El Departamento de Educación y Atzegi acuerdan ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual en centros educativos

Quisiera mostrar apoyo a este tipo de iniciativas sociales y laborales tan necesarias y quiero también mostrar mi rechazo con que desde el ámbito de la comunicación, medios de comunicación sobre todo, pero también desde la política y desde la academia (universidades) se utilice el término “diversidad funcional”, que es un neologismo inventado por Javier Romañach y empezado a usar a partir del año 2005.
Dicho término carece de validez legal al no encontrarse definido en los textos normativos que protegen a las personas con discapacidad. El término que está amparado por la ONU es “personas con discapacidad”.
Además esta terminología provoca el rechazo también de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de este colectivo, como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, que el 2 de febrero de 2023 publicó un texto, que se puede consultar en su página web, en el que indica que: “Las personas con discapacidad exigen ser denominadas como "personas con discapacidad". Rechazan absolutamente otras fórmulas como "diversidad funcional" o "capacidades diferentes", las cuales se han puesto de moda en los últimos años, pero que el propio sector y las entidades que representan su voz consideran "una corrección política extrema" y denostan por ser "eufemística" y "perifrástica"”.
El propio CERMI en el año 2017 publicó un documento que recoge las normas de estilo de la organización donde se indica: 3.2.- El movimiento social organizado de la discapacidad a escala global (mundial, europea, nacional y territorial) defiende el uso de la terminología exclusiva personas con discapacidad. 3.3.- Debe respetarse la opinión individual y colectiva de la inmensa mayoría de personas con discapacidad y de su movimiento social, que rechaza la utilización de la expresión “diversidad funcional” por las razones expresadas con anterioridad, y por no sentirse identificadas con un léxico sin legitimidad ni respaldo social amplio que no solo no describe la realidad sino que resulta confuso e incluso en ocasiones pretende ocultar esa realidad, atacando el enfoque inclusivo y de defensa de derechos,”
En igual sentido es rechazado por: el Comité Catalán de Representación de las Personas con Discapacidad (Cocarmi) indicando que "hace invisible al colectivo, puede generar confusión e inseguridad jurídica y rebajar la protección que todavía necesitamos", por la asociación Down España, por COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) o por Plena inclusión (organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo), entre otros.
¿Por qué entonces se usa el término "diversidad funcional" desde administraciones públicas como el Gobierno Vasco? Por favor, respeten a las personas con discapacidad y a sus organizaciones.