de lo que puede parecer.

No obstante, me gustaría matizar algunos aspectos. La Inspección de Educación ya es, hoy en día, un cuerpo altamente profesional y competente. Lo demuestra a diario un colectivo integrado en muchos casos por profesionales que han superado dos y hasta tres procesos selectivos, con una amplia trayectoria docente y directiva en algunos casos, numerosos méritos y una elevada exigencia técnica en su acceso y desempeño. Su labor no es accesoria, sino esencial para garantizar los derechos y deberes de toda la comunidad educativa y para contribuir a la calidad y equidad del sistema.

Coincido en la importancia de la selección, la formación, la definición de funciones y la evaluación continua. Ahora bien, creo que ese enfoque queda incompleto si no se incorpora también el apoyo y el reconocimiento profesional, sin los cuales resulta difícil ejercer con serenidad, independencia y eficacia una función tan compleja y exigente.

Quizá convendría, antes de plantear cambios estructurales, una reflexión más profunda sobre qué factores podrían estar dificultando, en su caso, el pleno desarrollo de nuestras funciones.

Por último, respecto a la percepción de la Inspección por parte de la comunidad educativa, creo que conviene ser prudentes con generalizaciones. Existen mecanismos sistemáticos de evaluación al final de cada curso que, en muchos casos, ofrecen valoraciones positivas del trabajo inspector. De hecho, la autoevaluación y la coevaluación se revelan como herramientas útiles, y el acompañamiento a los centros es uno de los aspectos mejor valorados por los propios centros.

Desde el respeto a tu planteamiento, creo que la mejora de la Inspección pasa menos por cuestionar su profesionalidad y más por reforzarla, reconocerla y dotarla de las condiciones necesarias para seguir respondiendo, como hasta ahora, a los retos del sistema educativo.

Ez da agerian geratu indarrean dagoen arau-esparruak berez disfuntzio larririk sortzen duenik, ezta Hezkuntza Ikuskaritzaren eguneroko jarduna oztopatzen duenik ere. Aitzitik, azken urteetan Ikuskaritzak egokitzeko eta erantzuteko gaitasun handia erakutsi du, arau-esparrua aldatu beharrik gabe, testuinguru gero eta konplexuagoetan bere eginkizunak betez. Hori dela eta, dekretua aldatzeko beharra zalantzazkoa dela iruditzen zait. Hala ere, aldaketa hori gauzatuko balitz, lehentasuna ez litzateke izan behar kontrola edo karga handitzea, baizik eta Hezkuntza Ikuskaritzaren lana aitortzea eta indartzea: baliabide gehiago eskainiz, autonomia eta askatasun profesional handiagoa bermatuz, independentzia sendotuz eta bere gain hartzen duen erantzukizun-mailarekin bat datorren balorazio instituzionala eginez. Ikuskaritza sendo, autonomo eta aitortuak soilik lagundu dezake benetan hezkuntza-sistemaren kalitatea, ekitatea eta segurtasun juridikoa bermatzen.

En respuesta al comentario de Nélida sobre “ La comunidad educativa no muestra una opinión positiva en muchos casos sobre la inspección”. No sé en qué te basas para realizar tal afirmación, máxime cuándo las encuestas realizadas a la comunidad educativa y de manera especialmente significativa a los equipos directivos de los centros, evidencian que la Inspección Educativa cuenta con una valoración muy positiva, que la eficacia y calidad de sus actuaciones es claramente reconocida y que desarrolla su labor como garante del cumplimiento de la norma y al servicio de la comunidad educativa.

Hezkuntza Ikuskaritzaren eguneroko lanean dauden arazo nagusiak ez dira araudiaren egiturarekin edo antolaketa formalarekin lotuta, baizik eta gehiegizko karga burokratikoarekin eta baliabide humano nahikorik ezarekin. Gaur egungo araudiak, behar bezala aplikatuta, aukera ematen du ikuskaritzaren funtzio nagusiak betetzeko; hala ere, praktikan, administrazio-lanek eta prozedura formalek funtzio pedagogiko, orientatzaile eta ebaluatzaileak bigarren maila batean uzten dituzte.
Horregatik, benetako modernizazioa ez litzateke dekretu berri baten onarpenetik etorri behar, baizik eta burokrazia murriztetik, lan-prozesuak sinplifikatzetik eta, batez ere, Hezkuntza Ikuskaritza baliabide humano gehiagorekin indartzetik. Ikuskatzaile kopuru nahikorik gabe eta lan-baldintza egokirik gabe, edozein aldaketa arautzailek ez du eragin errealik izango hezkuntza-sisteman.
Ondorioz, lehentasuna ez litzateke arau-aldaketa bat egitea, baizik eta egungo esparru juridikoa hobetzea, baliabideak indartzea eta ikuskaritzaren lana bere benetako zereginean zentratzea: hezkuntzaren kalitatea hobetzea eta hezkuntza-komunitateari laguntza eraginkorra eskaintzea.

La comunidad educativa no muestra una opinión positiva en muchos casos sobre la inspección. Habría que preguntarse el porqué, puesto que el "servicio de inspección", como su nombre indica, está a su servicio.

La instrumentalización de la inspección al servicio de intereses de parte es un claro atentado a su función esencial como garante de los derechos educativos de la ciudadanía, también en ocasiones en contra de las políticas coyunturales impulsadas por sus responsables políticos.

