Propuestas de Gobierno Empleo y Políticas Sociales
Introducción

La transexualidad no es un fenómeno actual. Existe desde muy antiguo y en diferentes culturas. El término transexual empieza a utilizarse en 1940, para denominar a las personas que sufren una disociación entre los órganos sexuales con los que nacen y el sexo al que sienten pertenecer. En realidad, las personas transexuales, así como las personas transgénero, no demandan que se les atienda porque sufran una patología, sino por los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales y en el dolor y la angustia con que tales dificultades llenan sus vidas. De ahí que deba partirse, necesariamente, de la premisa de que la configuración del sexo de una persona va más allá de la simple apreciación visual de sus órganos genitales externos, presentes en el momento del nacimiento.

En este contexto evolutivo, resulta innegable que, en el Estado español, al igual que en el panorama internacional, se ha experimentado una clara tendencia en pro de posicionamientos que propugnan la despatologización de la transexualidad. En este sentido, podemos citar Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, complementada con la instrucción publicada en 2019 por la Dirección General de Registros y Notariado en la que se eliminan requisitos para el cambio de nombre en el registro civil, quedando reducidos éstos a la simple manifestación de voluntad.

En el ámbito de la CAPV, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Esta Ley tiene el objetivo de proceder a una atención integral de las personas transexuales, y de avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que por razón de la condición o circunstancia personal o social de estas personas perduran en la legislación, así como perfeccionar el desarrollo normativo de los principios constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección social, económica y jurídica de la persona, la familia y el grupo, adecuando la normativa aplicable a la realidad social del momento en que se aprobó la Ley. La misma recoge la posibilidad de que las personas transexuales cuenten con documentación administrativa adecuada mientras dure el proceso de reasignación de sexo, al objeto de propiciarles una mejor integración social, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación. Con el fin de desarrollar dicha disposición, se publicó el DECRETO 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la documentación administrativa de las personas transexuales.

Como reflejo de la creciente inclusión en las agendas políticas de la despatologización de la transexualidad - presente en documentos, recomendaciones y declaraciones emitidas por organismos internacionales y expertos -, en el año 2019, el Parlameto Vasco modificó el artículo 3 de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Dicho artículo define el concepto de persona transexual, y a partir de esta modificación, no se exige la expedición de ningún informe médico ni psicológico para reconocer dicha condición, que se rige por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. La citada modificación se instrumentó mediante la LEY 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. El cambio en la definición misma del concepto de persona transexual implica la necesidad de modificar el Decreto DECRETO 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la documentación administrativa de las personas transexuales para adaptarse a la nueva situación legal.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las Instrucciones para la tramitación de las disposiciones normativas de carácter general, se acordó el trámite de consulta previa para dar cobertura a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, al objeto de propiciar el trámite de interacción con la ciudadanía que se debe realizar con un carácter previo a la aprobación de un determinado texto jurídico normativo.

Por ello, se establece un plazo de veinte días hábiles para que las instituciones afectadas, la ciudadanía y sus entidades presenten todas aquellas sugerencias y observaciones que estimen convenientes. Se efectúa con carácter previo a la elaboración de la norma y dentro de la fase de iniciación que regulan los artículos 4 y 5 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

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