Propuestas de Gobierno Seguridad

Proyecto de Decreto de modificación del decreto por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia

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Desaparece la figura de la homologación administrativa de ciertos planes de autoprotección. Con motivo de la tramitación del Decreto originario el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco reflexionó sobre la procedencia de la homologación, configurada como un requisito previo al inicio de la actividad, como posible condicionante del inicio de la actividad desde la perspectiva de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y si la finalidad de tal intervención no podía  conseguirse mediante una técnica menos restrictiva, como la prevista para el resto de los planes.

Una vez transpuesta la citada Directiva de Servicios en nuestro ordenamiento, parece adecuando que confluya la inscripción de los planes de autoprotección en un único tipo de procedimiento, sin exigencias de una intervención autorizante previa, de modo que se clarifica la responsabilidad de obligado a las medidas de autoprotección en cuanto a la exactitud y veracidad de los datos que registra, sin perjuicio de la capacidad de las administraciones para inspeccionar y controlar las medidas de autoprotección adoptadas. Por otra parte, el mecanismo de la homologación previa ha desaparecido igualmente en la tramitación de los planes de protección civil en la nueva regulación de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se modifica igualmente el reglamento para flexibilizar las obligaciones de autoprotección respecto a eventos temporales a los que en nuestro ordenamiento, aún cuando no estaban dentro de los umbrales de la norma básica de autoprotección, se les venía exigiendo en nuestra norma un plan de autoprotección, cuando resultaría más adecuado establecer la exigencia de un dispositivo de riesgo previsible, como plan de autoprotección simplificado más flexible y operativo, tanto para el organizador como para los servicios de emergencia.

Otras de las modificaciones que comporta este Decreto se refieren a la concreción de las exigencias de planes de autoprotección que integren los riesgos de diversas actividades comprendidas dentro de un mismo establecimiento o de la clarificación de la responsabilidad del titular del establecimiento o actividad respecto a la realidad de los hechos y datos contenidos en el plan, puntualizando que su inscripción registral es meramente declarativa de los datos inscritos, sin que implique validación o aprobación administrativa de los mismos, ni sustituya o presuponga la existencia o vigencia de los títulos habilitantes precisos para el inicio de la actividad.

En otro orden de cosas se obliga a comunicar a las autoridades los simulacros que sean percibidos desde el exterior del establecimiento o actividad. Además se aclara que las revisiones periódicas cuyo resultado no de lugar a la modificación del plan no requieren sino la constatación documental de la revisión por el titular, mientras que cuando la revisión determina la modificación del plan deben inscribirse los cambios en el registro y anotarse la fecha de la revisión.

Y por último, se modifica parcialmente la regulación del registro, para acomodarse a las exigencias de la administración electrónica, exigiéndose al tiempo a los obligados a disponer medidas de autoprotección a relacionarse electrónicamente con la Administración en relación a las inscripciones o comunicaciones registrales.

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