EUSKADIKO HEZKUNTZA IKUSKARITZAREN DEKRETU BERRIARI EKARPENAK
Sarrera
Dokumentu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzaren antolamendua eta funtzionamendua, sarbidea, prestakuntza eta ebaluazioa arautzen dituen Dekretu berria egin aurreko kontsulta publikoaren izapiderako ekarpen gisa formulatzen da. Ikuspegi eraikitzaile eta propositibo batetik planteatzen da, arau-ekimena ikuskaritza-funtzioa indartzeko eta hezkuntza-sistemari egiten dion ekarpena hobetzeko aukera gisa ulertuta, betiere erreformak erakundeak indartzera, prozesuen objektibaziorantz eta lan-eskubideak errespetatuz bideratzen badira.
Ekarpen horien abiapuntua ez da aldaketari uko egitea, baizik eta sinestea diagnostiko zorrotzean oinarritu behar dela arauen edozein modernizazio, 98/2016 Dekretua indarrean egon den bitartean metatutako esperientzian, eta antolaketa-eskakizunen, lanbide-autonomiaren eta lan-baldintzen arteko oreka egokian.
1. Araudia eguneratzea, finkatzeko aukera gisa
Ikuskaritzaren esparru arautzailea eguneratzeko ekimena aukera izan daiteke finkatzeko eta indartzeko haren eraginkortasuna eta egokitzeko gaitasuna erakutsi duen indarrean dagoen eredua. 98/2016 Dekretuak aukera eman dio Ikuskaritzari LOMLOEren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren 17/2023 Legearen ondoriozko arau-aldaketak behar bezala integratzeko, eta horrek agerian utzi du indarrean dagoen esparruaren malgutasuna eta sendotasuna.
Ikuspegi horretatik, araudia eguneratzerako orduan, egungo eredua ordezkatzea baino, egokiagoa izango litzateke aurrekoa gehiago aitortzea, eta ikuskaritza-lanean pixkanaka sartu diren funtzioak gehiago antolatzea eta koherentzia handiagoa ematea. Horrek ahalbidetuko luke lehentasunak argitzea, erakundeen itxaropenak doitzea eta erantzukizunak zabaltzea, egiturazko gainkarga ekartzea saihestuz.
2. Sistemaren kalitatea eta ikuskaritza-funtzioa indartzea
Ikuskaritzak legezkotasunaren eta etengabeko hobekuntzaren bermatzaile gisa duen zeregina indartzeko, Hezkuntza-sistemaren kalitatearen hobekuntzari buruzko aipamena aukera gisa uler daiteke. 98/2016 Dekretuak kalitatea kudeatzeko ezarritako sistema oinarri sendoa da sakontzeko, emaitzak ebaluatzeko eta, hala badagokio, tresnak eta prozedurak eguneratzeko.
Arlo horretan aurrera egiteko, ikuskapen egonkor bat egin beharko litzateke, profesionalki aitortua eta agintaritza teknikoa izango lukeena. Kalitatea hobetzea taldeak sendotzearen, funtzioen argitasunaren eta helburu, baliabide eta denbora erabilgarrien arteko koherentziaren menpe dago, ez horrenbeste antolaketa-birdefinizioen menpe.
Indartze prozesu horretan, ezinbestekoa da aitortzea ikuskaritzaren esku-hartzearen kalitatea zuzenean profesionalen hasierako eta etengabeko prestakuntzaren mende dagoela. Arauen konplexutasun gero eta handiagoak, zentroen bilakaera pedagogikoak eta antolakuntzakoak eta gizartearen eskaera berriek eskatzen dute ikuskatzaileek izan dezaten goi-mailako prestakuntza eguneratua, espezializatua eta eskuragarria, zeina ez baita aukera bat izan behar, eskubide profesional bat baizik, egiturazko baldintza bat beren eginkizunak behar bezala betetzeko berdinen artean hausnartzeko, trukatzeko eta ikasteko espazioak sustatzen, funtsezkoak baitira irizpide tekniko partekatuak finkatzeko eta kultura profesional sendoa garatzeko.
Hezkuntza Sistema osoa hobetzeko eta koherentzia, egonkortasuna eta konfiantza emateko, funtsezkoa da ondo prestatutako Ikuskaritza, kalitatezko prestakuntza-prozesuetarako sarbide erreala eta bermatua duena.
3. Plangintza estrategikoa eta epe ertaineko ikuspegia
ikuskapenean eraginkortasunez esku hartzeko Plangintza estrategikoa funtsezko elementua izaten jarraitzen du. Hiru urteko plan orokorrek aukera eman dute epe ertaineko ikuspegia artikulatzeko, lehentasunezko jarduera-ildoak definitzeko eta aldian behin beroriek ebaluatzeko.
Plangintza-eredua berrikustea logika estrategiko hori indartzeko aukera da, betiere babesten badira egonkortasuna, aurreikusgarritasuna eta segurtasun juridikoa ematen duten denbora-esparruak. Plangintza eraginkorra izan dadin, koherentzia behar da ezarritako helburuen eta ikuskapen-lana garatzeko antolamendu-baldintzen artean.
4. Hobekuntza profesionalera bideratutako ebaluazioa
Indarrean dagoen araudian, antolaketa-ikaskuntzarako eta lanbide-garapenerako tresna gisa, jada aurreikusita dagoen zerbitzuaren eta lanbide-jardunaren ebaluazioa indartu egin daiteke. Arau-ekimenak aukera ematen du hobekuntzara bideratutako ebaluazio-kultura indartzeko, irizpide argi, publiko eta objektiboetan oinarrituta.
Ikuspegi horretatik abiatuta, funtsezkoa da ebaluazio-sistemek prestakuntzarako eta etengabeko hobekuntzarako helburua izatea, ikuskaritza-funtzioaren autonomia teknikoa zainduz. Horretarako, edozein ebaluazio-ereduk honako printzipio-aspektu hauek bete beharko lituzke:
• aldez aurretik definitutako eta ezagututako irizpide objektiboetan oinarritzea;
• prozeduren eta emaitzen gardentasuna bermatzea;
• ebaluazio profesionalaren eta diziplina-kontrolaren artean argi eta garbi bereiztea;
• prozedura-bermeak eta berrikuspen-bide eraginkorrak txertatzea.
Baldintza horiek ezinbestekoak dira ebaluazio-prozesuekiko konfiantza indartzeko eta ziurtatzeko ebaluazioak zerbitzua hobetzen duela eta ikuskatzaileen garapen profesionalean benetan laguntzen duela.
5. Objektibotasuna, independentzia eta gobernu ona
Araudia eguneratzeak lagun dezake ikuskaritza-funtzioa inspiratzen duten objektibotasun-, independentzia- eta profesionaltasun-printzipioak indartzen. Horretarako, funtsezkoa da aurrera egitea sarbiderako, lanpostuak hornitzeko, funtzioak esleitzeko eta ebaluatzeko prozedura gardenetan.
Printzipio horiek indartzeak zerbitzuaren kalitatea hobetzeaz gain, hezkuntza-komunitateak eta Administrazioak berak Ikuskaritzan duten konfiantza areagotzen du, interes orokorraren zerbitzura dagoen organo tekniko gisa.
6. Lana, jardunaldia eta kontziliazioa antolatzea
Dekretu berri bati lotutako antolamendu-aldaketek aukera ematen dute lanaren antolamendu-eredua berrikusteko, efizientzia-, arrazionaltasun- eta kontziliazio-irizpideetatik abiatuta. Metatutako esperientziak erakusten duenez, goizeko eta arratsaldeko nahitaezko lanaldiaren sistema zurruna ez dator beti ikuskapen-zeregin askoren benetako izaerarekin, eta eragin desberdina izan dezake kontziliazioari dagokionez.
Lanaldi-modalitate egokigarriagoak sartzeak, telelanaren formulak barne, aukera emango luke erakundearen beharrei azkarrago erantzuteko, lan-denborak optimizatzeko eta bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntzeko.
7. Lan-eskubideak, sistema hobetzeko palanka gisa
Hezkuntza Ikuskaritza indartzeko, ezinbestekoa da lan-eskubideak eta kontziliazioa hezkuntza-sistema hobetzeko faktore estrategiko gisa aitortzea. Zerbitzuaren kalitatean eragin zuzena dute lan-kargak egokitzeak, egonkortasun profesionalak, erantzukizun-mailaren araberako ordainsari-aitorpenak, kontziliazioak eta erabaki estrategikoetan benetan parte hartzeak.
8. Gainerregulaziotik eratorritako diziplina-erantzukizunen edo egozpenen aurkako babesa
Arau-esparruaren konplexutasun gero eta handiagoak eta prozeduren eta plataformen hedapenak areagotu egiten dute lanbide-jardunaren ordez gainerregulazioko egiturazko baldintzen ondoriozko diziplina-erantzukizunen arriskua. Horrez gain, gizarte-presioa gero eta handiagoa da, eta hezkuntza-prozesuak judizializatzeko joera dago. Horren ondorioz, ikuskariak gatazka juridikoko egoeretan agertu ahal dira, beren funtzio teknikoak betetzetik soilik eratorrita.
Ezinbestekoa da dekretu berriak babesak txertatzea, ikuskatzaileek ez daitezen egon sistemaren konplexutasunak berak eragindako bikoiztasunek, kontraesanek, gehiegizko kargek edo erreklamazio judizialek eragindako egoeren aurrean.
9. Karga burokratikoa arrazionalizatzea, karga digitala barne
Zerbitzuaren modernizazioak ez du ekarri behar administrazio-lanak areagotzea. Lana benetan sinplifikatzeko bidean aurrera egin behar da, honako hauen bidez:
• administrazio-efizientziaren printzipioa, dokumentu-betebehar berrietarako;
• plataforma digitalak integratzea eta berrikustea;
• administrazio-lanak laguntza-egituretara bideratzea;
• funtsezko dokumentu-produktuen katalogo argia;
• Urteko Planaren eragin burokratikoaren urteko ebaluazioa.
Ondorioa
Hezkuntza Ikuskaritzaren Dekretu berria egitea aukera garrantzitsua da lehendik dagoen eredua indartzeko, modu koherentean eguneratzeko eta hezkuntza-sistemaren egungo erronkekin lerrokatzeko. Horretarako, funtsezkoa da erreforma bideratzea Ikuskaritzaren indartze instituzionalean, objektibotasunean eta gardentasunean eta lan-eskubideen errespetuan, eskubide horiek ez baitira muga bat, hezkuntza-sistema benetan eta modu jasangarrian hobetzeko ezinbesteko baldintza baizik.

