NUEVO FRAUDE A LANBIDE

Estimada Maritxu,
La situación que describe no sólo afectó a Lanbide, sino al resto de Administraciones públicas y fuerzas policiales, ya que se le detuvo como "presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de falsedad, al empadronarse en Vitoria para cobrar ayudas cuando en realidad residía en Francia". Y en cuanto tuvo conocimiento, Lanbide suspendió de prestaciones a esta persona y le citó presencialmente en la oficina que le correspondía para verificar su residencia, precepto que contempla la nueva Ley, aunque es competencia de las Policías Municipales comprobar la veracidad de los empadronamientos que figuran en sus respectivos ayuntamientos y de otras fuerzas policiales la veracidad de los permisos de residencia. LO importante es que, como es el caso, colaboremos entre todas las administraciones para impedir que una sola persona se lleve un solo euro que no le corresponda.

Tiene usted razón en la necesidad de compartir las bases de datos, un proceso en el que estamos volcadas las Administraciones, no sólo por una cuestión de control, sino porque sirve para agilizar trámites para quienes verdaderamente tienen situaciones complicadas y requieren acceder cuanto antes a su derecho a la renta de garantía de ingresos. Con la nueva ley, que está en vigor desde marzo, las revisiones pasan a ser trimestrales, lo que permitirá actualizar cuanto antes cada caso. Además, se va a crear una unidad de inspección, para lo que el pasado mes Lanbide recibió la disposición de personal específico, que permitirá contrastar si se producen en ocasiones errores involuntarios, por desconocimiento o complejidad de las situaciones, o intentos de engaño que pasan a ser sancionados de forma más contundente. Junto a ello, existen protocolos internos por los cuales quienes trabajan en Lanbide comunican si tienen sospechas fundadas de intento de engaño para encauzarlas a través de la Fiscalía del País Vasco, con la que se mantiene un canal abierto permanentemente.

Y también, entre los objetivos de la nueva Ley, está el que quienes perciben RGI y son empleables accedan a programas de inclusión y reincorporación a la vida laboral. Suelen ser personas más alejadas del empleo y, por tanto, requerir formación añadida. Para eso hacemos proyectos específicos, como el que arrancamos el pasado año y en el que participan más de 200 personas que llevaban más de un año en el paro y a quienes las empresas no les daban oportunidad. Pero empezamos ya un programa más extenso de itinerarios que permita que estas personas, además del derecho a una renta garantizada, tengan el derecho a la inclusión plena.