Anteproyecto de Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Consulta pública previa

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Antecedentes de la norma

En el año 2007 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Dicha ley, que responde a la coyuntura política y social del momento en el que fue debatida y aprobada, ha dado amparo legal a una política pública de cooperación basada en el compromiso solidario, sustentada en una alianza sólida entre las administraciones vascas y el tejido social asociativo. 

Sin embargo, en la actualidad, los desafíos que enfrenta la cooperación vasca son significativamente diferentes a los de 2007. Conscientes de los cambios del contexto internacional que se están llevando a cabo, en el marco del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, se ha llevado a cabo un estudio sobre las potencialidades y limitaciones que tiene la ley actual, y cuyo análisis se recoge en el “Informe sobre la ley de cooperación para el desarrollo del País Vasco”, elaborado por Koldo Unceta Satrústegui, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco.

Las conclusiones del citado estudio fueron públicamente presentadas a los agentes de cooperación en varias sesiones de reflexión. En concreto, el día 22 de febrero se presentó a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; el día16 de marzo al Consejo Vasco de Cooperación para el desarrollo; y el día 18 de marzo a la administración local, foral y general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a otras Comunidades Autónomas que se encuentran en proceso de revisión de sus marcos normativos, y a especialistas en la materia.

 

Problemas que se pretenden solucionar

 

Con la aprobación de un nuevo marco normativo en materia de cooperación para la Comunidad Autónoma de Euskadi se pretende superar las limitaciones de la Ley 1/2007, reflejadas en las principales conclusiones del Informe arriba referido:

  1. Escasa vinculación con los retos y agendas globales de desarrollo; en consecuencia, limitada en cuanto al desarrollo de nuevos enfoques de actuación como, por ejemplo, la coherencia de políticas para el desarrollo.
  2. Limitada aplicabilidad de la norma a los distintos niveles de la administración vasca, con competencias compartidas en la materia.
  3. Limitada operatividad de los espacios de coordinación, como el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo o la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo.
  4. Fomento de un modelo de financiación basado en la demanda de las organizaciones sociales especializadas. Este modelo es limitante en cuanto al papel de las administraciones, a las que confiere el rol de principal de financiadoras, y de otros agentes (movimientos sociales, academia, centros de innovación, entre otros) relevantes para el despliegue de la política
  5. Definición de prioridades tanto sectoriales como geográficas más propias de las planificaciones que de una ley.
  6. Escasa relevancia concedida por la ley a cuestiones como el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y las evaluaciones.

A su vez, y a pesar de que los objetivos y principios orientadores de la actual norma son ampliamente compartidos por los agentes sociales e institucionales por ser una característica central de la cooperación descentralizada vasca, se considera necesario adaptarlos al contexto internacional que actualmente se está produciendo. 

 

Necesidad y oportunidad de su aprobación

 

Necesidad: Para abordar los desafíos globales de la agenda internacional de desarrollo se requiere ampliar la mirada de la cooperación. El compromiso con la lucha contra la pobreza, la justicia social o la sostenibilidad requieren de una perspectiva que va más allá de la trasferencia de fondos. Se requiere, además de una acción recíproca y sostenida, del intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo. En consecuencia, esta nueva mirada requiere que la nueva norma convoque al conjunto de los agentes en particular y a toda la ciudadanía en general, refuerce el papel de las instituciones públicas en la definición de la política y profundice en la adaptación de las modalidades e instrumentos de cooperación a la nueva realidad.

En resumen, en Euskadi contamos con una trayectoria sólida y larga de cooperación. Con la nueva ley que se propone aprobar se pretende profundizar en este empeño, consolidando las condiciones necesarias para el despliegue de una política pública de calidad que asuma como propia la agenda internacional de desarrollo -Agenda 2030 y posteriores-, y movilice el mayor número de potencialidades de Euskadi al servicio de la cooperación y el desarrollo.

Oportunidad: El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 1/2007, y los cambios acaecidos en el contexto internacional, hacen necesaria la elaboración de una nueva ley de cooperación para el desarrollo. Atendiendo a dicha necesidad, el Programa de Gobierno 2020-2024, XII legislatura “Euskadi en marcha”, establece en su Compromiso 105 la elaboración y aprobación de una nueva Ley Vasca de cooperación para el Desarrollo. Este compromiso tiene su reflejo en el Plan Normativo anual- 2021- y refleja la voluntad del Gobierno Vasco por iniciar un proceso de revisión del marco normativo actual.

 

Objetivos de la norma

 

La nueva ley de cooperación permitirá avanzar en una política acorde a los desafíos globales actuales y que refuerce la trayectoria y el compromiso solidario de Euskadi con los países y poblaciones del sur. Los objetivos concretos que persigue esta nueva norma son los siguientes:

  1. Avanzar en una política de cooperación vasca acorde a los desafíos globales actuales y que asuma como propias las agendas internacionales de desarrollo.
  2. Reforzar el compromiso solidario de Euskadi desde nuestras señas de identidad: una cooperación descentralizada de calidad basada en la solidaridad y en la colaboración público social sólida.
  3. Avanzar en la consolidación de una nueva arquitectura institucional que mejore la coherencia y corresponsabilidad entre agentes vascos de cooperación. En términos institucionales significa avanzar en una visión en conjunto de las actuaciones de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi que comparten competencias en la materia.
  4. Ampliar la base de movilización de los recursos solidarios de Euskadi: una ciudadanía activa; un sector diverso y dinámico; unas ONG especializadas con trayectoria y experiencia reconocida; otros/el máximo de agentes sociales e institucionales involucrados; unas administraciones comprometidas y activas.
  5. Avanzar hacia un modelo caracterizado por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, que permita el despliegue de la norma desde y al interior de las propias administraciones vascas.

 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

En tal contexto, la elaboración de una medida específica de carácter normativo se presenta como inexcusable y necesaria, sin que puedan contemplarse otras soluciones alternativas.

 

Argument in favour
  • Es el comienzo, cada año lo podemos actualizar y mejorar.
    2021 November 22
  • Buena iniciativa 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
    2021 November 24
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Arguments against
  • Estamos cargados de funcionarios públicos que aumentan el gasto y por ello, la carga fiscal del ciudadano productivo. Es un intento de vivir como si nos sobraran recursos, y no es así.
    2021 November 24
Maximum 255 characters
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