EHIE EUSKADIKO HEZKUNTZA IKUSKARIEN ELKARTEA

APORTACIONES AL NUEVO DECRETO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DEL PAÍS VASCO
Introducción
El presente documento se formula como aportación al trámite de consulta pública previa a la elaboración del nuevo Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento, el acceso, la formación y la evaluación de la Inspección de Educación del País Vasco. Se plantea desde una perspectiva constructiva y propositiva, entendiendo la iniciativa normativa como una oportunidad para reforzar la función inspectora y mejorar su contribución al sistema educativo, siempre que las reformas se orienten al fortalecimiento institucional, a la objetividad de los procesos y al respeto de los derechos laborales.
Estas aportaciones no parten de una posición de rechazo al cambio, sino de la convicción de que cualquier modernización normativa debe apoyarse en un diagnóstico riguroso, en la experiencia acumulada durante la vigencia del Decreto 98/2016 y en un equilibrio adecuado entre exigencias organizativas, autonomía profesional y condiciones de trabajo.
1. Actualización normativa como oportunidad de consolidación
La iniciativa de actualizar el marco regulador de la Inspección puede constituir una oportunidad para consolidar y reforzar un modelo que ha demostrado su eficacia y capacidad de adaptación. El Decreto 98/2016 ha permitido a la Inspección integrar con solvencia los cambios normativos derivados de la LOMLOE y de la Ley 17/2023 de Educación del País Vasco, lo que evidencia la flexibilidad y solidez del marco vigente.
Desde esta perspectiva, la actualización normativa debería orientarse menos a sustituir el modelo existente y más a reconocer, ordenar y dotar de mayor coherencia a las funciones que progresivamente se han ido incorporando a la labor inspectora. Ello permitiría clarificar prioridades, ajustar expectativas institucionales y evitar que la ampliación de responsabilidades se traduzca en una sobrecarga estructural.
2. Calidad del sistema y fortalecimiento de la función inspectora
La referencia a la mejora de la calidad del sistema educativo puede entenderse como una oportunidad para reforzar el papel de la Inspección como garante de la legalidad y de la mejora continua. El sistema de gestión de la calidad implantado por el Decreto 98/2016 constituye una base sólida sobre la que profundizar, evaluando sus resultados y actualizando, en su caso, herramientas y procedimientos.
Cualquier avance en este ámbito debería apoyarse en una Inspección estable, profesionalmente reconocida y dotada de autoridad técnica. La mejora de la calidad no depende tanto de redefiniciones organizativas frecuentes como de la consolidación de equipos, de la claridad en las funciones y de la coherencia entre objetivos, recursos y tiempos disponibles.
En este proceso de fortalecimiento resulta imprescindible reconocer que la calidad de la intervención inspectora depende directamente de la formación inicial y continua de sus profesionales. La creciente complejidad normativa, la evolución pedagógica y organizativa de los centros y las nuevas demandas sociales exigen que el personal inspector disponga de una formación de alto nivel, actualizada, especializada y accesible, concebida no como un complemento opcional, sino como un derecho profesional y una condición estructural para el correcto desempeño de sus funciones, promoviendo espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje entre iguales, esenciales para la consolidación de criterios técnicos compartidos y para el desarrollo de una cultura profesional sólida.
Una Inspección bien formada, con acceso real y garantizado a procesos formativos de calidad, constituye una pieza clave para mejorar el sistema educativo en su conjunto y dotarlo de coherencia, estabilidad y confianza.
3. Planificación estratégica y visión a medio plazo
La planificación estratégica sigue siendo un elemento clave para una intervención inspectora eficaz. Los planes generales trienales han permitido articular una visión a medio plazo, definir líneas prioritarias de actuación y someterlas a evaluación periódica.
La revisión del modelo de planificación puede ser una oportunidad para reforzar esta lógica estratégica, siempre preservando marcos temporales suficientes que aporten estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Una planificación eficaz requiere coherencia entre los objetivos fijados y las condiciones organizativas en las que se desarrolla el trabajo inspector.
4. Evaluación orientada a la mejora profesional
La evaluación del servicio y del desempeño profesional, ya prevista en la normativa vigente, puede fortalecerse como instrumento de aprendizaje organizativo y desarrollo profesional. La iniciativa normativa ofrece la oportunidad de reforzar una cultura de evaluación orientada a la mejora, basada en criterios claros, públicos y objetivos.
Desde esta óptica, resulta esencial que los sistemas de evaluación mantengan una finalidad formativa y de mejora continua, preservando la autonomía técnica de la función inspectora. Para ello, cualquier modelo evaluador debería:
• basarse en criterios objetivos, previamente definidos y conocidos;
• garantizar la transparencia de los procedimientos y de los resultados;
• diferenciar claramente entre evaluación profesional y control disciplinario;
• incorporar garantías procedimentales y vías efectivas de revisión.
Estas condiciones resultan indispensables para reforzar la confianza en los procesos evaluadores y asegurar que la evaluación contribuya realmente a la mejora del servicio y al desarrollo profesional del personal inspector.
5. Objetividad, independencia y buen gobierno
La actualización normativa puede contribuir a reforzar los principios de objetividad, independencia y profesionalidad que inspiran la función inspectora. Para ello, resulta clave avanzar en procedimientos transparentes de acceso, provisión de puestos, asignación de funciones y evaluación.
El fortalecimiento de estos principios no solo mejora la calidad del servicio, sino que incrementa la confianza de la comunidad educativa y de la propia Administración en la Inspección como órgano técnico al servicio del interés general.
6. Organización del trabajo, jornada y conciliación
Los cambios organizativos asociados a un nuevo decreto ofrecen una oportunidad para revisar el modelo de organización del trabajo desde criterios de eficiencia, racionalidad y conciliación. La experiencia acumulada muestra que un sistema rígido de jornada obligatoria de mañana y tarde no siempre se ajusta a la naturaleza real de muchas tareas inspectoras y puede tener un impacto desigual en términos de conciliación.
La incorporación de modalidades de jornada más adaptables, incluidas fórmulas de teletrabajo, permitiría responder con mayor agilidad a las necesidades de la institución, optimizar tiempos de trabajo y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
7. Derechos laborales como palanca de mejora del sistema
El refuerzo de la Inspección Educativa pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos laborales y de la conciliación como factores estratégicos de mejora del sistema educativo. La adecuación de las cargas de trabajo, la estabilidad profesional, el reconocimiento retributivo acorde al nivel de responsabilidad, la conciliación y la participación efectiva en las decisiones estratégicas son elementos que inciden directamente en la calidad del servicio.
8. Protección frente a responsabilidades disciplinarias o imputaciones derivadas de la sobrerregulación
La creciente complejidad del marco normativo y la expansión de procedimientos y plataformas incrementa el riesgo de responsabilidades disciplinarias derivadas no del desempeño profesional, sino de condiciones estructurales de sobrerregulación. A ello se suma un contexto de creciente presión social y una tendencia a la judicialización de los procesos educativos, que puede situar a inspectores e inspectoras en escenarios de conflicto jurídico derivados exclusivamente de la realización de sus funciones técnicas.
Resulta imprescindible que el nuevo decreto incorpore salvaguardas que eviten que el personal inspector quede expuesto ante situaciones generadas por duplicidades, contradicciones, cargas excesivas o reclamaciones judiciales motivadas por la propia complejidad del sistema.
9. Racionalización de la carga burocrática, incluyendo la digital
La modernización del servicio no debe traducirse en un incremento de tareas administrativas. Es necesario avanzar hacia una simplificación real del trabajo mediante:
• un principio de eficiencia administrativa para nuevas obligaciones documentales;
• integración y revisión de plataformas digitales;
• derivación de tareas administrativas a estructuras de apoyo;
• catálogo claro de productos documentales esenciales;
• evaluación anual del impacto burocrático del Plan Anual.
Conclusión
La elaboración del nuevo Decreto de Inspección Educativa puede constituir una oportunidad relevante para fortalecer el modelo existente, actualizarlo de forma coherente y alinearlo con los retos actuales del sistema educativo. Para ello, resulta fundamental que la reforma se oriente al refuerzo institucional de la Inspección, a la objetividad y transparencia, y al respeto de los derechos laborales, entendidos no como un límite, sino como una condición imprescindible para la mejora real y sostenible del sistema educativo.

EHIE ASOCIACIÓN DE INSPECTORES E INSPECTORAS DE EUSKADI

Araudia aldatzeak ez du beti emaitza hoberik ematen. Batzuetan, dagoena ondo aplikatzea da onena. Hezkuntzan lan egiten duten pertsonei entzun behar zaie. Haiek badakite zer behar den eguneroko lanean. Legeak aldatzea baino, hobe litzateke hezkuntzan baliabide gehiago jartzea.

Komenigarria litzateke etorkizuneko dekretuaren testu osoa jasotzea entzunaldi-momentuan. Hezkuntza Ikuskaritzako kideok arauak zuzenean eragiten dien kolektiboa dira, eta herritar gisa zein profesional gisa informazio osoa izatea funtsezkoa da ekarpen arrazoituak egin ahal izateko.

Bereziki egokia litzateke testu hori gizarte-eragileei helaraztea, haiek baitira kolektiboaren ordezkaritza egiten dutenak eta ekarpen esanguratsuak egiteko gaitasuna dutenak, hala nola USIE-Euskadi (usieuskadi@gmail.com) eta Ikuskarion Elkartea – EHIE (ikuskarienelkartea@gmail.com).

Era berean, egokia litzateke elkarrizketarako guneak sortzea eta bilerak deitzea, kolektibo horiek arauaren prestaketan modu aktiboan parte hartu ahal izateko.

A mi juicio, sería conveniente que se facilite el texto completo del futuro decreto durante el período de audiencia. Las personas integrantes de la Inspección de Educación son el colectivo directamente afectado por la norma y, como ciudadanos y profesionales, disponer de información completa resulta esencial para poder formular aportaciones fundamentadas.

Resultaría especialmente adecuado que dicho texto se remitiera a los agentes sociales, que pueden y deben participar activamente en el proceso normativo por ejercer la representación del colectivo, como USIE-Euskadi (usieuskadi@gmail.com) y la Asociación de Inspectores/as – EHIE (ikuskarienelkartea@gmail.com).

Asimismo, sería conveniente habilitar espacios de diálogo y convocar reuniones que permitan una participación activa y directa de estos colectivos en el proceso de elaboración normativa.

Ez da agerian geratu indarrean dagoen arau-esparruak berez disfuntzio larririk sortzen duenik, ezta Hezkuntza Ikuskaritzaren eguneroko jarduna oztopatzen duenik ere. Aitzitik, azken urteetan Ikuskaritzak egokitzeko eta erantzuteko gaitasun handia erakutsi du, arau-esparrua aldatu beharrik gabe, testuinguru gero eta konplexuagoetan bere eginkizunak betez.

