Proyecto de Decreto de seguridad industrial. Consulta pública previa

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Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

El Proyecto de Decreto de Industria aspirará a reducir los niveles de inseguridad jurídica asociados a la fragmentación y diversidad de las normas que actualmente integran el sistema vasco de seguridad industrial.

También buscará concretarse en una propuesta regulatoria que, adecuándose al ordenamiento jurídico en vigor, racionalice y clarifique el régimen de derechos y obligaciones y profundice eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos y unidades administrativas con competencias en la referida materia.

Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la dispersión y heterogeneidad de las normas que se han dictado en desarrollo de la misma han minado, en ocasiones, un principio de seguridad jurídica que a través del presente Proyecto se pretende reforzar. La necesidad, por otra parte, de introducir modificaciones en aspectos que afectan al conjunto de las actividades industriales sometidas al régimen de seguridad industrial, se estima correctamente canalizada a través de la elaboración del referido instrumento. Entre tal elenco de innovaciones potenciales se encontrarán, entre otras, las relativas a la extensión de la vía electrónica o telemática para la presentación de documentos a la Administración Industrial, la regulación de la figura de la representación habilitada, el desarrollo regulatorio de la figura de la declaración responsable, la creación de un Registro cuyo objeto sean las instalaciones de seguridad industriales y que sea plenamente interoperable con el Registro Industrial y la exhaustiva regulación del instituto de la ejecución forzosa.

Objetivos de la norma

La generación de un marco normativo estable e inteligible que facilite la actuación y toma de decisiones de los operadores económicos afectados y la novación del ordenamiento jurídico para la mejor salvaguarda y promoción de los intereses afectados constituyen objetivos de la futura norma. La reducción y simplificación de las cargas administrativas constituirá asimismo una línea directriz de la referida propuesta regulatoria.

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