Hori dela eta, dekretua aldatzeko beharra zalantzazkoa dela iruditzen zait. Hala ere, aldaketa hori gauzatuko balitz, lehentasuna ez litzateke izan behar kontrola edo karga handitzea, baizik eta Hezkuntza Ikuskaritzaren lana aitortzea eta indartzea: baliabide gehiago eskainiz, autonomia eta askatasun profesional handiagoa bermatuz, independentzia sendotuz eta bere gain hartzen duen erantzukizun-mailarekin bat datorren balorazio instituzionala eginez.

Ikuskaritza sendo, autonomo eta aitortuak soilik lagundu dezake benetan hezkuntza-sistemaren kalitatea, ekitatea eta segurtasun juridikoa bermatzen.

APORTACIONES AL NUEVO DECRETO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DEL PAÍS VASCO
Introducción
El presente documento se formula como aportación al trámite de consulta pública previa a la elaboración del nuevo Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento, el acceso, la formación y la evaluación de la Inspección de Educación del País Vasco. Se plantea desde una perspectiva constructiva y propositiva, entendiendo la iniciativa normativa como una oportunidad para reforzar la función inspectora y mejorar su contribución al sistema educativo, siempre que las reformas se orienten al fortalecimiento institucional, a la objetividad de los procesos y al respeto de los derechos laborales.
Estas aportaciones no parten de una posición de rechazo al cambio, sino de la convicción de que cualquier modernización normativa debe apoyarse en un diagnóstico riguroso, en la experiencia acumulada durante la vigencia del Decreto 98/2016 y en un equilibrio adecuado entre exigencias organizativas, autonomía profesional y condiciones de trabajo.
1. Actualización normativa como oportunidad de consolidación
La iniciativa de actualizar el marco regulador de la Inspección puede constituir una oportunidad para consolidar y reforzar un modelo que ha demostrado su eficacia y capacidad de adaptación. El Decreto 98/2016 ha permitido a la Inspección integrar con solvencia los cambios normativos derivados de la LOMLOE y de la Ley 17/2023 de Educación del País Vasco, lo que evidencia la flexibilidad y solidez del marco vigente.
Desde esta perspectiva, la actualización normativa debería orientarse menos a sustituir el modelo existente y más a reconocer, ordenar y dotar de mayor coherencia a las funciones que progresivamente se han ido incorporando a la labor inspectora. Ello permitiría clarificar prioridades, ajustar expectativas institucionales y evitar que la ampliación de responsabilidades se traduzca en una sobrecarga estructural.
2. Calidad del sistema y fortalecimiento de la función inspectora
La referencia a la mejora de la calidad del sistema educativo puede entenderse como una oportunidad para reforzar el papel de la Inspección como garante de la legalidad y de la mejora continua. El sistema de gestión de la calidad implantado por el Decreto 98/2016 constituye una base sólida sobre la que profundizar, evaluando sus resultados y actualizando, en su caso, herramientas y procedimientos.
Cualquier avance en este ámbito debería apoyarse en una Inspección estable, profesionalmente reconocida y dotada de autoridad técnica. La mejora de la calidad no depende tanto de redefiniciones organizativas frecuentes como de la consolidación de equipos, de la claridad en las funciones y de la coherencia entre objetivos, recursos y tiempos disponibles.
En este proceso de fortalecimiento resulta imprescindible reconocer que la calidad de la intervención inspectora depende directamente de la formación inicial y continua de sus profesionales. La creciente complejidad normativa, la evolución pedagógica y organizativa de los centros y las nuevas demandas sociales exigen que el personal inspector disponga de una formación de alto nivel, actualizada, especializada y accesible, concebida no como un complemento opcional, sino como un derecho profesional y una condición estructural para el correcto desempeño de sus funciones, promoviendo espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje entre iguales, esenciales para la consolidación de criterios técnicos compartidos y para el desarrollo de una cultura profesional sólida.
Una Inspección bien formada, con acceso real y garantizado a procesos formativos de calidad, constituye una pieza clave para mejorar el sistema educativo en su conjunto y dotarlo de coherencia, estabilidad y confianza.
3. Planificación estratégica y visión a medio plazo
La planificación estratégica sigue siendo un elemento clave para una intervención inspectora eficaz. Los planes generales trienales han permitido articular una visión a medio plazo, definir líneas prioritarias de actuación y someterlas a evaluación periódica.
La revisión del modelo de planificación puede ser una oportunidad para reforzar esta lógica estratégica, siempre preservando marcos temporales suficientes que aporten estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Una planificación eficaz requiere coherencia entre los objetivos fijados y las condiciones organizativas en las que se desarrolla el trabajo inspector.
4. Evaluación orientada a la mejora profesional
La evaluación del servicio y del desempeño profesional, ya prevista en la normativa vigente, puede fortalecerse como instrumento de aprendizaje organizativo y desarrollo profesional. La iniciativa normativa ofrece la oportunidad de reforzar una cultura de evaluación orientada a la mejora, basada en criterios claros, públicos y objetivos.
Desde esta óptica, resulta esencial que los sistemas de evaluación mantengan una finalidad formativa y de mejora continua, preservando la autonomía técnica de la función inspectora. Para ello, cualquier modelo evaluador debería:
• basarse en criterios objetivos, previamente definidos y conocidos;
• garantizar la transparencia de los procedimientos y de los resultados;
• diferenciar claramente entre evaluación profesional y control disciplinario;
• incorporar garantías procedimentales y vías efectivas de revisión.
Estas condiciones resultan indispensables para reforzar la confianza en los procesos evaluadores y asegurar que la evaluación contribuya realmente a la mejora del servicio y al desarrollo profesional del personal inspector.
5. Objetividad, independencia y buen gobierno
La actualización normativa puede contribuir a reforzar los principios de objetividad, independencia y profesionalidad que inspiran la función inspectora. Para ello, resulta clave avanzar en procedimientos transparentes de acceso, provisión de puestos, asignación de funciones y evaluación.
El fortalecimiento de estos principios no solo mejora la calidad del servicio, sino que incrementa la confianza de la comunidad educativa y de la propia Administración en la Inspección como órgano técnico al servicio del interés general.
6. Organización del trabajo, jornada y conciliación
Los cambios organizativos asociados a un nuevo decreto ofrecen una oportunidad para revisar el modelo de organización del trabajo desde criterios de eficiencia, racionalidad y conciliación. La experiencia acumulada muestra que un sistema rígido de jornada obligatoria de mañana y tarde no siempre se ajusta a la naturaleza real de muchas tareas inspectoras y puede tener un impacto desigual en términos de conciliación.
La incorporación de modalidades de jornada más adaptables, incluidas fórmulas de teletrabajo, permitiría responder con mayor agilidad a las necesidades de la institución, optimizar tiempos de trabajo y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
7. Derechos laborales como palanca de mejora del sistema
El refuerzo de la Inspección Educativa pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos laborales y de la conciliación como factores estratégicos de mejora del sistema educativo. La adecuación de las cargas de trabajo, la estabilidad profesional, el reconocimiento retributivo acorde al nivel de responsabilidad, la conciliación y la participación efectiva en las decisiones estratégicas son elementos que inciden directamente en la calidad del servicio.
8. Protección frente a responsabilidades disciplinarias o imputaciones derivadas de la sobrerregulación
La creciente complejidad del marco normativo y la expansión de procedimientos y plataformas incrementa el riesgo de responsabilidades disciplinarias derivadas no del desempeño profesional, sino de condiciones estructurales de sobrerregulación. A ello se suma un contexto de creciente presión social y una tendencia a la judicialización de los procesos educativos, que puede situar a inspectores e inspectoras en escenarios de conflicto jurídico derivados exclusivamente de la realización de sus funciones técnicas.
Resulta imprescindible que el nuevo decreto incorpore salvaguardas que eviten que el personal inspector quede expuesto ante situaciones generadas por duplicidades, contradicciones, cargas excesivas o reclamaciones judiciales motivadas por la propia complejidad del sistema.
9. Racionalización de la carga burocrática, incluyendo la digital
La modernización del servicio no debe traducirse en un incremento de tareas administrativas. Es necesario avanzar hacia una simplificación real del trabajo mediante:
• un principio de eficiencia administrativa para nuevas obligaciones documentales;
• integración y revisión de plataformas digitales;
• derivación de tareas administrativas a estructuras de apoyo;
• catálogo claro de productos documentales esenciales;
• evaluación anual del impacto burocrático del Plan Anual.
Conclusión
La elaboración del nuevo Decreto de Inspección Educativa puede constituir una oportunidad relevante para fortalecer el modelo existente, actualizarlo de forma coherente y alinearlo con los retos actuales del sistema educativo. Para ello, resulta fundamental que la reforma se oriente al refuerzo institucional de la Inspección, a la objetividad y transparencia, y al respeto de los derechos laborales, entendidos no como un límite, sino como una condición imprescindible para la mejora real y sostenible del sistema educativo.

EHIE ASOCIACIÓN DE INSPECTORES E INSPECTORAS DE EUSKADI

EUSKADIKO HEZKUNTZA IKUSKARITZAREN DEKRETU BERRIARI EKARPENAK
Sarrera
Dokumentu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzaren antolamendua eta funtzionamendua, sarbidea, prestakuntza eta ebaluazioa arautzen dituen Dekretu berria egin aurreko kontsulta publikoaren izapiderako ekarpen gisa formulatzen da. Ikuspegi eraikitzaile eta propositibo batetik planteatzen da, arau-ekimena ikuskaritza-funtzioa indartzeko eta hezkuntza-sistemari egiten dion ekarpena hobetzeko aukera gisa ulertuta, betiere erreformak erakundeak indartzera, prozesuen objektibaziorantz eta lan-eskubideak errespetatuz bideratzen badira.
Ekarpen horien abiapuntua ez da aldaketari uko egitea, baizik eta sinestea diagnostiko zorrotzean oinarritu behar dela arauen edozein modernizazio, 98/2016 Dekretua indarrean egon den bitartean metatutako esperientzian, eta antolaketa-eskakizunen, lanbide-autonomiaren eta lan-baldintzen arteko oreka egokian.
1. Araudia eguneratzea, finkatzeko aukera gisa
Ikuskaritzaren esparru arautzailea eguneratzeko ekimena aukera izan daiteke finkatzeko eta indartzeko haren eraginkortasuna eta egokitzeko gaitasuna erakutsi duen indarrean dagoen eredua. 98/2016 Dekretuak aukera eman dio Ikuskaritzari LOMLOEren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren 17/2023 Legearen ondoriozko arau-aldaketak behar bezala integratzeko, eta horrek agerian utzi du indarrean dagoen esparruaren malgutasuna eta sendotasuna.
Ikuspegi horretatik, araudia eguneratzerako orduan, egungo eredua ordezkatzea baino, egokiagoa izango litzateke aurrekoa gehiago aitortzea, eta ikuskaritza-lanean pixkanaka sartu diren funtzioak gehiago antolatzea eta koherentzia handiagoa ematea. Horrek ahalbidetuko luke lehentasunak argitzea, erakundeen itxaropenak doitzea eta erantzukizunak zabaltzea, egiturazko gainkarga ekartzea saihestuz.
2. Sistemaren kalitatea eta ikuskaritza-funtzioa indartzea
Ikuskaritzak legezkotasunaren eta etengabeko hobekuntzaren bermatzaile gisa duen zeregina indartzeko, Hezkuntza-sistemaren kalitatearen hobekuntzari buruzko aipamena aukera gisa uler daiteke. 98/2016 Dekretuak kalitatea kudeatzeko ezarritako sistema oinarri sendoa da sakontzeko, emaitzak ebaluatzeko eta, hala badagokio, tresnak eta prozedurak eguneratzeko.
Arlo horretan aurrera egiteko, ikuskapen egonkor bat egin beharko litzateke, profesionalki aitortua eta agintaritza teknikoa izango lukeena. Kalitatea hobetzea taldeak sendotzearen, funtzioen argitasunaren eta helburu, baliabide eta denbora erabilgarrien arteko koherentziaren menpe dago, ez horrenbeste antolaketa-birdefinizioen menpe.
Indartze prozesu horretan, ezinbestekoa da aitortzea ikuskaritzaren esku-hartzearen kalitatea zuzenean profesionalen hasierako eta etengabeko prestakuntzaren mende dagoela. Arauen konplexutasun gero eta handiagoak, zentroen bilakaera pedagogikoak eta antolakuntzakoak eta gizartearen eskaera berriek eskatzen dute ikuskatzaileek izan dezaten goi-mailako prestakuntza eguneratua, espezializatua eta eskuragarria, zeina ez baita aukera bat izan behar, eskubide profesional bat baizik, egiturazko baldintza bat beren eginkizunak behar bezala betetzeko berdinen artean hausnartzeko, trukatzeko eta ikasteko espazioak sustatzen, funtsezkoak baitira irizpide tekniko partekatuak finkatzeko eta kultura profesional sendoa garatzeko.
Hezkuntza Sistema osoa hobetzeko eta koherentzia, egonkortasuna eta konfiantza emateko, funtsezkoa da ondo prestatutako Ikuskaritza, kalitatezko prestakuntza-prozesuetarako sarbide erreala eta bermatua duena.
3. Plangintza estrategikoa eta epe ertaineko ikuspegia
ikuskapenean eraginkortasunez esku hartzeko Plangintza estrategikoa funtsezko elementua izaten jarraitzen du. Hiru urteko plan orokorrek aukera eman dute epe ertaineko ikuspegia artikulatzeko, lehentasunezko jarduera-ildoak definitzeko eta aldian behin beroriek ebaluatzeko.
Plangintza-eredua berrikustea logika estrategiko hori indartzeko aukera da, betiere babesten badira egonkortasuna, aurreikusgarritasuna eta segurtasun juridikoa ematen duten denbora-esparruak. Plangintza eraginkorra izan dadin, koherentzia behar da ezarritako helburuen eta ikuskapen-lana garatzeko antolamendu-baldintzen artean.
4. Hobekuntza profesionalera bideratutako ebaluazioa
Indarrean dagoen araudian, antolaketa-ikaskuntzarako eta lanbide-garapenerako tresna gisa, jada aurreikusita dagoen zerbitzuaren eta lanbide-jardunaren ebaluazioa indartu egin daiteke. Arau-ekimenak aukera ematen du hobekuntzara bideratutako ebaluazio-kultura indartzeko, irizpide argi, publiko eta objektiboetan oinarrituta.
Ikuspegi horretatik abiatuta, funtsezkoa da ebaluazio-sistemek prestakuntzarako eta etengabeko hobekuntzarako helburua izatea, ikuskaritza-funtzioaren autonomia teknikoa zainduz. Horretarako, edozein ebaluazio-ereduk honako printzipio-aspektu hauek bete beharko lituzke:
• aldez aurretik definitutako eta ezagututako irizpide objektiboetan oinarritzea;
• prozeduren eta emaitzen gardentasuna bermatzea;
• ebaluazio profesionalaren eta diziplina-kontrolaren artean argi eta garbi bereiztea;
• prozedura-bermeak eta berrikuspen-bide eraginkorrak txertatzea.
Baldintza horiek ezinbestekoak dira ebaluazio-prozesuekiko konfiantza indartzeko eta ziurtatzeko ebaluazioak zerbitzua hobetzen duela eta ikuskatzaileen garapen profesionalean benetan laguntzen duela.
5. Objektibotasuna, independentzia eta gobernu ona
Araudia eguneratzeak lagun dezake ikuskaritza-funtzioa inspiratzen duten objektibotasun-, independentzia- eta profesionaltasun-printzipioak indartzen. Horretarako, funtsezkoa da aurrera egitea sarbiderako, lanpostuak hornitzeko, funtzioak esleitzeko eta ebaluatzeko prozedura gardenetan.
Printzipio horiek indartzeak zerbitzuaren kalitatea hobetzeaz gain, hezkuntza-komunitateak eta Administrazioak berak Ikuskaritzan duten konfiantza areagotzen du, interes orokorraren zerbitzura dagoen organo tekniko gisa.
6. Lana, jardunaldia eta kontziliazioa antolatzea
Dekretu berri bati lotutako antolamendu-aldaketek aukera ematen dute lanaren antolamendu-eredua berrikusteko, efizientzia-, arrazionaltasun- eta kontziliazio-irizpideetatik abiatuta. Metatutako esperientziak erakusten duenez, goizeko eta arratsaldeko nahitaezko lanaldiaren sistema zurruna ez dator beti ikuskapen-zeregin askoren benetako izaerarekin, eta eragin desberdina izan dezake kontziliazioari dagokionez.
Lanaldi-modalitate egokigarriagoak sartzeak, telelanaren formulak barne, aukera emango luke erakundearen beharrei azkarrago erantzuteko, lan-denborak optimizatzeko eta bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntzeko.
7. Lan-eskubideak, sistema hobetzeko palanka gisa
Hezkuntza Ikuskaritza indartzeko, ezinbestekoa da lan-eskubideak eta kontziliazioa hezkuntza-sistema hobetzeko faktore estrategiko gisa aitortzea. Zerbitzuaren kalitatean eragin zuzena dute lan-kargak egokitzeak, egonkortasun profesionalak, erantzukizun-mailaren araberako ordainsari-aitorpenak, kontziliazioak eta erabaki estrategikoetan benetan parte hartzeak.
8. Gainerregulaziotik eratorritako diziplina-erantzukizunen edo egozpenen aurkako babesa
Arau-esparruaren konplexutasun gero eta handiagoak eta prozeduren eta plataformen hedapenak areagotu egiten dute lanbide-jardunaren ordez gainerregulazioko egiturazko baldintzen ondoriozko diziplina-erantzukizunen arriskua. Horrez gain, gizarte-presioa gero eta handiagoa da, eta hezkuntza-prozesuak judizializatzeko joera dago. Horren ondorioz, ikuskariak gatazka juridikoko egoeretan agertu ahal dira, beren funtzio teknikoak betetzetik soilik eratorrita.
Ezinbestekoa da dekretu berriak babesak txertatzea, ikuskatzaileek ez daitezen egon sistemaren konplexutasunak berak eragindako bikoiztasunek, kontraesanek, gehiegizko kargek edo erreklamazio judizialek eragindako egoeren aurrean.
9. Karga burokratikoa arrazionalizatzea, karga digitala barne
Zerbitzuaren modernizazioak ez du ekarri behar administrazio-lanak areagotzea. Lana benetan sinplifikatzeko bidean aurrera egin behar da, honako hauen bidez:
• administrazio-efizientziaren printzipioa, dokumentu-betebehar berrietarako;
• plataforma digitalak integratzea eta berrikustea;
• administrazio-lanak laguntza-egituretara bideratzea;
• funtsezko dokumentu-produktuen katalogo argia;
• Urteko Planaren eragin burokratikoaren urteko ebaluazioa.
Ondorioa
Hezkuntza Ikuskaritzaren Dekretu berria egitea aukera garrantzitsua da lehendik dagoen eredua indartzeko, modu koherentean eguneratzeko eta hezkuntza-sistemaren egungo erronkekin lerrokatzeko. Horretarako, funtsezkoa da erreforma bideratzea Ikuskaritzaren indartze instituzionalean, objektibotasunean eta gardentasunean eta lan-eskubideen errespetuan, eskubide horiek ez baitira muga bat, hezkuntza-sistema benetan eta modu jasangarrian hobetzeko ezinbesteko baldintza baizik.

EHIE EUSKADIKO HEZKUNTZA IKUSKARIEN ELKARTEA

La Inspección no debe modernizarse únicamente mediante cambios estructurales, sino reforzando su reconocimiento institucional y social, estableciendo retribuciones acordes al nivel de responsabilidad, garantizando condiciones laborales dignas y protegiendo el conocimiento acumulado de los inspectores e inspectoras. De lo contrario, el nuevo decreto corre el riesgo de debilitar la Inspección, incrementar las cargas de trabajo y alejar del sistema a los mejores profesionales.

El decreto vigente garantiza una planificación estratégica sólida, en la que los Planes Generales Trienales son fundamentales para definir la misión, visión, valores y estrategias de la Inspección. Estos planes establecen las líneas básicas de las intervenciones planificadas, asegurando una perspectiva estratégica a largo plazo. Asimismo, son objeto de evaluación al finalizar su periodo de vigencia.

La argumentación del nuevo decreto señala que el enfoque del actual sistema de calidad es limitado y que falta evaluación y mejora del propio servicio de Inspección. Sin embargo, la Inspección siempre ha tenido una visión integral de la calidad, y esta función no es nueva. Un modelo de calidad eficaz debe garantizar una Inspección sólida, estable y con autoridad profesional, no una estructura en constante redefinición. Además, el Decreto 98/2016 implantó un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la gestión por procesos, cuyos objetivos son precisamente asegurar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia de los procesos y, sobre todo, la mejora continua.

No está acreditado que la supuesta “obsolescencia” del Decreto 98/2016 esté obstaculizando la actividad diaria de la Inspección. Por el contrario, la Inspección ha demostrado en los últimos años una gran capacidad de adaptación, aplicando nueva normativa (LOMLOE, Ley Vasca de Educación, etc.) sin necesidad de modificar el decreto. El problema no es el envejecimiento del marco jurídico, sino:
• el crecimiento excesivo de las funciones asignadas a la Inspección,
• la insuficiencia de recursos personales y materiales
• y el escaso reconocimiento institucional, tanto a nivel retributivo como en la participación en decisiones estratégicas.
La actualización normativa no puede utilizarse como excusa para normalizar el incremento de cargas de trabajo sin mejorar las condiciones laborales ni aumentar los recursos humanos.

La propuesta no acredita la existencia de disfunciones normativas que justifiquen una modificación profunda del Decreto 98/2016. Los problemas detectados en el funcionamiento de la Inspección de Educación son de carácter organizativo, de carga de trabajo y de recursos, no derivados del marco normativo vigente. Una reforma precipitada, sin esperar al nuevo Real Decreto estatal y sin delimitar claramente funciones, riesgos de instrumentalización y garantías de independencia profesional, puede debilitar el papel de la Inspección como órgano técnico garante del sistema educativo.

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak

Kontsultara aurkeztutako ekimenak ez du behar bezala egiaztatzen 39/2015 Legearen 129. artikuluak eskatzen dituen beharrezkotasunaren, proportzionaltasunaren eta segurtasun juridikoaren printzipioak betetzen direnik, ez baitu arau-disfuntzioen froga objektiborik ematen, ezta proposatutako aldaketa identifikatutako arazoak konpontzeko biderik egokiena dela justifikatzen ere. Ondorioz, ez da behar bezala egiaztatutako diagnostiko argirik ondorioztatzen, 2016ko ekainaren 28ko 98/2016 Dekretua —EAEko Hezkuntza Ikuskaritza arautzen duena— sakon aldatzeko beharra justifikatzeko adinakorik.

Aipatutako Legeari dagokionez, ez da identifikatu Hezkuntza Ikuskaritzaren funtzionamenduan indarrean dagoen arau-esparruari zuzenean egotz dakiokeen disfuntzio garrantzitsurik edo egiturazko eraginkortasun-faltarik. Eguneroko praktikan hautemandako zailtasunak ez datoz 98/2016 Dekretutik, baizik eta hari kanpoko faktoreetatik, batez ere antolakuntzarekin, lan-kargarekin eta baliabideekin lotutakoetatik.

Indarrean dagoen Dekretuaren ustezko “zaharkitzeak” ez du frogatu Hezkuntza Ikuskaritzaren eguneroko jarduna oztopatzen duenik. Aitzitik, azken urteetan Ikuskaritzak egokitzeko gaitasun handia erakutsi du, esparru normatibo garrantzitsuak aplikatuz (LOMLOE, Euskal Hezkuntza Legea, LHren antolamendu berria, bizikidetzaren, aniztasunaren araudia, etab.) Dekretua aldatu beharrik izan gabe, eta horrek egungo ereduaren sendotasuna eta malgutasuna agerian uzten ditu.

Indarrean dagoen Dekretuak, besteak beste, honako hauek jasotzen ditu:
• plangintza estrategikoko eredua, hiru urterako eta urteko planen bidez,
• sistemaren hobekuntzara bideratutako jarduera-printzipioak,
• koordinaziorako, ebaluaziorako eta prestakuntzarako mekanismoak,
• eta kalitate hezitzailearen ikuspegi integrala, prozesuen araberako kudeaketan eta etengabeko hobekuntzan oinarritua.

Aurreratu dugun bezala, Ikuskaritzaren funtzionamenduari eragiten dioten benetako arazoak ez dira arau-izaerakoak, baizik eta egiturazkoak eta antolakuntzakoak, eta batez ere honako hauekin dute zerikusia:
• Ikuskaritzari esleitutako eginkizunen gehiegizko hazkundea,
• giza baliabide eta baliabide material nahikorik eza,
• eta aitortza instituzional eskasa, bai ordainsariei dagokienez, bai erabaki estrategikoetan parte hartzeari dagokionez.

Arau-eguneratzea ezin da erabili lan-kargen hazkundea normalizatzeko aitzakia gisa, lan-baldintzen hobekuntza paraleloarik eta giza baliabideen indartzerik gabe.

Ildo horretan, ezabatu egin behar da honelako formulazio orokorrik: “hezkuntza-arloko eskumena duen sailak esleitzen dizkion beste edozein eginkizun”, gutxieneko zehaztasunik ere ez duelako eskatzen den arau-mailako zehaztasuna eskatzen duen profesional espezializatu baten kidego bat arautzen duen arau batean. Klausula ireki mota horiek ikuskaritza-funtzioa desitxuratzen dute, berezko eskumenetatik kanpoko zereginak arbitrarioki esleitzea ahalbidetzen dute, eta Hezkuntza Ikuskaritzaren instrumentalizazioa sustatzen dute; horren ondorioz, pixkanaka programa-betearazle, administrazio-prozeduren egiaztatzaile edo unean-uneko hezkuntza-politiken kudeatzaile huts bihurtzeko arriskua dago, bere funtzio teknikoa lausotuz eta berme-organo independente eta profesional gisa duen eginkizuna desnaturalizatuz. Horrek segurtasun juridikoaren, profesionaltasunaren eta administrazio onaren printzipioak urratzen ditu, eta larriki ahultzen du ikuskaritza-funtzioaren jardun zorrotza, independentea eta teknikoa.

b) Onartzearen beharra eta egokitasuna

Arau oro hobetu daitekeen arren, uste da autonomia-erkidegoko arauketa berri baten egokitasun tenporala ez dagoela behar bezala justifikatuta une honetan.

Hezkuntza Ikuskaritzak errespetatu egin behar du oinarrizko estatu-esparrua, zeina berrikuste-fase aurreratuan dagoen Hezkuntza Ikuskaritza arautuko duen Errege Dekretu berri baten bidez. Estatu-esparru hori ezagutu gabe autonomia-erkidegoko arau bat onartzeak arrisku nabarmenak dakartza: koherentzia eza, segurtasun juridikorik eza eta epe laburrean etengabeko aldaketak egiteko beharra.

Arauketa onaren printzipioetatik abiatuta, zentzuzkoagoa litzateke estatu-mailako Errege Dekretua onartu arte itxarotea, eta hortik abiatuta, arauketa autonomiko koherentea, egonkorra eta iraunkortasunerako bokazioa duena lantzea.

c) Arauaren helburuak

Edozein arau-eguneratzeak lehentasunezko helburu izan beharko luke Hezkuntza Ikuskaritzaren sendotze instituzionala, funtsezko zerbitzu publiko gisa, honako ezaugarriak dituena:
• autonomoa,
• independentea,
• objektiboa,
• proaktiboa,
• eta eskubide eta betebeharren betearazpenaren bermatzailea.

Kalitatezko eredu eraginkor batek Ikuskaritza sendoa, egonkorra eta autoritate profesionala duena eskatzen du, ez etengabe birdefinitzen den egitura bat.

Horren koherentziaz, beharrezkoa da Ikuskaritzaren estatus profesional eta funtzionalaren aitortza esplizitua, derrigorrez barne hartuta, gutxienez, Hezkuntzako Ikuskatzaileen Kidegoari 28. maila esleitzea. Aitortza hori ez da soilik ordainsari-ikuspegitik ulertu behar, baizik eta antolakuntza-koherentziaren eta duintze instituzionalaren auzi gisa; izan ere, aitortza ekonomiko egokia lan-kargaren, hartutako erantzukizunaren, beste irakaskuntza-kidegoekiko funtzio-bereizketaren eta ikuskatzaile-kidegorako sarbideak dakarren promozio profesionalaren ondorio beharrezkoa da.

Era berean, aitortza hori ezinbestekoa da Hezkuntzako Ikuskatzaileen Kidegoaren etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko, izan ere, eginkizunen, erantzukizunaren eta kontrolaren etengabeko hazkundea, baldintza profesionalen hobekuntza parekorik gabe, zailtzen ari da profil kualifikatu berriak erakartzea eta kidegorako sarbidea desinzentibatzen ari da.

d) Beste konponbide alternatibo arautzaileak eta arau-ez direnak

Arau-erreforma sakon bati ekin aurretik, neurri eraginkorrak hartu behar dira, hala nola:
• indarrean dagoen Dekretua osorik aplikatzea,
• ikuskaritza-eginkizunak argi eta garbi mugatzea,
• lan-kargak eta baliabideak berrikustea,
• eta plangintza errealista indartzea.

Halaber, ordutegiak eta egutegiak malgutzeko beharra aitortu behar da, zuzendaritza-funtziorako 29/2023 Dekretuan aurreikusitakoaren antzeko baldintzetan, zeinak hitzez hitz honela ezartzen baitu:
“Zuzendaritza-karguen derrigorrezko presentzia-ordutegia eta -egutegia malgutu ahal izango dira ikastetxean, karguari dagozkion lanak egiteko ikastetxearen ohiko ordutegi eta egutegitik kanpo egindako jardueretan inbertitutako denbora konpentsatzeko…”

Ikuskaritzak ohikotasunez egiten ditu jarduketak ohiko ordutegitik kanpo; beraz, koherentea da antzeko mekanismoak aitortzea, arauan jasotako malgutze-neurriak eta aukerak garatuz.

Era berean, zuzendu egin behar da Ikuskaritzari eragiten dioten jarraibideak, deialdiak edo dokumentuak aldebakarrez prestatzeko praktika, Ikuskaritzarekin kontatu gabe, lan-kargan eragin zuzena izan arren. Ikuskaritzak nahikoa entitate profesional du eragiten dioten erabaki guztietan parte hartzeko. Horregatik, etorkizuneko Dekretuak argi eta garbi mugatu behar du jarraibideen, zirkularren eta deialdien irismena, bermatuz ezin izango direla Ikuskaritzaren berezko eginkizunak aldatu edo zabaldu arau-bide zorrotzaz bestelakoen bidez. Ikuskaritza-eginkizunak behar adinako mailako arau bidez soilik definitu eta aldatu behar dira, de facto arau-esparrua gainditzen duten eta segurtasun juridikorik eza eta gainkarga estrukturala sortzen duten praktikak saihestuz.

Halaber, buruzagitzetan, koordinazioetan eta erantzukizun bereziko postuetan egonkortasuna funtsezko elementua da proiektuen jarraikortasunerako, taldeen sendotzerako eta ikuskaritza-zerbitzuaren kalitaterako. Etorkizuneko Dekretuak irizpide objektiboak, gardenak eta behar bezala arrazoituak ezarri beharko lituzke bai postu horien hornidurarako, bai kargugabetzerako, eta izendapenen gutxieneko iraupen arrazoizkoa zehaztu, independentzia profesionalari eta Ikuskaritzaren sinesgarritasun instituzionalari kalte egin diezaioketen erabaki diskrezionalak saihestuz.

Espezializazioari dagokionez, egitura eta talde egonkorren bidez instituzionalizatu behar da, ezagutza pertsona jakin batzuengan kontzentratzea saihestuz; izan ere, horrek zerbitzuaren jarraikortasuna eta kalitatea arriskuan jartzen ditu.

e) Bestelakoak

98/2016 Dekretuak berak aitortzen du Ikuskaritza garapen profesionalerako gune eta ikaskuntza-erakunde gisa, prestakuntza-plan derrigorrezkoekin eta jarduera ebaluagarriekin. Arazoa ez da elementu horien gabezia, baizik eta horiek indartu eta errespetatzeko beharra.

Ondorioz, Ikuskaritza ez da modernizatu behar soilik egitura-aldaketen bidez, baizik eta aitortza instituzional eta soziala indartuz, erantzukizun-mailari egokitutako ordainsariak ezarriz, lan-baldintza duinak bermatuz eta ikuskatzaileen ezagutza metatua babestuz. Bestela, Dekretu berriak Ikuskaritza ahultzeko, lan-kargak handitzeko eta sistematik profesional onenak urruntzeko arriskua du.

Hezkuntza-jardunaren judizializazio gero eta handiagoaren eta erabaki teknikoen gaineko presio sozial handiagoaren testuinguruan, ezinbestekoa da Dekretuak berariaz indartzea Hezkuntzako ikuskatzaileei ematen zaien babes instituzionala, irizpide tekniko eta arau-emaileekin bat jarduten dutenean. Kanpoko gatazken, erreklamazioen eta jardun profesionalaren ondoriozko gain-ikusgaitasun egoeren aurkako babesa oinarrizko baldintza da ikuskaritza-erabakietan beharrezkoak diren independentzia, objektibotasuna eta lasaitasuna zaintzeko.

Hau ez da aldaketaren aurkako erresistentzia; Ikuskaritza ahultzen duen aldaketa baten aurkako erresistentzia da.

USIE Euskadi

SOLICITA
Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga en cuenta las siguientes aportaciones:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
La iniciativa sometida a consulta no acredita de forma suficiente el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, al no aportar evidencia objetiva de disfunciones normativas ni justificar que la modificación propuesta sea el medio más adecuado para resolver los problemas identificados, por ello, no se desprende con claridad un diagnóstico suficientemente acreditado que justifique la necesidad de una modificación profunda del actual Decreto 98/2016, de 28 de junio, regulador de la Inspección de Educación en la CAPV.
En relación con la referida Ley, no se han identificado disfunciones relevantes ni ineficiencias estructurales en el funcionamiento de la Inspección de Educación que puedan atribuirse directamente al marco normativo vigente. Las dificultades detectadas en la práctica diaria no derivan del Decreto 98/2016, sino de factores externos al mismo, fundamentalmente organizativos, de carga de trabajo y de recursos.
La supuesta “obsolescencia” del Decreto vigente no ha demostrado estar obstaculizando la actividad diaria de la Inspección. Por el contrario, la Inspección de Educación ha evidenciado en los últimos años una alta capacidad de adaptación, aplicando marcos normativos de gran calado (LOMLOE, Ley Vasca de Educación, nueva ordenación de la FP, normativa de convivencia, diversidad, etc.) sin necesidad de modificar el Decreto, lo que pone de manifiesto la solidez y flexibilidad del modelo actual.
El Decreto vigente ya contempla, entre otros aspectos:
• un modelo de planificación estratégica mediante planes trienales y anuales,
• principios de actuación orientados a la mejora del sistema,
• mecanismos de coordinación, evaluación y formación,
• y un enfoque integral de la calidad educativa basado en la gestión por procesos y la mejora continua.
Como hemos avanzado, los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Inspección no son de naturaleza normativa, sino estructural y organizativa, y tienen que ver fundamentalmente con:
• el crecimiento excesivo de las funciones asignadas a la Inspección,
• la insuficiencia de recursos personales y materiales,
• y el escaso reconocimiento institucional, tanto retributivo como en la participación en decisiones estratégicas.
La actualización normativa no puede utilizarse como excusa para normalizar el incremento de cargas de trabajo sin una mejora paralela de las condiciones laborales ni un refuerzo de los recursos humanos.
En este sentido, debe eliminarse cualquier formulación genérica del tipo “cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el departamento competente en materia educativa”, por cuanto carece de la mínima precisión exigible a una norma reguladora de un cuerpo profesional especializado. Este tipo de cláusulas abiertas desnaturalizan la función inspectora, permiten una asignación arbitraria de tareas ajenas a sus competencias propias y favorecen la instrumentalización de la Inspección de Educación, con el consiguiente riesgo de que esta se convierta progresivamente en un mero ejecutor de programas, verificador de procedimientos administrativos o gestor de políticas educativas coyunturales, diluyendo su función técnica y desnaturalizando su papel como órgano garante, independiente y profesional. Ello vulnera los principios de seguridad jurídica, profesionalidad y buena administración, y menoscaba gravemente el ejercicio riguroso, independiente y técnico de la función inspectora.
________________________________________
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación
Sin perjuicio de que cualquier norma sea susceptible de mejora, se considera que la oportunidad temporal de una nueva regulación autonómica no está suficientemente justificada en el momento actual.
La Inspección de Educación debe respetar el marco básico estatal que se encuentra en proceso avanzado de revisión mediante un nuevo Real Decreto regulador de la Inspección Educativa. Aprobar una norma autonómica sin conocer dicho marco conlleva riesgos evidentes de incoherencia normativa, inseguridad jurídica y necesidad de modificaciones sucesivas a corto plazo.
Desde los principios de buena regulación, resultaría más prudente esperar a la aprobación del Real Decreto estatal y, a partir de él, acometer una regulación autonómica coherente, estable y con vocación de permanencia.
________________________________________
c) Los objetivos de la norma
Cualquier actualización normativa debería tener como objetivo prioritario el refuerzo institucional de la Inspección de Educación como servicio público esencial, caracterizado por ser:
• autónomo,
• independiente,
• objetivo,
• proactivo,
• y garante del cumplimiento de derechos y deberes.
Un modelo de calidad eficaz exige una Inspección sólida, estable y con autoridad profesional, no una estructura sometida a redefiniciones constantes.
En coherencia con ello, resulta necesario un reconocimiento explícito del estatus profesional y funcional de la Inspección, incluyendo necesariamente la asignación, al menos, del nivel 28 al Cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Educación. Este reconocimiento no debe entenderse únicamente en términos retributivos, sino como una cuestión de coherencia organizativa y de dignificación institucional, siendo el adecuado reconocimiento económico una consecuencia necesaria de la carga de trabajo, la responsabilidad asumida, la diferenciación funcional respecto de otros cuerpos docentes y el carácter de promoción profesional que implica el acceso al cuerpo inspector.
Asimismo, este reconocimiento resulta imprescindible para garantizar la sostenibilidad futura del Cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Educación, en un contexto en el que el incremento progresivo de funciones, responsabilidad y control, sin una mejora correlativa de las condiciones profesionales, está dificultando la atracción de nuevos perfiles cualificados y desincentivando el acceso al cuerpo inspector.
________________________________________
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
Antes de acometer una reforma normativa profunda, deben adoptarse medidas eficaces como:
• aplicar plenamente el Decreto vigente,
• delimitar con claridad las funciones inspectoras,
• revisar cargas de trabajo y recursos,
• y reforzar la planificación realista.
Debe reconocerse asimismo la necesidad de flexibilización de horarios y calendarios, en términos análogos a los previstos para la función directiva en el Decreto 29/2023, que establece literalmente:
“Se podrá flexibilizar el calendario y el horario de permanencia obligada en el centro educativo de los cargos directivos, para compensar el tiempo invertido por estos en actividades fuera del horario y calendario ordinario del centro para realizar labores propias del cargo…”
La Inspección realiza de forma habitual actuaciones fuera del horario ordinario, por lo que resulta coherente reconocer mecanismos similares, mediante el despliegue de medidas y opciones de flexibilización recogidas en norma.
Asimismo, debe corregirse la práctica de elaborar unilateralmente instrucciones, convocatorias o documentos que implican a la Inspección sin contar con ella, pese a su impacto directo en la carga de trabajo. La Inspección tiene entidad profesional suficiente para participar en todas aquellas decisiones que le afecten. Por ello, resulta necesario que el futuro Decreto delimite con claridad el alcance de las instrucciones, circulares y convocatorias, garantizando que no puedan alterarse ni ampliarse las funciones propias de la Inspección de Educación por vías distintas a las estrictamente normativas. Las funciones inspectoras deben definirse y modificarse únicamente mediante norma con rango suficiente, evitando prácticas que, de facto, desbordan el marco regulador y generan inseguridad jurídica y sobrecarga estructural.
Asimismo, la estabilidad en jefaturas, coordinaciones y puestos de especial responsabilidad constituye un elemento clave para la continuidad de los proyectos, la consolidación de equipos y la calidad del servicio de inspección. El futuro Decreto debería establecer criterios objetivos, transparentes y debidamente motivados tanto para la provisión como para el cese de estos puestos, así como una duración mínima razonable de los nombramientos, evitando decisiones discrecionales que puedan afectar a la independencia profesional y a la credibilidad institucional de la Inspección de Educación.
En cuanto a la especialización, esta debe institucionalizarse mediante equipos y estructuras estables, evitando concentrar el conocimiento en personas concretas, ya que ello pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
________________________________________
e) Otros
El Decreto 98/2016 ya reconoce la Inspección como espacio de desarrollo profesional e institución de aprendizaje, con planes de formación obligatorios y actuaciones evaluables. El problema no es la ausencia de estos elementos, sino la necesidad de reforzarlos y respetarlos.
En consecuencia, la Inspección no debe modernizarse únicamente mediante cambios estructurales, sino reforzando su reconocimiento institucional y social, estableciendo retribuciones acordes al nivel de responsabilidad, garantizando condiciones laborales dignas y protegiendo el conocimiento acumulado de los inspectores e inspectoras. De lo contrario, el nuevo Decreto corre el riesgo de debilitar la Inspección, incrementar las cargas de trabajo y alejar del sistema a los mejores profesionales.
En un contexto de creciente judicialización de la actividad educativa y de mayor presión social sobre las decisiones técnicas, resulta imprescindible que el Decreto refuerce de manera expresa el respaldo institucional a los inspectores e inspectoras de educación cuando actúan conforme a criterios técnicos y normativos. La protección frente a conflictos externos, reclamaciones y situaciones de sobreexposición derivadas del ejercicio profesional constituye una condición básica para preservar la independencia, la objetividad y la serenidad necesarias en la toma de decisiones inspectoras.
Esto no es resistencia al cambio; es resistencia a un cambio que debilita la Inspección.
USIE Euskadi

1. Sobre la supuesta obsolescencia del Decreto 98/2016
La Inspección aplica con solvencia la normativa sin que el Decreto 98/2016 haya sido un obstáculo. Las dificultades radican en:
- el aumento de funciones,
- la falta de recursos personales y materiales
- el escaso reconocimiento institucional.

2. Sobre el papel de la Inspección más allá del control normativo
La normativa vigente ya atribuye a la Inspección funciones de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a los centros. El reto principal no es redefinir funciones, sino garantizar condiciones organizativas y profesionales que permitan ejercerlas de forma eficaz y sostenible.

3. Sobre la calidad, la evaluación y la mejora del servicio de Inspección
El Decreto 98/2016 implantó un sistema de gestión de la calidad orientado a la mejora continua. Cualquier revisión normativa debe partir de su evaluación rigurosa y garantizar evaluaciones objetivas y formativas, evitando usos jerárquicos que limiten la autonomía profesional.

4. Sobre los principios de actuación de la Inspección
La Inspección se rige por principios de legalidad, objetividad, independencia profesional, confidencialidad y profesionalidad. La regulación debe garantizar su ejercicio efectivo, reforzando la autonomía del servicio y evitando cualquier riesgo de instrumentalización política.

5. Sobre la designación de jefaturas y la flexibilidad organizativa
Las propuestas de designación de jefaturas deben preservar la transparencia, la independencia profesional y la confianza en la Inspección, evitando márgenes de discrecionalidad que puedan debilitar su autonomía.

6. Consideración final
Resulta imprescindible que la modernización del nuevo decreto:
- refuerce el reconocimiento institucional y social de la Inspección,
- garantice recursos humanos y materiales suficientes,
- mejore las condiciones laborales y retributivas,
- proteja el conocimiento profesional acumulado del cuerpo.